El Instituto de Salud catalán ocultó al consejo el megacontrato de las mascarillas

El Institut Català de la Salut (ICS) ocultó a su propio consejo de administración la información sobre el contrato por el que el conseguidor de mascarillas Roger Parellada cobró a la Generalitat 35 millones de euros en 2020. El ICS es la empresa pública más importante de Cataluña y gestiona todo el sistema de hospitales y sector sanitario público. En ese año 2020, facturó 3.720 millones, según consta en las cuentas de la entidad. Este expediente no solo había sido problemático —se había llegado a presentar una denuncia por estafa contra el proveedor que luego se retiró en marzo de ese año—, sino que sumaba un volumen considerable. Los 60 millones iniciales suponían el 8% de los 734 millones que la entidad gastó de más en ese ejercicio a causa de la pandemia. Pese a ello, ni pasó por el consejo ni este órgano analizó ninguna de las dudosas prácticas que se llevaron a cabo durante esa contratación.

El 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, no presidía en 2020 el consejo de administración del ICS, sino que era el gerente, el máximo cargo ejecutivo. Como tal, tenía acceso al consejo como vocal sin voto. Del mismo modo y en idénticas condiciones, formaba parte de la comisión ejecutiva. Sí que encabezaba el comité de dirección del ICS, del que también formaban parte en ese 2020 la directora de Estrategia, Silvia Cordomí, y el director de Comunicación, Guillem d’Efak. Es decir, Argimon no podía ser ajeno a las tribulaciones del contrato de 35 millones que se llevó Parellada. Una problemática que nunca llegó al consejo de administración, según reconocen fuentes del ICS.

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El presidente del ICS en 2020 era Adrià Comella, quien acudió con Argimon al Parlament en marzo de este año a dar unas explicaciones que resultaron harto insuficientes. Les acompañó el hombre de las finanzas del ICS, Ivan Planas, también consejero de la empresa en calidad de director de Recursos Económicos del Servei Català de la Salut. Portavoces del ICS han declinado responder sobre quién asumió la responsabilidad de la operación de compras de mascarillas y por qué no se trasladó ningún tipo de información al consejo durante 2020.

La denuncia por estafa no pasó por el consejo de administración ni antes, ni durante ni después. Tampoco lo hizo la revisión del contrato de 60 a 35 millones, primero a través de una modificación y después de un desistimiento que el propio Argimon firmó en una resolución del 5 de mayo de 2020 a la que ha accedido El Confidencial. De ese modo, la parte de los respiradores que se incluía de manera inicial desaparece del contrato. Tras los ajustes, el contrato con Basic Devices —una sociedad pantalla de Roger Parellada— queda en los 35 millones finales, una cifra que concuerda con los 35 millones que el conseguidor había cobrado por anticipado en marzo. El precio incluía el IVA.

Código de buen gobierno

La comisión ejecutiva, que también encabeza Adrià Comella, actúa como órgano delegado del consejo de administración. Pero no trasladó ningún tipo de información sobre el polémico contrato. Esto topa con lo que marca el código de buen gobierno del propio ICS, aprobado en enero de 2020, justo antes de que empezase la pandemia. En el punto VI, se recuerda que "los miembros del consejo de administración tienen el deber de desempeñar su cargo de forma diligente, con responsabilidad y en beneficio del Institut Català de la Salut y de la comunidad a la que sirven y, por ello, deben estar informados sobre la marcha de la empresa".

El código de buen gobierno del ICS obliga a sus consejeros a estar bien informados

Más adelante, el código recalca respecto a las obligaciones del consejo de administración: "Los consejeros deben ejercer su cargo con la diligencia exigible a su responsabilidad". Y concluye: "Los miembros del consejo de administración están sujetos al deber de desempeñar su cargo de forma imparcial y objetiva, deben perseguir la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía en la adopción de sus decisiones, deben actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos y de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y deben ejercer sus funciones teniendo presente el principio de buena fe y dedicación al servicio público".

No pudo ser

Pero en la práctica, no pudo ser. Porque Adrià Comella, como presidente, Josep Maria Argimon, como gerente, y la comisión ejecutiva en pleno ocultaron al consejo de administración la información clave en una operación de compra de mascarillas a un precio discutible, con margen e intermediarios aún desconocidos. Además, se utilizaron sociedades pantalla y paraísos fiscales, con una ex alto cargo de la Generalitat vinculada al grupo vendedor y que todavía está siendo analizada por Hacienda por el "riesgo tributario" en el correcto abono del IVA que hasta la Oficina Antifraude de Cataluña contempla en la operación.