Azud revela miles de euros en regalos a políticos valencianos de todos los colores

El sumario del caso Azud, que investiga una presunta trama de comisiones alrededor de la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa en la alcaldía de la fallecida Rita Barberá, he desvelado la práctica habitual por parte de los empresarios investigados de destinar importantes sumas de dinero a realizar regalos a políticos y funcionarios públicos año tras año. Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señalan que el Grupo Axis, paraguas bajo el que operaban las empresas del constructor Jaime Febrer, reservó miles de euros para presentes navideños a dirigentes de todos los colores políticos en mayor o menor cuantía. La jueza que instruye el caso ha remitido a las Cortes valencianas un escrito en el que pide a la Cámara que certifique que el diputado autonómico y exconcejal de Urbanismo en Valencia del Partido Popular Jorge Bellver tiene la condición de aforado. Se trata del paso previo para una posible elevación al Tribunal Superior de Justicia de una exposición razonada para que sea investigado.

Bellver es, por ahora, el único dirigente en activo al que podrían alcanzarle las diligencias penales, probablemente por un delito de cohecho. El parlamentario, que formaba parte del núcleo duro en el consistorio, pudo recibir relojes y maletines del grupo empresarial, que solamente en el año 2010 gastó más de 18.000 euros en bolsos de Loewe, joyas, gemelos, piezas de Ermenegildo Zegna o, incluso, décimos de Navidad para regalar, dirigidos a diferentes personas. Entre los habituales a la hora de recibir regalos estaban el exteniente de alcaldía de Valencia y mano derecha de Barberá Alfonso Grau, investigado en la causa; el exsecretario de Urbanismo Manuel Latorre, entre otros funcionarios, o los exdirigentes socialistas Rafael Rubio (exconcejal), José Cataluña y José Luis Vera, los tres investigados. Latorre no está investigado, pero sí otros funcionarios del área de Urbanismo y de Saneamiento por operaciones de permutas y contratos de alcantarillado.

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Pero no fueron los únicos que, según los listados internos que figuran en el sumario, recibían obsequios navideños. El actual vicesecretario de Relaciones Institucionales del Partido Popular, Esteban González Pons, figura en la larga relación como receptor de un 'trolley' valorado en 970 euros, el mismo regalo que pudo recibir en 2006 el exsecretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla, junto a Bellver. Los listados incluyen portafolios, vinos o maletas para exbanqueros como José Luis Olivas (Bancaja) o Domingo Parra (Banco de Valencia). En el año 2002 aparece un botella de vino de 67 euros para una persona llamada Joaquín Puig. Desde el entorno del actual presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, entonces alcalde de Morella, negaron con rotundidad que él fuera el receptor del regalo. Hay otro presente bautizado como 'vinoteca' para el actual diputado socialista en el Congreso Vicent Sarrià. Las cajas de vinos eran una constante cada Navidad en aquellos años en los listados del grupo.

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El sumario ha comenzado a llegar a las partes. Hay 58 investigados hasta ahora. La causa se ha dividido en cinco piezas y se centra en el papel que jugaba en la relación de empresas contratistas con el Ayuntamiento de Valencia el abogado José María Corbín, excuñado de Barberá. Él y sus tres hijas figuran como investigados. Según el sumario, Corbín está en el foco de los investigadores por su posible papel de comisionista externo en operaciones urbanísticas y adjudicación de contratos. Están bajo el punto de mira contratas millonarias como la de saneamiento, adjudicada a Acciona, cuyo CEO de la división de Infraestructuras, Luis Castilla, está también imputado. Otros empresarios como Felipe Almenar y Fernando Huet (Cyes), Mónica Montoro, los hermanos Prieto o Carlos Turró (Cleop) forman parte de la lista de investigados.

El sumario también incluye operaciones de Jaime Febrer en ayuntamientos como el de Xixona, donde se investiga la gestión urbanística de un PAI con campo de golf que quedó paralizado tras la burbuja inmobiliaria con 5.000 viviendas. Entre los investigados, figuran la exalcaldesa popular Rosa Verdú y el exconcejal Francisco Domènech.