Detenido el subdelegado del Gobierno en Valencia por cobro de comisiones

El subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, ha sido detenido este jueves por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tras conocerse la noticia, la delegada del Gobierno en la autonomía, Gloria Calero, ha ordenado el cese inmediato de Rubio. "La Delegación del Gobierno respeta, como no podía ser de otro modo, la actuación llevada a cabo por la Justicia", expresa el comunicado. El PSPV-PSOE ha suspendido de militancia a Rafael Rubio y le ha abierto expediente disciplinario.

Además de Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre 1996 y 2011, han sido detenidos el que fue teniente de alcalde de Rita Barberá, el popular Alfonso Grau, su hija y se prevén, al menos, otras 15 detenciones en el marco de una operación que se espera "larga y complicada", han indicado las mismas fuentes. La operación afecta a la familia de la exalcaldesa fallecida, desde su hermana a sus sobrinas y cuñado, el abogado José María Corbín.

En estos momentos se están produciendo varios registros en los domicilios de los detenidos, y se prevén otros a lo largo de la jornada, han añadido. La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de gobierno de Rita Barberá. Entre los empresarios bajo la lupa de los investigadores en la operación, adelantada por 'OkDiario', figura Jaime Febrer, dueño de la promotora Valencia Constitución, una persona muy activa en el urbanismo local durante los años del marco de la investigación, de 2005 a 2010. Su promotora fue disuelta judicialmente en 2013 tras entrar en concurso de acreedores y liquidación salpicada por la crisis inmobiliaria de 2008.

Las mordidas que Febrer pudo entregar oscilan entre el millón de euros a Alfonso Grau y el medio millón a Rubio, que en aquellas fechas era concejal de la oposición socialista.

En esta causa, otro de los principales investigados es el cuñado de la exalcaldesa de Valencia. Corbín fue detenido en abril de 2019, y también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros 10 investigados —esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves—, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

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Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.

Esta misma causa judicial, Imelsa, aunque en otra pieza diferente, afecta Rafael Rubio, que también fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia entre 2007 y 2011.

Rubio, que ya ha sido destituido esta misma mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, consta como procesado en este asunto por su supuesta participación en la contratación irregular de personal (conocidos como trabajadores zombis), si bien ha recurrido recientemente dicho procesamiento a través de su abogado.

"De otra época"

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, se ha mostrado "sorprendida" con la detención de Rubio, "cesado automáticamente", y ha pedido respetar el trabajo de la Justicia. "Son actuaciones de otra época y de otros momentos que se tienen que demostrar o no".

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de un acto en el cuartel de Cantarranas, unas horas después que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil practicara las detenciones.

Calero ha hecho hincapié en que ha tomado la decisión de cesarlo tras enterarse a las ocho de la mañana: "No podíamos consentir que hechos ocurridos o que se están investigando desde 2005 pudieran afectar al normal funcionamiento de la Delegación de Gobierno".