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Los comunes preguntan al Govern si sabía que Antifraude investigaba la compra de mascarillas
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Presuntas irregularidades en la compra

Los comunes preguntan al Govern si sabía que Antifraude investigaba la compra de mascarillas

En Comú-Podem en el Parlament de Cataluña registra una batería de cuestiones sobre el expediente de la operación. Muchos interrogantes se refieren al baile de fechas o a autorizaciones previas que llegan tarde

Foto: El diputado de los comunes David Cid. (EFE/Marta Pérez)
El diputado de los comunes David Cid. (EFE/Marta Pérez)

El grupo En Comú-Podem en el Parlament de Cataluña ha presentado una batería de preguntas a la Generalitat al trascender el reguero de presuntas irregularidades que salpican el proceso de compra de mascarillas por 35 millones de euros durante el covid. Entre ellas, se requiere a la Administración catalana que aclare si, como ha informado El Confidencial, elaboró un documento 'ad hoc' para justificar su labor. “¿Decidió iniciar el expediente el 9 de abril al tener constancia de las actuaciones preliminares de la Oficina Antifraude?”, interpelan al Govern. La oficina investigó el caso durante casi dos años, pero finalmente lo archivó.

El diputado de los comunes David Cid había pedido el expediente, pero lo recibido ha resultado ser una construcción administrativa 'a posteriori' para justificar la compra y que arranca el mismo día, el 9 de abril de 2020, que se abre la fase preliminar de la investigación de Antifraude.

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La larga lista de preguntas intenta cubrir todos los ángulos que se abren con un caso que la Generalitat lleva meses intentando cerrar en falso. Así, por ejemplo, se pide que se justifique por qué el expediente sobre la compra de material sanitario a través de Basic Devices se inicia el 9 de abril si la adjudicación real se produjo el 19 de marzo. O por qué se notifica a la empresa que se le concede el contrato y se le requiere información el mismo día que Antifraude inicia la investigación.

Cuestiones similares se trasladaron por parte de El Confidencial al Institut Català de Salut (ICS), sin que se obtuviera respuesta. De hecho, los comunes llevan tiempo solicitando que el 'conseller' de Salud —y en 2020 director del ICS—, Josep Maria Argimon, acuda al Parlament para dar explicaciones de estas y otras supuestas irregularidades en la Comisión de Salud. Pero el titular de la cartera lo ha evitado hasta la fecha.

Foto: Roger Parellada. (EC Diseño)

Los comunes plantean si la Oficina Antifraude solicitó datos al Departamento de Salud pidiendo información sobre esta adjudicación con fecha previa al 9 de abril. “¿Informó en algún momento o se produjeron conversaciones entre algún organismo de la Generalitat y Basic Devices sobre la investigación de la Oficina de Antifraude?”, pregunta el diputado David Cid, según consta en el redactado de las cuestiones. También inquiere si existe constancia en la Conselleria de Salut de cuál fue el beneficio de la compañía por esta operación y si cobró alguna comisión por sus gestiones.

Baile de fechas

Muchas de las preguntas se refieren al baile de fechas que aparecen en el expediente. “¿Por qué motivo la declaración responsable reclamada el 9 de abril por la Gerencia del Instituto Catalán de la Salud está firmada por la empresa con fecha de 19 de marzo?”. Según el expediente, el conseguidor Roger Parellada respondió a la petición de la Generalitat entregando la declaración responsable acreditativa tres semanas antes de que se la pidiesen.

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Otra de las situaciones que a juicio de los comunes precisa de una explicación es que se diese luz verde al contrato con Basic Devices si la información preceptiva de la Agencia Tributaria de ausencia de deuda con Hacienda tiene fecha de 24 de noviembre de 2020. David Cid también plantea: “¿Por qué motivo la Generalitat, aunque no está obligada por ley en virtud del artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, inicia el trámite del expediente el 9 de abril, cuando ya se había producido la adjudicación semanas antes?”.

La Generalitat elaboró el expediente pese a estar exenta legalmente de hacerlo

Otro punto sobre el que se intenta arrojar luz es el rol del Instituto de Radio Farmacia Aplicada de Barcelona (IRAB) y su relación con la Conselleria de Salut. El IRAB cerró un contrato con la Generalitat de 1,9 millones de euros adicionales para suministrar material médico, 10 meses después del pelotazo de los 35 millones. Este instituto, que también está controlado por Roger Parellada, está en el foco de los comunes. “¿Cuál es el volumen económico que a fecha 22 de septiembre de 2022 ha recibido el Instituto de Radio Farmacia Aplicada de Barcelona en el año en curso por parte de la Generalitat?”, interpela Cid al Govern.

El grupo En Comú-Podem en el Parlament de Cataluña ha presentado una batería de preguntas a la Generalitat al trascender el reguero de presuntas irregularidades que salpican el proceso de compra de mascarillas por 35 millones de euros durante el covid. Entre ellas, se requiere a la Administración catalana que aclare si, como ha informado El Confidencial, elaboró un documento 'ad hoc' para justificar su labor. “¿Decidió iniciar el expediente el 9 de abril al tener constancia de las actuaciones preliminares de la Oficina Antifraude?”, interpelan al Govern. La oficina investigó el caso durante casi dos años, pero finalmente lo archivó.

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