El fantasma de la era Barberá alcanza al PSOE y destapa un pacto de silencio en urbanismo
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OPERACIONES URBANÍSTICAS

El fantasma de la era Barberá alcanza al PSOE y destapa un pacto de silencio en urbanismo

La investigación sobre el entorno de la exalcaldesa torpedea los intentos de reivindicar su figura. Indagan si la trama logró la complicidad del subdelegado del PSOE, entonces edil en Valencia

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Rita Barberá y Francisco Camps, en 2011. (EFE)

La segunda fase de la operación Azud ha vuelto a noquear a los populares valencianos en plena catarsis interna sobre la figura de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. También ha encendido las alarmas en las filas socialistas por la detención del hasta ahora subdelegado del Gobierno en la autonomía, Rafael Rubio, y el responsable jurídico de la empresa Divalterra de la Diputación, José Luis Vera, también vinculado al PSPV-PSOE. Los actuales despachos de ambos fueron registrados este jueves y precintados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los registros e investigaciones apuntan a una trama de cobro de mordidas vinculadas a la etapa al frente del ayuntamiento de la fallecida dirigente del Partido Popular. Se indaga en presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. La hermana de Barberá, Asunción, su marido, el abogado José María Corbín, y las tres sobrinas de la exalcaldesa, María Asunción, María Rita y María José, figuran como investigados. También el que fue teniente de alcalde, el popular Alfonso Grau, y el empresario Jaime Febrer, dueño de una de las constructoras (Valencia Constitución) situada en el centro del urbanismo valenciano en el periodo bajo lupa, entre 2005 y 2010.

Foto: Rafael Rubio, en una imagen de archivo. (EFE)

La presencia de Rubio y Vera en las pesquisas ha conmocionado a los socialistas valencianos. El primero fue concejal en la oposición en los años investigados, azote de las políticas del propio Alfonso Grau, mientras que el segundo ejercía labores de asesoramiento jurídico en el PSPV-PSOE cuando estaba en la oposición e incluso ha sido colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige las nuevas pesquisas de la operación Azud, que arrancó en abril de 2019 con una primera detención de Corbín y registros a los familiares de Barberá, tal como informó El Confidencial. Vera ayudó al Ministerio Público en el caso Imelsa y ha hecho de enlace jurídico en las causas en las que estaban personados los socialistas, como el caso Fabra, Terra Mítica o los pagos de la Generalitat valenciana a Julio Iglesias en paraísos fiscales, durante los años de Eduardo Zaplana. Ahora se verá las caras con los investigadores como investigado.

La causa está secreta y se centra en la relación del Gobierno municipal de Valencia con contratistas en asuntos urbanísticos, pero Rubio fue también portavoz de su partido en la Diputación de Valencia a partir de 2007, por lo que no se descarta que las diligencias puedan incorporar actuaciones sospechosas en otros ayuntamientos de la provincia. La clave de la investigación es si Vera contactó con Rubio por encargo de Febrer para reconducir su labor de oposición en el consistorio y si, además, cobró por ello. Hasta 300.000 euros. El dueño de Valencia Constitución participó en varias operaciones urbanísticas en la ciudad por las que podría haber desembolsado hasta un millón de euros a Alfonso Grau, el hombre fuerte de Barberá en el consistorio.

placeholder Alfonso Grau y Rafael Rubio, arrestados este jueves. (EFE)
Alfonso Grau y Rafael Rubio, arrestados este jueves. (EFE)

Muy conocido en el PSPV, donde llegó a ser secretario general de la ciudad de Valencia, Rubio es un histórico del partido. Bien relacionado con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que dio luz verde a su nombramiento en la Delegación del Gobierno, coordinó el área municipal de Urbanismo en la pasada legislatura, hasta que fue nombrado subdelegado, cargo del que ahora ha sido cesado. Su arresto fue recibido con la suspensión de militancia y la apertura de un expediente informativo por parte del PSOE. Muchos excompañeros no entienden cómo ha acabado en esa causa. Está siendo investigado también en la pieza bautizada como de los zombis de Divalterra, por contratar a asesores que, presuntamente, no acudían a su puesto de trabajo. El senador popular Fernando de Rosa ya hizo en noviembre del año pasado una pregunta parlamentaria sobre el nombramiento como subdelegado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, quien evitó pronunciarse.

En cuanto a la reaparición de sospechas penales sobre la actuación del que fue mano derecha de Barberá y los familiares de la exalcaldesa fallecida, ha cogido a contrapié a los populares, que no saben cómo exorcizar sus fantasmas del pasado. La irrupción en la escena interna del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, postulándose como candidato a la alcaldía por el PP y reivindicando la figura de la exalcaldesa, está forzando a otros dirigentes a caminar en la misma línea. Lo ha hecho la portavoz municipal, María José Catalá, que aspira a repetir como cabeza de lista y acaba de cerrar un pacto con Carlos Mazón para ser secretaria general regional si, como es previsible, se hace con la presidencia regional en el congreso del PPCV convocado para el 3 de julio. Catalá, presionada por la sombra de Camps y la buena imagen que Barberá conserva entre las bases, ha contratado como asesora a una de las sobrinas investigadas e hizo una propuesta para que Barberá fuese reconocida como alcaldesa honoraria de la ciudad. Es algo que el actual alcalde, Joan Ribó, ha puesto en el congelador, entre otras razones, porque siguen abiertos procedimientos judiciales que alcanzan a su etapa de gestión.

Detenido el subdelegado del Gobierno en Valencia por el presunto cobro de comisiones

Igualmente, la saliente presidenta regional, Isabel Bonig, aprovechó su despedida en la sede del partido y en las Cortes Valencianas para pedir perdón por haber respaldado en 2016 la reprobación de Barberá, cuando estaba siendo investigada por el Tribunal Supremo antes de morir por causas naturales en una habitación del Hotel Villa Real de Madrid.

El PAI del Grao… y Camps

La irrupción de nuevos datos en torno a los años de Barberá y Alfonso Grau salpica al propio Camps, porque una de las operaciones bajo la lupa de Anticorrupción tiene que ver con el convenio que el ayuntamiento firmó en 2005 con la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) para que retirase unos depósitos industriales en terrenos que iban a albergar el circuito de Fórmula 1 y futuras actuaciones de desarrollo urbanístico en el llamado PAI del Grao. El consistorio recalificó el suelo a la empresa, que lo vendió a un consorcio de empresarios locales (Acinelav) en el que figuraban el promotor Jaime Febrer y su empresa Valencia Constitución. Acinelav acabó entrando en concurso y sus activos en el PAI del Grao fueron vendidos por los bancos acreedores, entre ellos, la Sareb y el BBVA, a Hayfin Capital y Atitlan. Entre los socios de Acilenav, estaban otros empresarios como la familia Ferrando (Gesfesa) o los Quesada (Pavasal).

Sin embargo, el programa urbanístico está bloqueado por el convenio que Camps y Barberá firmaron y que contemplaba cargas sobre los dueños del suelo por los costes de parte del circuito de Fórmula 1, al entender que la pista era una prolongación de las avenidas de Francia y paseo de la Alameda. Los actuales propietarios niegan que estas obras puedan considerarse o aprovecharse en su totalidad como parte de la urbanización y rechazan asumir los 42 millones de la deuda que el consistorio tiene con la Generalitat valenciana por ese convenio, que ahora Camps reivindica como parte de su legado de expresidente, pero que tiene paralizado uno de los mejores desarrollos de la ciudad, tal como relató este periódico.

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