Carpetazo de Antifraude al caso del conseguidor de mascarillas de la Generalitat

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha anunciado este lunes que da carpetazo a la compra por parte de la Generalitat de mascarillas y material sanitario por valor de 35 millones de euros, una operación que se encargó al empresario Roger Parellada, sin experiencia como suministrador de material médico, y que estuvo plagada de múltiples irregularidades. El único apunte ha sido pedir a la Agencia Tributaria que compruebe si se ha tramitado de manera correcta el IVA de la operación, según una nota del propio órgano fiscalizador.

Eso supone que Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de la Oficina Antifraude, no contempla en su investigación otros posibles delitos. No ve, por tanto, tráfico de influencias, pese a que una ex alto cargo de la Consejería de Salud trabajaba en una empresa de Parellada que, con posterioridad, consiguió un contrato con esa misma consejería por valor de 1,9 millones. Tampoco considera que haya rastro de delito fiscal, pese a que Roger Parellada se hizo con el control de una firma 'offshore' en Singapur, justo después de la operación, en la que gestiona fondos opacos. Por último, tampoco contempla que se haya podido producir asociación para delinquir, aunque para cerrar el trato se utilizase una sociedad pantalla en Vilafranca del Penedès, Basic Devices, sin actividad, al frente de la cual Roger Parellada puso a su padre jubilado y que incluso hizo que la Generalitat pusiese una denuncia por estafa ante los Mossos que fue retirada con posterioridad.

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La OAC ha dado así por finalizada su investigación sobre el contrato adjudicado en marzo de 2020 por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) a la empresa Basic Device SL, para el suministro, por valor inicial de 60 millones de euros, de mascarillas, trajes de protección y respiradores.

Al no apreciar inicialmente indicios de delito en esta compra —ya que si no lo habría remitido directamente a la Fiscalía—, Antifraude incoó un informe razonado, en el que advertía sobre la inexistencia de cobertura legal para el pago anticipado de 35 millones de euros a Basic Devices SL, que se presentó como intermediario ante el mercado chino. Basic Devices no ha entregado contabilidad y no se sabe cuánto le costó el material médico dispensado a la Administración catalana.

Investigación frustrada

La OAC no ha conseguido saber quién llevó a Roger Parellada ante las puertas del ICS para conseguir el contrato sanitario más importante de la pandemia en Cataluña. “En cuanto a la falta de información relativa al origen y a los contactos preliminares en el encargo de emergencia con la empresa Basic Devices SL, las respuestas analizadas no aportan ninguna información adicional o complementaria sobre los motivos que llevaron al ICS a seleccionar a la referida empresa ni sobre el número ni contenido de los contactos preliminares”, reconocen en su nota.

Tras meses de investigación, la OAC desconoce quién llevó a Parellada a la Generalitat

La oficina que dirige Gimeno se limita a señalar que “las carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción”. El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, también eludió este aspecto cuando compareció en el Parlamento catalán para dar información sobre este escándalo.

Pegas técnicas

Ante esta disyuntiva, los reproches de la OAC no pasan de ser técnicos, como la inexistencia de cobertura legal para el abono anticipado de la prestación: la Oficina Antifraude se reafirma en que el 20 de marzo de 2020, momento en que se ordenó el pago anticipado de 35 millones de euros a Basic Devices SL, no había cobertura legal para ello. Días después, se creó una norma especial con la que quedaría cubierto.

Pese a que en el contrato investigado la Generalitat pagó las mascarillas con el IVA vigente antes de que se aprobara la excepción para el ámbito sanitario, el material se fue entregando paulatinamente, hasta mayo de 2020.

En consecuencia, la Oficina Antifraude insta a Hacienda a valorar si, a partir del 23 de abril de 2020, se debió calcular el IVA del material entregado al 0%, con lo que la Generalitat podía reclamar a Basic Devices la diferencia abonada.