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El cuñado de Rita Barberá cobró 1,7M de una contrata millonaria de Acciona en Valencia
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INVESTIGADO EL CEO DE UNA FILIAL

El cuñado de Rita Barberá cobró 1,7M de una contrata millonaria de Acciona en Valencia

Un informe pericial de la Intervención del Estado incluido en el sumario del caso Azud revela que Corbín se benefició a la vez que el Ayuntamiento adjudicaba el contrato de saneamiento en 2006

Foto: El cuñado de Rita Barberá, cuando fue detenido en 2019. (EFE)
El cuñado de Rita Barberá, cuando fue detenido en 2019. (EFE)

Un informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda por encargo de la jueza del caso Azud revela que José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya fallecida, se benefició económicamente en el año 2006 de pagos efectuados por una filial de Acciona coincidiendo con la adjudicación de un contrato multimillonario de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento. Por estos hechos, están siendo investigados por presuntos delitos de soborno y tráfico influencias tanto Corbín como el actual CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla; también el que fue teniente de alcalde y mano derecha de la desaparecida dirigente conservadora, Alfonso Grau, y funcionarios públicos del área de saneamiento del consistorio.

El documento, incorporado al sumario cuyo secreto se acaba de levantar parcialmente, señala que en el 20 de abril de 2006 se formalizó contrato entre Infilco Española (Acciona Agua) y Diego Elum Macias, presuntamente asociado a Corbín, por importe de 2,2 millones sin IVA cuyo objeto es la prestación de servicios de naturaleza jurídica en relación al contrato público de gestión del servicio de limpieza del saneamiento licitado por el Ayuntamiento de Valencia el 4 de abril de 2006. En el periodo que transcurre entre 2007 y 2009, Delum Abogados, despacho de Elum, ingresó 2,5 millones de euros de la sociedad Infilco. De esta cantidad, un total de 1.709.066,25 euros, el 66,67%, terminaron trasferidos a Corbín Abogados, el bufete del cuñado de la ya desaparecida alcaldesa del Partido Popular, que esas fechas gobernaba la ciudad con mayoría absoluta.

Acciona Agua resultó adjudicataria del contrato el 21 de julio de 2006 tras recibir la máxima puntación, por encima de otras siete UTE aspirantes, en una decisión adoptada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. El contrato se firmó por un plazo de 15 años prorrogables en 2 años más, y un presupuesto base de licitación de 129 millones de euros, lo que representaba un importe anualizado de 8,6 millones de euros. Este contrato fue modificado en 2012 al alza en 2012.

Foto: La jueza ha iniciado el proceso para investigar al diputado Jorge Bellver. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)

La adjudicación forma parte de los contratos bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. Los investigadores, según el sumario al que tuvo acceso El Confidencial, sostienen que Corbín obtenía casi el 80% de sus ingresos de pagos procedentes de "comisiones ilícitas desembolsadas como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia", principalmente en materia urbanística. Por estos hechos figuran como investigadas la hermana de Bárberá y esposa de Corbín y sus tres hijas.

La juez sostiene que Vera, uno de los comisionistas de Febrer, destinó fondos a campañas del PSOE

Según las diligencias, tanto Corbín como Alfonso Grau, a los que la juez ha embargado pisos y cuentas bancarias, se beneficiaron personalmente de facilitar a terceros operaciones ligadas al Ayuntamiento de Valencia. Entre el grupo de empresas que pagaron presuntamente comisiones a cambio de favores burocráticos y administrativos está el grupo Axis, paraguas del constructor José María Febrer (Construcciones Valencia Constitución), que habría realizado pagos tanto a Corbín como a la compra de voluntades en el consistorio valenciano en los años investigados, hasta 2015. Los investigadores afirman que el hecho de estar casado con la hermana y jefe de gabinete Barberá permitía a Corbín "conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia".

Foto: Rita Barberá y Francisco Camps, en 2011. (EFE)

La investigación se centra también en Febrer y en su operativa para alcanzar sus objetivos, tanto en Valencia como en operaciones en los consistorios de Xixona, Benicàssim y Burjassot. Según la investigación, su grupo empresarial destinó al menos 7 millones de euros al pago de las comisiones ilícitas en metálico a cargos y funcionarios públicos. Entre estos figuraba Corbín, que cobró más de 600.000 euros entre 2007 y 2013, o el propio Grau, que llegó a emplear cuentas abiertas en Estados Unidos y Francia por sus hijas para recibir fondos de Febrer, según la investigación.

El 80% de los ingresos del cuñado de Barberá procedía de comisiones ilícitas, dice el sumario

Pero el empresario, acostumbrado a regar todos los campos políticos, como refleja la lista de regalos navideños incorporada al sumario, también recurrió a dirigentes entonces en las filas del PSPV-PSOE para conseguir sus objetivos. Febrer se apoyó especialmente en el abogado José Luis Vera, de quien la jueza destaca "sus importantes vínculos e influencias" en la formación socialista. Vera recibió del Grupo Axis cerca de 1,5 millones de euros bajo supuestas "relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias" por "servicios inexistentes de los realmente prestados". Este antiguo jurista, apartado ya de la disciplina del partido, aparece de forma indiciaria como facilitador para que "parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista", señala un auto judicial incorporado al sumario.

Junto a Vera están investigados el que fue subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, en aquellos años concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y José María Cataluña, tradicionalmente ligado a las finanzas del PSPV-PSOE. Según el sumario, por mediación de Vera y Cataluña, Rubio frenó cualquier oposición política a una operación de permuta de suelo por deudas económicas en favor de la sociedad Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), participada en un 25% por la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L., en un 25% por la mercantil Gesfesa SL, en un 25% por la mercantil Nueva Esfera SL y en un 25% por la mercantil Astroc SL. Esta empresa estaba comandada por la empresaria inmobiliaria Mónica Montoro, también investigada. La jueza investiga si Rubio cobró hasta 300.000 euros por dar cobertura en la oposición a la permuta diseñada por Montoro, Febrer y Alfonso Grau, bautizada como "asunto colegios".

Un informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda por encargo de la jueza del caso Azud revela que José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya fallecida, se benefició económicamente en el año 2006 de pagos efectuados por una filial de Acciona coincidiendo con la adjudicación de un contrato multimillonario de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento. Por estos hechos, están siendo investigados por presuntos delitos de soborno y tráfico influencias tanto Corbín como el actual CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla; también el que fue teniente de alcalde y mano derecha de la desaparecida dirigente conservadora, Alfonso Grau, y funcionarios públicos del área de saneamiento del consistorio.

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