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Los 'hombres de negro' del caso Rus destapan 100 millones en contratos amañados

Una empresa especializada cribó la Diputación de Valencia en busca de delitos económicos. Hacienda pone el foco en las sociedades de la trama y detecta fraude fiscal masivo

Foto: El expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus (Efe)
El expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus (Efe)

La investigación de la trama del expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular de la provincia, Alfonso Rus, también ha tenido sus 'hombres de negro'. Un grupo de especialistas en delitos económicos de la consultora Grant Thornton, procedentes de Madrid, elaboró durante un fin de semana (cuando no estaba el personal funcionario) una exhaustiva auditoría forense de una parte importante de los contratos y mecanismos de contratación de la corporación. A partir del cribado de correos electrónicos, expedientes, configuración de mesas de contratación y pliegos de adjudicaciones de concursos, la investigación detectó indicios de una trama de corrupción que iba más allá de la empresa pública Imelsa y que alcanzaba a una parte importante de los departamentos de la institución. Un notario estuvo presente durante las pesquisas.

La auditoría fue encargada por el actual presidente de la corporación supramunicipal, el socialista Jorge Rodríguez, nada más acceder al cargo, cuando ya había sospechas de irregularidades al haber trascendido las cintas grabadas por Marcos Benavent hasta 2007 y existir una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupcion. El documento fue entregado al Ministerio público y se ha incorporado a la causa, que sigue declarada secreta por el juzgado de instrucción de Paterna. De las conclusiones de la misma se deriva que la trama movió más de 100 millones de euros en contratos de forma irregular. Los presuntos amaños a cambio de comisiones se han producido en concursos para construir piscinas, carreteras o campos de césped artificial en los pueblos valencianos. Los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia tienen previsto personarse en la causa para tratar de recuperar el máximo de fondos públicos que hayan podido ser malversados.

La Fiscalía también ha tenido acceso a las cintas de seguridad de la institución, que hasta ahora habían negado los anteriores responsables, miembros del equipo de Rus, la mayor parte detenidos.

En paralelo a la investigación de la Fiscalía y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha habido visitas a la institución de la Agencia Tributaria. Para justificar los movimientos irregulares de fondos, la trama elaboró facturación falsa que ha derivado en un posible fraude de IVA e Impuesto de Sociedades, según fuentes conocedoras de la investigación. Hacienda tiene previsto personarse en las distintas causas, pues hay siete piezas abiertas en estos momentos y no se descartan más ramificaciones, las de la diputación, las del Ayuntamiento de Valencia que dirigía Rita Barberá y la de la Generalitat a través de la empresa pública que construía colegios, Ciegsa.

Los empresarios contratistas Carlos Turro y Javier Luján figuran en la lista de detenidos que han pasado a disposición judicial

En la lista de detenidos del martes figuran también conocidos contratistas valencianos que han pasado su primera noche en el calabozo. Uno de ellos es Carlos Turró, presidente de Cleop (Compañía Levantina de Edificación de Obras Públicas). Se trata de la empresa que hasta el pasado mes de junio tenía adjudicado el servicio de grúa de Valencia en UTE con Servicleop en virtud de acuerdos con el equipo de Gobierno de Rita Barberá. Ahora el nuevo alcalde Joan Ribó reclama a la UTE 1,9 millones de euros en concepto de deuda con el consistorio. La CNMV suspendió la cotización en bolsa (mercado contínuo) de Cleop tras entrar en concurso de acreedores.

Otro de los deteniudos es Francisco Javier Luján, presidente de Construcciones Luján, una de las principales contratistas de obras de la Comunidad Valenciana. Luján fue hasta 2011 presidente de Fecoval, la principal patronal de empresas contratistas de la autonomía. Construcciones Luján fue adjudicatario de varios contratos de construcción de colegios e institutos públicos de Ciegsa. Anticorrupción investiga la posible existencia de mordidas en torno a la sociedad de la Generalitat durante la etapa en que Maximo Catural, persona de confianza de Rus, estuvo al frente de la misma.

Cabot, ¿la conexión brasileña?

La lista de arrestados incluye también el nombre de Jaime Cabot Ivars. Se trata de un empresario que estuvo vinculado a la mercantil Geneva Fondo Inmobiliario, firma que llegó a tener participaciones en la empresa Fabricación y Distribución del Mueble, de Alfonso Rus. Geneva ha controlado la sociedad brasileña Geneva Patrimonial Inmobiliaria. Una de las líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción trata de indagar si hubo desvío de fondos a Brasil, tal como ha relatado El Confidencial.

Fianza de 150.000 euros para Alcón

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso la trama generalizada de corrupción del PP valenciano, ha fijado una fianza de 150.000 euros a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, y ha acordado el embargo de bienes como medida cautelar.

María José Alcón
María José Alcón

Alcón, quien fue la primera detenida en declarar ante el juzgado que investiga el supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, pasó a disposición judicial pasadas las 22,30 horas de ayer y salió del juzgado a las doce de la noche en libertad bajo fianza.
La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia quedó imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

El Juzgado de instrucción 18 tiene previsto empezó a tomar declaración este miércoles a cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas ayer, entre las que figuran el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del grupo municipal del PP en el Consistorio. Los detenidos seguirán pasando a disposición del juzgado de Instrucción 18 de Valencia durante este miércoles.

Novo y la empleada han sido citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del grupo municipal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los otros 23 detenidos en esta causa, en la que hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), han sido puestos disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia de forma progresiva. Este miércoles por la noche han declarado David Serra y Vicente Burgos exdirector de la Fundación Jaume II, entre otros, que han quedado en libertad con cargos.

Alfonso Novo ha sido apartado de portavoz municipal, pero no ha dejado su puesto de concejal en el grupo del PP ni ha entregado el acta

Las detenciones se produjeron ayer en el marco de una operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones en las tres provincias, mientras que hay cinco investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.

Luis Salom, 57.400 euros por tuitear

Alfonso Novo ha sido apartado momentáneamente como portavoz del grupo municipal del PP en Valencia, pero ni ha sido expulsado del grupo pese a la suspensión de militancia, ni ha dejado el acta de concejal. Su sustituta en el pleno de este jueves será María Ángeles Ramón-Llin, otra persona de confianza de Rita Barberá. Tampoco ha abandonado su puesto en el grupo Luis Salom, el polémico asesor tuitero y responsable de redes sociales del PP de la ciudad. Salom cobra 57.400 euros al año, unos 2.700 euros brutos al mes por 14 pagas, más que un secretario autonómico de la Generalitat.

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