La UCO registra Acciona por pago de comisiones en contratos del Gobierno de Zapatero

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este martes nuevos registros relacionados con el caso Azud, la causa de presunta corrupción que salpica a exdirigentes de PSOE y Partido Popular. El dispositivo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y afecta a varias adjudicaciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas, un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó licitado en 2006 por la estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona, por un importe de 48,4 millones de euros, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al operativo.

Los registros afectan a las dos empresas que se llevaron esa licitación, Acciona y Construcciones Luján, y también a otras compañías de obras públicas beneficiadas presuntamente por otros amaños, como Construcciones Gimeno, en Castellón. Además, se está tomando declaración a implicados en la trama. Se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación y, debido a la especial complejidad del procedimiento, la Guardia Civil cuenta con el apoyo de efectivos de Europol.

Las diligencias tienen su origen en el hallazgo de anotaciones sobre una presunta contabilidad del PSOE valenciano en la casa de José María Cataluña, histórico tesorero de la formación. Aunque abandonó esa responsabilidad en 2004, la Guardia Civil encontró en su vivienda apuntes que lo vinculan con campañas electorales de hasta el año 2015 en su localidad Gilet. De los documentos, los investigadores interpretan el posible cobro de una comisión por la obra del trasvase del Júcar-Vinalopó de hasta el 6,29% del importe de ese contrato. Los fondos habrían sido utilizados para inyectar dinero en una supuesta caja B del PSOE valenciano.

No es la única empresa estatal salpicada por posibles cobros irregulares de los socialistas valencianos aquellos años. Los investigadores también señalan a Acuamed por la firma de un convenio con el empresario Jaime Febrer, quien a su vez abonó más de 484.000 euros a empresas que sufragaron gastos de publicidad y marketing ligados a campañas del PSPV.

El dispositivo de este martes, bautizado como'Zagreo', es una pieza separada de las indagaciones que condujeron en 2017 al constructor Febrer, quien recurrió al exabogado socialista, José Luis Vera, para obtener presuntos favores en Consistorios gobernados por los socialistas, según los investigadores. El caso le costó el puesto al exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, también investigado junto al que fue secretario de finanzas del PSPV-PSOE hasta 2004, José Cataluña.

El documento encontrado en el domicilio de Cataluña como consecuencia de la registros detalla la distribución de la UTE de Acciona y Construcciones Luján (ACC y C. L.) y la refrencia a dos facturas "a cobrar" como "condición de adjudicación", una denominada A y otra B, "a recuperar en proyecto", por valor de dos millones. El papel se cierra con un "total a desembolsar por C. L." por las dos facturas, 750.000 euros en total, el 6,29% del importe de adjudicación sin IVA.

El caso se inició a raíz de la investigación al bufete de abogados de José María Corbín, casado con la hermana de la exalcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, por el presunto cobro de mordidas a empresarios contratistas del Ayuntamiento valenciano durante la etapa del Partido Popular. Entre los investigados está el exvicealcalde Alfonso Grau. Entre las empresas y empresarios bajo sospecha figuran el grupo Cleop, Ocide, o la familia Montoro. En el caso de Acciona, se investiga el pago de 2,2 millones a un abogado relacionado con Corbín, Diego Elum, que a su vez entregó 1,7 millones de euros al cuñado de Barberá. Los pagos se realizaron en relación con el millonario contrato de saneamiento del ayuntamiento.