El extesorero del PSPV vincula los pagos de Acciona a campañas publicitarias de Zapatero

El documento hallado en casa del exsecretario de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña, en el que aparentemente se describe un reparto de porcentajes en una UTE entre Acciona y la valenciana Construcciones Luján y se relatan dos facturas, una A y otra B, sobre el montante económico total, ha llevado a los investigadores del caso Azud a abrir una pieza separada por posibles sobornos en obras públicas. El papel, impreso y escrito por ordenador, alude a un 'Tramo E' que el sumario, todavía secreto, atribuye a uno de los tramos del trasvase Júcar-Vinalopó que la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente de Acuamed y el Ministerio de Medio Ambiente, adjudicó en 2007 por importe de algo más de 48 millones de euros (IVA incluido).

La referencia al cobro de facturas con "condición de adjudicación" y los porcentajes que se manejan en el documento, un 6,29% en total con respecto al importe de licitación sin IVA, han llevado a los investigadores a tirar del hilo en los últimos meses. Aunque el foco está puesto en la posible financiación de los socialistas, este delito no existía en aquellos años (se incorporó en 2015) y el delito electoral estaría prescrito. Por ello, las pesquisas tratan de apuntalar un posible cohecho, del que sería beneficiaria la caja B del PSOE a cambio de la concesión de obras públicas. También se busca si el propio Cataluña pudo lucrarse personalmente.

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Sin embargo, la tesis de la defensa del que fue hasta 2004 tesorero de los socialistas valencianos, nombrado ese año vicepresidente de Bancaja, es distinta a la que apuntan las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fuentes del entorno de Cataluña sostienen que el documento llegó a sus manos junto con otra documentación financiera de la UTE por una visita que recibió de Javier Luján, entonces CEO de Construcciones Luján, y en la que se negoció la posible financiación por parte de Bancaja de aquella obra hidráulica.

Las mismas fuentes señalan que el papel que habla de facturas y porcentajes puede estar relacionado con la asunción por parte de las empresas contratistas de gastos de publicidad relacionados con las campañas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en aquellos años para poner en valor el programa AGUA, el plan de desaladoras y obras complementarias que sustituyó al trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional, reformado en 2005 por el Gobierno socialista. Aquella decisión abrió una importante batalla política entre territorios, el 'Agua para todos', del PP de la Comunidad Valenciana y Murcia, contra el 'Agua para siempre', de los socialistas en los gobiernos central y de Aragón y Cataluña.

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La existencia de campañas de publicidad en los años electorales 2007 y 2008 auspiciadas por el Gobierno y pagadas por contratistas de Acuamed apareció en el sumario que sigue abierto en la Audiencia Nacional sobre otra posible red de cobro de comisiones de obras de la empresa estatal, en este caso vinculada a la etapa del Partido Popular en la Moncloa y con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura. Esta causa, con una instrucción pendiente de cierre, tiene la lupa puesta en el que fue su director general, Arcadio Mateo. Sin embargo, durante la instrucción, la UCO elaboró un informe en el que señalaba la existencia de campañas de apología de la desalación en la etapa socialista financiadas por contratistas de obras como Acciona, también adjudicataria de la desaladora de Torrevieja, que llegó a abonar 1,5 millones de euros por un plan de difusión elaborado por la publicista Bassat y luego reclamó su devolución, tal como publicó El Confidencial en 2016. El propio Mateo aludió a estos pagos en el año 2018 en otro escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Interrogado por la Guardia Civil, el director general de Acuamed en la etapa del PSOE, Adrián Baltanás, declaró entonces que no le constaba que se hubiera pedido expresamente a las contratistas que pagasen las campañas de publicidad. Pero una trabajadora técnica de la empresa estatal señaló a los agentes que ella creía que la campaña de publicidad de Bassat fue cubierta por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora, "de manera proporcional a su importe de adjudicación". "El Gobierno promueve una campaña para promover la desalación, y Acuamed solicita a los adjudicatarios de los contratos de desaladoras que la sufraguen", recogía el atestado.

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Según la UCO, Acuamed reclamó a las empresas contratistas el 1% del importe de las obras adjudicadas para costear el 'agit-prop' del PSOE en materia de política hídrica. Se trata de un porcentaje bastante inferior al que aparece en el documento encontrado en casa de Cataluña, en el que se exponen porcentajes sobre el presupuesto de adjudicación sin IVA del 6,29%, algo más de 2,6 millones de euros entre Acciona y Construcciones Luján.

A preguntas de El Confidencial en un cuestionario remitido por 'mail' sobre si la empresa pagó comisiones a terceros a cambio del contrato o sufragó gastos de campañas de publicidad, Construcciones Luján contestó: "Estamos colaborando con las autoridades en todo lo requerido. Por respeto al proceso que sigue en curso, debemos mantener silencio y no hacer ningún tipo de declaración". También Acciona ha difundido sobre los nuevos registros: "Las autoridades judiciales han solicitado una serie de información y documentación a Acciona Construcción. Toda la información solicitada ha sido facilitada con el objetivo del esclarecimiento total de los hechos investigados, bajo secreto de sumario".

La nueva pieza del caso Azud, bautizada como operación Zagreo, permanece secreta. No han trascendido hasta ahora otras pruebas o documentos que abonen la existencia de sobornos o 'mordidas', aunque fuentes de la investigación citadas ayer por EFE señalaban que los registros efectuados el martes están muy focalizados en tres o cuatro contrataciones de las que se han encontrado correos y mensajes sobre supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas. A raíz de las investigaciones de los agentes de la UCO se produjo la intervención policial anteayer en las sedes de Acciona y Construcciones Luján, pero también de Gimecons, la filial de construcción del Grupo Gimeno, un 'holding' familiar con muchos intereses en Castellón en diversos sectores. Gimecons estuvo en la UTE que en 2008 se adjudicó la desaladora de Moncofa, un contrato de 50 millones de euros en el que también participaron Isolux y OHL.