Todo lo que falló en el caso de las mascarillas: del ICS a Antifraude pasando por Argimon

Todo lo que podía fallar en el caso de las mascarillas en Cataluña lo ha hecho. Y no los días finales de marzo de 2020, cuando se llevó a cabo la atropellada compra en un clima de desesperación entendible por la situación de pandemia. Sino después. En Cataluña han naufragado todos los niveles de rendición de cuentas de manera estratosférica. Y que la culpa sea de todos no quiere decir que la responsabilidad no recaiga en nadie en concreto. Cada uno de los ámbitos debería someterse a una dura autocrítica, cambiar los protocolos de actuación y, en muchos casos, asumir responsabilidades políticas.

Estas son las principales vías de agua del naufragio catalán en el caso del conseguidor de mascarillas.

Josep Maria Argimon

El 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, cuando aconteció la polémica compra de mascarillas a las empresas de Roger Parellada era el director gerente del Institut Català de la Salut (ICS) y como tal avaló primero y formalizó después la operación por la que el comisionista cobró de la Generalitat 35 millones de euros, con un margen del 68%. Argimon mintió cuando compareció el 3 de marzo de este año en el Parlament. Sabía perfectamente cómo había llegado Roger Parellada al ICS, porque fue por la misma vía por la que llegó él a Quim Torra: por la recomendación de su mujer, Carola Miró, según consta en el dietario del confinamiento del 'expresident'. Estuvo al tanto de las negociaciones día a día. Y el propio ICS reconoce que es el único responsable de una transacción, cuyo origen, desarrollo y desenlace son un escándalo de principio a fin. También sabía del contrato posterior de otra empresa de Roger Parellada, Institut de Radiofarmacia Aplicada de Barcelona (IRAB), con la Generalitat por otros 1,9 millones adicionales.

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En cualquier democracia avanzada, Argimon ya habría dimitido por haber faltado a la verdad ante la comisión de Salut del Parlament y por no haber rendido cuentas como debía. Faltó al respeto a la Cámara catalana y a la mínima transparencia a la que está obligado como servidor público.

La oposición

No ha estado al nivel en este caso. No lo estuvo el 3 de marzo, cuando Argimon se dio un paseo militar por la comisión de Salut a pesar de que ya Antifraude había calificado el contrato de “temerario”. Al contrario de lo que pasó en Madrid, ningún grupo parlamentario impulsó la investigación o ha acudido a la Fiscalía. La oposición ha actuado de manera descoordinada, aislada y caótica, y siempre a remolque de los medios de comunicación —como 'El País', 'ElDiario.es', 'Crónica Global' o El Confidencial— que han ido destapando los aspectos más relevantes del caso. El silencio de la CUP, en teoría el partido más belicoso en casos de corrupción, resulta sintomático de una quiebra generalizada en la Cámara catalana.

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La oposición en Cataluña se ha centrado en esta legislatura en debatir cuestiones como si el catalán era curricular, vehicular o las dos cosas a la vez en las escuelas catalanas, por poner un ejemplo de los que más ruido han generado y han ocupado meses de trabajo. Pero temas como el seguimiento y el control de los fondos públicos han pasado a un quinto plano, creando el contexto perfecto para que un grupo de aprovechados se llevara unos 24 millones de las arcas de la Generalitat a una sociedad 'offshore' en Singapur.

La Oficina Antifraude de Cataluña

Primero montó el escándalo, pero a medida que detectó el desinterés de todos los grupos políticos se apresuró a cerrar el caso, aunque lo hiciera en falso. La pasada semana, ante el alud de datos sórdidos desvelados, se apresuró a reorientar su postura alegando que “cerrar no era archivar” y que el caso “seguía abierto en fase de seguimiento”.

Opinión

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Estamos hablando de una oficina con 60 personas que en su “informe razonado de cierre” argumentaba: “En cuanto a la falta de información relativa al origen y a los contactos preliminares en el encargo de emergencia con la empresa Basic Devices SL, las respuestas analizadas no aportan ninguna información adicional o complementaria sobre los motivos que llevaron al ICS a seleccionar a la referida empresa ni sobre el número ni contenido de los contactos preliminares”. Una institución dependiente del Parlament con un presupuesto anual de más ocho millones de euros solo tenía que haberse gastado 23 euros comprando el libro ' Les hores greus', de Quim Torra, para resolver el misterio. Ante una actuación tan penosa, si se quiere preservar la institución, la única salida pasa por que dimita su director, Miguel Ángel Gimeno.

El ICS

Si presupuestariamente la Oficina Antifraude es pequeña, el ICS es enorme. Hablamos de una empresa que factura 3.700 millones anuales, pero que se gestiona como si fuera el taller de la esquina. El consejo de administración tardó dos años en analizar la operación de Basic Devices SL, pese a que se había llegado a poner una denuncia por estafa y que había aparecido de manera repetida en los medios de comunicación. Su cúpula y su equipo de gestión no han estado a la altura, ni antes ni después. Sobre todo después, incapaces de gestionar la crisis reputacional, calibrar lo sucedido, esclarecer los hechos y definir responsabilidades.

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El caso del conseguidor de mascarillas parece no la excepción, sino la norma de una gestión de la sanidad descontrolada en Cataluña. El consejo de administración del ICS, por ejemplo, no cobra y tiene casi una veintena de miembros. Tal vez es hora de profesionalizarlo, que cobren, que sean menos y que tengan que asumir responsabilidades. Lo mismo rezaría para la mayor parte de los altos cargos de la dirección de esta empresa pública, que parecen más ocupados en calentar la silla que en asumir los retos de gestión por los que perciben honorarios de nivel de altos directivos, pero responden como miembros de un mandarinato de intocables.

El 'expresident' Quim Torra

Y como en el libro ' Tenemos que hablar de Kevin', tenemos que hablar de Torra. El 'expresident' ha actuado con una impunidad y una impudicia increíbles en este caso. Que dejase un rastro tan evidente en unas memorias solo refleja una actitud política peronista, en la que los Torra se consideraban salvadores de la patria con licencia para cualquier cosa y, desde luego, al margen de dar cualquier tipo de explicación. Las interacciones en redes sociales de Carola Miró operan de manera paralela a las maneras de Torra en su libro 'Les hores greus'. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero que no asuman responsabilidad alguna en el nefasto resultado final dice mucho de qué tipo de políticos estamos hablando.

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Para colmo, una Cataluña que arrebató a Jordi Pujol la oficina, el personal, el cargo de 'molt honorable', el sueldo y la pensión por un caso similar, confesión incluida —familiares interfiriendo en actuaciones políticas—, difícilmente puede justificar ahora que Torra siga viviendo del erario público. Y recordemos que todavía Pujol nunca ha sido condenado por nada. Si lo de Pujol no era normal, y no lo era, ahora no se puede dar cobijo a Torra y sus desmanes. El problema para Pere Aragonès es que ya dio por bueno que el jefe de la oficina de Puigdemont se reuniese con espías rusos. En ese momento sentó el precedente para que las oficinas de los expresidentes de la Generalitat actuasen como reinos de Taifas. Si Aragonès quiere ser tomado en serio, debe poner orden. Y si los expresidentes quieren prebendas por los servicios prestados, deben mostrarse dignos de ellas. A la luz de lo descubierto, resulta evidente que Quim Torra no es el caso.