La UCO pone patas arriba el área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia
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La UCO pone patas arriba el área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia

Los agentes se reúnen con el secretario de Urbanismo, Manuel Latorre, para llevarse expedientes del área de planeamiento. También indagan en áreas como patrimonio y ciclo del agua

placeholder Foto: Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación Azud. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación Azud. (EFE)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaron toda la mañana de este lunes realizando registros en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Las pesquisas se enmarcan en la operación Azud, que investiga una trama de pago de comisiones a cargos públicos a cambio de favores en materia urbanística con el promotor Jaime Febrer como principal actor. Las diligencias están declaradas secretas y forman parte de una primera causa abierta en 2017 contra el que fue teniente de alcalde y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, el cuñado de la exalcaldesa fallecida, José María Corbín, su mujer y sus hijas. En una segunda fase de la operación fueron detenidos el sábado el propio Grau, Febrer y el subdelegado del Gobierno y entonces concejal socialista en la oposición, Rafael Rubio, que han terminado en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas.

También fue arrestado José Luis Vera, el jefe jurídico de Divalterra, empresa de la Diputación de Valencia, cuyo papel habría sido poner en contacto a Febrer con Rubio para intentar rebajar el tono de su labor de oposición al popular Alfonso Grau en operaciones ligadas al promotor. A cambio, Rubio habría percibido 300.000 euros, frente al millón de euros de Grau. Estos datos, así como el reparto de regalos a altos cargos y funcionarios estarían recogidos en agendas y documentación incautada a Febrer.

En total fueron detenidas el viernes 14 personas, como los empresarios Federico Ferrando y Mónica Montoro, esta última también en prisión sin fianza. La exalcaldesa de Xixona (Alicante), la popular Rosa Verdú y el exconcejal Francisco Doménech también fueron arrestados en una causa que suma casi medio centenar de investigados. Otra de las personas en la causa es José Cataluña, exjefe de Finanzas del PSPV, pero en su caso solo por un posible delito de cohecho. Los agentes entraron en su casa de Gilet (Valencia) en busca de agendas para intentar encajar si coinciden con un encuentro entre él, Vera y Rubio con Febrer recogido en la documentación incautada al empresario.

Foto: Rita Barberá y Francisco Camps, en 2011. (EFE)

Los investigadores, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción, ya precintaron documentación municipal en otra intervención en el año 2019, cuando fue detenido el cuñado de Barberá por, presuntamente, usar su despacho profesional para canalizar comisiones e influencias vinculadas a la actividad urbanística local. En la mañana de este lunes, los agentes han estado varias horas reunidos en su despacho con el secretario de Urbanismo, Manuel Latorre, y han reclamado expedientes y documentación del área de Planificación, cuyo jefe de servicio es Fernando Belenguer. Están recogiendo, además, documentación de Intervención, ciclo integral del agua, servicios sociales y patrimonio de los años de gestión del Partido Popular.

Son varias las operaciones que podrían estar bajo sospecha. Desde una primera compra de terrenos en el llamado PAI del Grao, que después albergó el circuito de Fórmula 1, por parte de una sociedad denominada Acinelav, participada por Febrer y Ferrando entre otros, hasta cambios en la planificación de sectores en Quatre Carreres, Nou Patraix o Moreras, todos ellos barrios de nueva construcción planificados durante la etapa de Barberá. El del Grao es el único que ha estado parado, primero por la crisis inmobiliaria de 2008, que provocó la quiebra de Acinelav, y después por la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y los nuevos dueños, entre los que figuran Hayfin Capital y Atitlán, a la hora de aplicar un convenio obsoleto firmado por Barberá y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. También ADIF tiene una parte del suelo.

En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Hasta el momento se han practicado 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados. Se han tramitado diferentes comisiones rogatorias, puesto que se sospecha que algunos de los arrestados pudieron esconder dinero en el extranjero, según ha avanzado Europa Press. En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas "entidades públicas locales y estatales", según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

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