La Generalitat encubrió el pelotazo de las mascarillas con un expediente a medida

Por norma general, cada operación de compra de la Generalitat va asociada a un expediente administrativo. El de la adquisición de mascarillas y equipos de protección al conseguidor Roger Parellada, tramitado por vía de emergencia y dotado con 35 millones de euros, suma 163 páginas. La rareza de este informe estriba en que parece haber sido elaborado para tapar un pelotazo con dinero público. Así, su creación arranca el 9 de abril de 2020, tres semanas después de haber sido adjudicado el contrato y cuando incluso ya había llegado el primer avión con material. Se da la circunstancia de que ese mismo día se abrieron las actuaciones preliminares de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la operación. Solo cuando se abrieron las pesquisas arrancó el expediente. La documentación entregada a Antifraude derivó en el cierre de la investigación.

El expediente fue solicitado por parte de los grupos parlamentarios de Vox y los comunes, pero lo que recibieron fue un documento armado para justificar la compra. En la documentación consta un 'mail' de la gerencia del Institut Català de la Salut (ICS), del mismo 9 de abril, en el que se notifica a Basic Devices, la sociedad pantalla que Parellada utilizó para formalizar la operación, que ha ganado el concurso. Y se le recuerda: “Os hacemos llegar la declaración responsable acreditativa para que la imprimáis y firméis de manera manuscrita” (pág. 15 del expediente). La petición de firma manuscrita evita la firma electrónica, que siempre deja rastro de las fechas en que en realidad se hicieron los documentos. El director del ICS, cuando se envió este 'mail', era Argimon.

Vox ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía. El líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, exige que "se tiene que dilucidar es si hay algún tipo de ilícito en la contratación" y recuerda que la Oficina Antifraude es "un organismo dependiente del Parlament que nos cuesta nueve millones al año y que ha demostrado en repetidas ocasiones ser un ente con funciones duplicadas que blanquea los tejemanejes de los partidos separatistas". "Vox tiene la firme voluntad de destapar el entramado mafioso que el separatismo ha montado alrededor de la Generalitat a costa del dinero de los contribuyentes".

El diputado de los comunes David Cid se manifiesta en una línea similar: "La Conselleria de Salut debe explicar por qué se notifica la adjudicación del contrato semanas después de cerrar el acuerdo con Basic Devices y concretamente el mismo día que la Oficina Antifraude abre una investigación sobre dicho contrato".

Tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como el 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, han utilizado el archivo de la investigación de Antifraude como principal argumento de que, pese a todas las supuestas irregularidades que salpican el caso, el mayor contrato de material sanitario de la Generalitat durante el covid se ejecutó de manera correcta.

Las fechas de los documentos del expediente no casan. Y no es solo que se le notifique al ganador del concurso su victoria con tres semanas de retraso. Es que hay muchas incongruencias de este tipo. Parellada, por ejemplo, contesta a la petición del 9 de abril con una 'declaración responsable' donde falsea la fecha, pues pone que es del 19 de marzo de 2020, cuando la respuesta no pudo ser anterior a dicha petición.

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La única fecha que encaja es la fecha del 9 de abril del 'mail', pero con el día de la apertura de la investigación de Antifraude por iniciativa propia del organismo, ante los “supuestos hechos concretos con indicios de elementos corruptivos o con gran trascendencia social o repercusión de recursos públicos”, según la propia nota de este ente de control. Cuando el ente cerró la investigación, también dejó constancia de que la había abierto el mismo día.

Se ha preguntado al ICS por qué se envió el correo tan tarde y por qué se hizo justo ese 9 de abril. No ha habido respuesta a ninguna de las preguntas de El Confidencial por parte de este organismo. También se ha requerido a la Oficina Antifraude que explique si se basó en el expediente reconstruido a la hora de cerrar su investigación, exonerando de este modo a la Generalitat. Según portavoces de este departamento, no se pidió el expediente, sino “documentos concretos” sin especificar. Estos se entregaron de una sola vez, el 3 de diciembre de 2020. "No podemos hablar de expediente porque no es lo que Antifraude pide a la Generalitat", aseguran desde ese ente fiscalizador. Y prefieren no responder a la pregunta de si renunciaron analizar el expediente porque en ese momento el expediente como tal no existía. También evitan valorar qué peso tuvo dicha documentación en la decisión de archivar el caso y para eso se remiten a su nota oficial. Niegan que se detectase ninguna irregularidad en los papeles entregados, por ejemplo, que las fechas no coincidiesen.

El tiempo va hacia atrás

En su 'declaración responsable acreditativa', que Roger Parellada tuvo que enviar después del 9 de abril, el comisionista autorizaba a la Generalitat a “obtener directamente de los órganos administrativos competentes los datos o documentos registrales y los relativos a las obligaciones tributarias (…) para proceder a la adjudicación del contrato” (pág. 9). Pues bien, en el caso de la Agencia Tributaria, la respuesta certificada aparece firmada electrónicamente. Con fecha del 24 de noviembre de 2020 (pág.11): nueve meses después de la adjudicación. Los aviones ya habían llegado y las mascarillas ya habían sido gastadas.

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Todas las fechas están invertidas, como si el tiempo fuese hacia atrás. En el portal de contratación pública de la Generalitat, la adjudicación a Basic Devices no se publica hasta el 21 de mayo (pág. 25), cuando hubiera debido hacerse sin mayor problema el 23 de marzo, una vez que se liberaron los fondos y se retiró la denuncia por estafa ante los Mossos. En cambio, la inscripción electrónica se lleva a cabo con dos meses de retraso y antes de que se hubiese emitido el certificado de la Agencia Tributaria.

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Hay presuntas irregularidades que van más allá del calendario. Es el caso de la respuesta de la Seguridad Social, cuya fecha no aparece datada en el expediente: “La persona física o jurídica no aparece inscrita como empresario en el sistema de la Seguridad Social” (pág. 10). Lógico, porque Parellada utilizó la sociedad pantalla Basic Devices, radicada en un piso vacío en Vilafranca del Penedès, sin actividad, sin personal y sin negocio conocido. Sin embargo, eso no supuso un problema para que se le concediese el contrato. La compañía era tan poco operativa que no tenía ni correo electrónico y se tuvo que enviar el correo electrónico del 9 de abril a otra sociedad controlada por Parellada.

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Así, la oferta de Basic Devices es cubierta en su solvencia por el Institut Radio Famacia Aplicada de Barcelona (IRAB SL) —firma que acabó pagando las mascarillas de su caja, como desveló El Confidencial— por la sociedad unipersonal Betadix Aplicaciones y por la casa de subastas de arte Sacliba, más conocida como Balclis. Todas ellas eran propiedad de Parellada. El vendedor se avala así mismo y la Generalitat lo da por bueno (declaraciones de integración de solvencia económica, pág. 1-6).

Esfuerzo inútil

El mail que enviaron a Roger Parellada el 9 de abril invoca el “artículo 120 de la Ley 9/2017” de Contratos del Sector Público. Ese artículo 120 señala que como excepción en los casos de emergencia, las compras públicas pueden llevarse a cabo “sin obligación de tramitar expediente”. En el supuesto de Basic Devices, no era necesario. Pero la Generalitat creó el expediente pese a no estar obligada por ley. Al final, Antifraude dio carpetazo al tema gracias a unos documentos del expediente que podrían haber viciado la investigación de origen. De hecho, esta fue muy larga y se dio tiempo a alegar a las 'conselleries' y organismos implicados. Antifraude ha preferido no desvelar qué parte de la investigación resultó determinante para el archivo, pese a ser requerida para ello.

En uno de los lotes de mascarillas, la técnica de prevención de recursos laborales que revisa la idoneidad de la mercancía deja constancia de que “no acredita el cumplimiento de normativa para ser protección de trabajador como FPP (con dudas)”. Al final, se validan de manera positiva en calidad de “mascarillas de protección para pacientes” (pág. 148). En comparación con todo lo anterior, una nadería.