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El pelotazo de las mascarillas se formalizó sin pasar por el registro del Institut de Salut
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Operación de 35 millones durante el covid

El pelotazo de las mascarillas se formalizó sin pasar por el registro del Institut de Salut

El ente público que gestiona el sistema de la sanidad en Cataluña alega una saturación en el sistema, que estaba cerrado, y evita explicar qué otros expedientes se vieron afectados. Sin el registro, resulta imposible hacer un seguimiento

Foto: El 'conseller' Josep Maria Argimon. (EFE/Toni Albir)
El 'conseller' Josep Maria Argimon. (EFE/Toni Albir)
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El registro del Institut Català de la Salut (ICS) estaba cerrado justo cuando se contrató el pelotazo de 35 millones en mascarillas. Así se lo explicó la empresa pública, que depende de la Conselleria de Salut, a la Oficina Antifraude de Cataluña cuando cuestionó que la notificación de la adjudicación y la petición de una declaración responsable obtuviese una respuesta que llegó tres semanas antes que la pregunta, como desveló El Confidencial, sobre las incoherencias en las fechas del expediente administrativo de la operación en marzo de 2020. El director gerente del ICS cuando se realizó la compra era el actual 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon

El Institut de Salut justificó el 'mail' enviado el 9 de abril en una petición al conseguidor Roger Parellada para que remitiese la declaración responsable porque “se volvió a pedir por error cuando ya estaba en poder del órgano de contratación”. Antifraude mostró su preocupación, puesto que la declaración firmada de manera manuscrita por Parellada carecía de fecha de entrada en el registro. Y aquí el organismo es contundente. “El registro del ICS estaba cerrado dado el volumen de contratos de emergencia que se estaban tramitando aquellas semanas”, según consta en el expediente íntegro de la investigación. Sin el registro operativo, resulta imposible hacer un seguimiento de los trámites administrativos del pago de 35 millones de euros de dinero público.

Foto: El 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon, junto a la 'consellera' de Justicia, Lourdes Ciuró. (EFE/Marta Pérez)
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El registro del ICS es electrónico. En ningún momento de la pandemia se explicó que estuviese clausurado durante “semanas”, como se ha detallado posteriormente. En concreto, el 19 de marzo de 2020 se adjudicaron siete contratos, de los cuales tres correspondieron a las mascarillas y equipos de Basic Devices, la sociedad pantalla de Parellada. Las otras empresas fueron Vygon SAU, Molnlyke Health Care, Barna Import Médica y Biomerieux España SA, con expedientes menores que oscilan entre los 1.100 y los 44.529 euros. Muy lejos de los 35 millones de Basic Devices. En todo caso, cinco empresas no parece un aluvión que colapse un registro electrónico con un nivel como el del Institut de Salut, la mayor empresa pública de la Generalitat. Un gigante que ese año 2020 facturó más de 3.720 millones.

Se ha preguntado al ICS cuánto tiempo estuvo cerrado su registro, cómo se entregó entonces la documentación de los contratos de Roger Parellada, a qué otras empresas afectó ese presunto cierre de los 265 contratos de emergencia que tramitó ese año y el 'mail' original en que se notificaba a los dueños de Basic Devices que habían ganado, supuestamente previo al del 9 de abril. El organismo ha declinado responder a estas peticiones de información de El Confidencial.

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La situación resulta especialmente grave porque, en sus reiteradas peticiones de información al ICS, Antifraude reitera su preocupación por que Basic Devices estaba en una situación de prohibición legal de contratación con la Administración y eso afectaría de pleno a la compra de 35 millones de euros.

Solución mágica

Consta un correo electrónico del 9 de abril de 2020 de la Gerencia de Compras del ICS mediante el cual notifica a Basic Devices SL la resolución del 19 de marzo de 2020 del gerente del ente público, por la que ordena el inicio de la ejecución del contrato, pero también adjunta el documento de declaración responsable con el siguiente literal. “Asimismo, le hacemos llegar la declaración responsable acreditativa de capacidad y representación para que lo imprima, firme de forma manuscrita y la devuelva también a este correo electrónico”, plantea Antifraude en diversas ocasiones a lo largo del escrito, que se prolonga durante dos años de investigación.

Y añade Antifraude: “Si se llega a confirmar que la referida declaración responsable se corresponde al documento remitido el 9.04.2020, pero fechado el 19.03.2020, podríamos encontrarnos ante la causa de prohibición de contratar prevista en el art. 71.1.e) de la Ley de Contratos del Sector Públicos con los efectos antes señalados”.

Con el cierre del registro, el ICS solventa que Basic Devices no pudiese contratar

El registro cerrado justo cuando tuvo que contratar el conseguidor de mascarillas catalán es la solución que arguye la Administración para obviar este grave escollo legal. Es una casualidad más en un caso salpicado de casualidades. Como el contrato de 1,9 millones de euros 10 meses después de la compra entre la Generalitat y el Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona (IRAB), también propiedad de Roger Parellada. Las gestiones del propio Parellada con la mujer de Quim Torra, Carola Miró, para desbloquear los 35 millones de euros. O que fuese la oncóloga de Miró, Cristina Nadal, la que recomendase a Argimon ante Torra, dando inicio a la carrera meteórica de este médico en política, por nombrar algunas de ellas.

Pero hay más. El correo electrónico del 9 de abril enviado por el ICS es del mismo día en que Antifraude abre la fase inicial de su investigación con las actuaciones de evaluación previa. La firma electrónica permite saber que esta decisión se tomó a las 15:28:50. El 'mail', que ahora el Institut Catalá de Salut califica de “error”, se envió a Roger Rovira, un empleado de Roger Parellada, a las 12:16. El mismo día, pero tres horas antes.

Cierre de la investigación

Antifraude no vincula el 'mail' a la apertura de su investigación. Y da por buena la explicación del cierre del registro electrónico por la pandemia de una empresa pública que factura más de 3.700 millones. “En este sentido y respecto a este punto, a la vista de la naturaleza de la recomendación formulada y de la respuesta aportada por la entidad concernida, la actuación de esta Oficina Antifraude desde la perspectiva de la función indagatoria se considera cerrada”, concluye la oficina respecto a ese punto concreto de la investigación.

Tampoco entra en otras fechas que no casan en el expediente, como el certificado de ausencia de deudas con Hacienda, que no llega de la Agencia Tributaria hasta el 24 de noviembre de ese año. Otras cuestiones, como las sombras en los contactos iniciales que llevaron a Roger Parellada a formalizar la operación, pese a que nunca había contratado con la Generalitat a través del ICS, no son atendidas por Antifraude, que al final dio carpetazo al tema. Se hace, incluso, cuando tras la apertura de oficio de sus pesquisas se sumaron dos denuncias de particulares sobre esta misma contratación, según consta en el expediente.

El cierre de la investigación por parte de este organismo independiente que responde ante el Parlament ha sido el principal argumento exculpatorio al que ha recurrido Argimon. El 'conseller', además, ha estado evitando su comparecencia ante la Comisión de Salut de la Cámara catalana para responder por este tema, que han solicitado los comunes, Ciudadanos y Vox.

El registro del Institut Català de la Salut (ICS) estaba cerrado justo cuando se contrató el pelotazo de 35 millones en mascarillas. Así se lo explicó la empresa pública, que depende de la Conselleria de Salut, a la Oficina Antifraude de Cataluña cuando cuestionó que la notificación de la adjudicación y la petición de una declaración responsable obtuviese una respuesta que llegó tres semanas antes que la pregunta, como desveló El Confidencial, sobre las incoherencias en las fechas del expediente administrativo de la operación en marzo de 2020. El director gerente del ICS cuando se realizó la compra era el actual 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon

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