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Varapalo de Antifraude a la Generalitat por una compra irregular de 35 M en mascarillas
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en marzo de 2020

Varapalo de Antifraude a la Generalitat por una compra irregular de 35 M en mascarillas

La portavoz ha asegurado desconocer el dictamen de la AOC y se ha limitado a señalar que "este Govern estará siempre comprometido contra cualquier caso de posible corrupción"

Foto: Laura Borràs junto a Torra. (EFE/Quique García)
Laura Borràs junto a Torra. (EFE/Quique García)

La Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, ha emitido un durísimo informe contra la Generalitat por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo de 2020 contratados de manera irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia. La operación se llevó a cabo en la época en que Quim Torra era presidente de la Generalitat y se hizo a través del Institut Català de la Salut (ICS), frente al cual era director gerente Josep Maria Argimon, actual 'conseller' de Salut, un independiente designado por JxCAT.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado desconocer el dictamen de la AOC y se ha limitado a señalar que “este Govern estará siempre comprometido contra cualquier caso de posible corrupción, pero no puedo pronunciarme sobre este caso en concreto porque estoy conociendo la información ahora en directo por lo que ustedes me comentan”. Sin embargo, Plaja sí que había pedido minutos antes que se aclarasen las sombras de duda en la compra de material médico por parte de la Comunidad de Madrid bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso.

Foto: El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, el pasado enero, en una sesión de control del Parlament de Cataluña. (EFE)

Según la AOC, el proceso de pago de 35 millones de euros a la firma Basic Device SL, radicada en Vilafranca del Penedès cuyo administrador único era Josep Maria Parellada Ripoll, resultó tortuoso. El interlocutor de la Generalitat era el hijo de Josep Maria Parellada, Roger Parellada. El 19 de marzo de 2020 se firmó un contrato por valor 60 millones y al día siguiente se avanzaron 35 millones de euros. Pero el pago fue paralizado por los bancos, según avanzó en su día 'El País', que alertaron de que la empresa era una firma prácticamente inactiva.

El 20 de marzo, personal de la Conselleria de Economía presenta una denuncia por estafa ante los Mossos d’Esquadra. Sin dar más explicaciones, tres días después, el mismo personal de la 'conselleria', que en aquel momento estaba encabezada por el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, retira la denuncia. El entonces 'conseller' de Interior, Miquel Buch, promete dar todas las explicaciones, pero estas nunca llegaron.

El 5 de mayo, se reduce el contrato por los mismos materiales médicos a 35 millones, y, el 3 de diciembre, el ICS asegura que se han entregado los materiales contratados: dos millones de unidades de equipamiento quirúrgico EPI, dos millones de mascarillas FFP2 y dos millones de mascarillas quirúrgicas; además de 50 respiradores pediátricos.

Aluvión de irregularidades

Según la AOC, “en la documentación del expediente examinado no queda acreditado cuál es el origen de los contactos preliminares de los representantes de la empresa Basic Devices, SL con el ICS. Tampoco consta documentado ni el contenido ni el alcance de los temas tratados en los contactos preliminares realizados, de las posibles condiciones de ejecución de las prestaciones objeto del contrato de emergencia, de posibles garantías básicas de la efectividad del aprovisionamiento del material a entregar, de los posibles mecanismos de fiabilidad y garantía, aunque fuera básica y precaria, de la importante cantidad que debía ser abonada por anticipado a Basic Devices, SL. Se puede concluir, pues, que las consultas preliminares al encargo de emergencia —las que llevó a cabo Roger Perellada— realizado a Basic Devices, SL, no han sido ni esclarecedoras ni transparentes”.

"(...) No queda acreditado cuál es el origen de los contactos preliminares de los representantes de la empresa Basic Devices, SL con el ICS"

“En el momento de la contratación, esta empresa no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. Esto podría suponer un incumplimiento del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas”, alerta este organismo de lucha contra la corrupción que añade que, “de confirmarse este hecho, en el momento de recibir el encargo, Basic Devices, SL se encontraba en situación de prohibición de contratar, de acuerdo con lo que establece la Ley de contratos del sector público. Nos encontraríamos, por tanto, ante un contrato nulo”.

La AOC también resalta que, “en el momento de recibir el encargo, Basic Devices, SL, no disponía de personas trabajadoras a su cargo”, con lo que apunta a un proceso de intermediación puro y duro.

En su nota también se pone de manifiesto que, “entre la documentación contenida en el expediente remitido por el ICS, se detecta una incongruencia de fechas en relación con el momento en que se realizó la declaración responsable de la empresa contratista sobre su capacidad, solvencia y representación, que, de confirmarse, señalaría otra prohibición de contratar”.

Sin justificación de urgencia

Siempre según la AOC, “el abono anticipado de 35 millones efectuado el 20 de marzo de 2020 se realizó sin amparo legal, puesto que el artículo 16 del Real decreto ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del covid-19 (BOE 13.03.2020), no habilitó a realizar abonos anticipados en el marco de la tramitación de emergencia regulada en el referido artículo hasta el 28 de marzo de 2020, fecha en que entró en vigor la segunda modificación introducida en este artículo”.

El pago de los 35 millones se califica de “acto de temeridad”. Y de remate se añade que “el abono de aquella importante cantidad se hizo, sin que, sin embargo, se encuentre en el expediente administrativo aportado por el ICS ninguna justificación documentada sobre la necesidad inaplazable e inevitable de hacerlo. La orden de pago del importe se realizó sin que se acreditara ninguna garantía, aunque fuera básica o precaria, por parte de la empresa contratista”. La AOC da ahora 30 días a la Conselleria de Economía y al ICS para que respondan a una serie de preguntas antes de evaluar cuál es su próximo paso.

La Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, ha emitido un durísimo informe contra la Generalitat por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo de 2020 contratados de manera irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia. La operación se llevó a cabo en la época en que Quim Torra era presidente de la Generalitat y se hizo a través del Institut Català de la Salut (ICS), frente al cual era director gerente Josep Maria Argimon, actual 'conseller' de Salut, un independiente designado por JxCAT.

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