La jueza cierra la instrucción del caso que salpicó a Rita Barberá y el fiscal pedirá juicio

La jueza sustituta que instruye el llamado caso Taula ha cerrado de facto la investigación de la pieza relativa a la financiación de las campañas electorales de la fallecida exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al contestar, más de dos años después, un escrito de la Fiscalía Anticorrupción solicitando una prórroga de las diligencias y la consideración de la causa compleja. El tiempo trancurrido desde la solicitud (llegó el 7 de diciembre de 2018) y la recepción de los informes pertinentes han llevado a la magistrada a resolver la petición, a la que se oponían los investigados, dando por hecho que ya no tiene sentido pronunciarse sobre ella, lo que en la práctica deja el caso listo para que decida si archiva o dicta un auto de procedimiento abreviado, según la providencia a la que tuvo acceso El Confidencial.

El 26 de enero de 2016, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpían en las dependencias de la diputación, en el ayuntamiento, en sedes de empresas públicas como Ciegsa y en domicilios particulares en una macrorredada de la que salieron varias piezas judiciales. Una de ellas, la que hacía referencia a un presunto caso de blanqueo de capitales y delito electoral, supuso la imputación de nueve de los 10 concejales del PP en el consistorio valenciano. La investigación les atribuía haber realizado aportaciones de 1.000 euros a la campaña municipal de 2015 que después les fueron retornados en negro con billetes de 500 euros, un método de blanqueo clásico conocido como 'pitufeo'. Esa causa, que después creció con la incorporación de nuevos indicios de financiación irregular en campañas anteriores por parte de contratistas municipales a través de la consultora de comunicación Laterne, tiene ahora mismo a 47 personas en condición de investigadas y propició la definitiva caída en desgracia de Barberá.

La exalcaldesa, al ser aforada en el momento de la investigación, vio como los hechos que afectaban a su responsabilidad se remitían al Tribunal Supremo, que abrió su propia causa a petición de la Fiscalía. Sin embargo, Barberá, que tuvo que abandonar el grupo popular en el Senado y pasar al mixto forzada por el partido, no llegó nunca a declarar. Falleció el 23 de noviembre en una habitación del Hotel Villa Real en Madrid.

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Víctor Romero. Valencia

Con su muerte, se extinguió cualquier responsabilidad penal de la veterana dirigente conservadora. Pero no ha ocurrido lo mismo con los 47 investigados cuya actuación quedó bajo la lupa del juzgado de instrucción en Valencia. Más de cinco años después de iniciarse el caso, la jueza, que sustituye por baja por enfermedad al magistrado que lo abrió, deberá ahora decidir si archiva o dicta procesamiento. En caso de optar por esta última vía, la intención de la Fiscalía Anticorrupción es calificar solicitando el procesamiento de los investigados, lo que podría llevarlos la banquillo de los acusados si instancias superiores no tiran para atrás la decisión.

No obstante, esta pieza del blanqueo de capitales y delito electoral, conocida como la del 'pitufeo', podría no ser la próxima en resolverse en fase de instrucción. La jueza tiene pendiente pronunciarse sobre el archivo o procesamiento de la causa que afecta a los falsos trabajadores de la empresa pública Imelsa (los 'zombies') y a la que se conoce como Servimun, que afecta a Marcos Benavent, el conocido como yonqui del dinero, que acaba de ser procesado también por otra causa por prevaricación, malversación, falsedad y fraude en la contratación junto a otros cargos del Partido Popular como el exalcalde de Valencia, Juan José Medina.