El TSJC asume la imputación de la consejera de Cultura de la Generalitat por el 1-O

Al presidente catalán, Pere Aragonès, se le acumulan los problemas: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto este 20 de enero en el que asume la investigación contra la actual consejera de Cultura de la Generalitat, Natalia Garriga, acusada de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. En el año 2017, poco antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, Garriga era la directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidencia de la Generalitat. Sus dos jefes directos eran el consejero de Economía y vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario general, Josep Maria Jové, también encausado (a ambos se les acumulará la investigación en una sola causa) y hoy diputado de ERC en el Parlament.

Garriga fue seguida por la Guardia civil el 3 de septiembre de 2017 y sus movimientos llevaron a los agentes hasta Mercedes Martínez. Tras una reunión entre las dos, el seguimiento continuo con esta última llevó directamente a los investigadores a un almacén en un polígono industrial de Bigues i Riells. Días más tarde, en esa nave se localizaron 9.894.350 papeletas de votación y diverso material más. Natalia Garriga fue detenida el 20 de septiembre, mientras el material era incautado y en la sede de Vicepresidencia una multitud ‘secuestraba’ durante una noche a la comitiva judicial que efectuaba los registrados ordenados por la magistrada encargada del caso.

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Su detención y procesamiento, sin embargo, no se debió a la reunión con Martínez (que fue crucial a la hora de conocer cómo se estaba preparando la consulta), sino a que destinó fondos públicos al acondicionamiento de la infraestructura de recuento electoral del referéndum, que había sido considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. Precisamente, por el hecho de ocuparse de la intendencia, a los ‘cocineros’ de la consulta les han ido cogiendo después de seguir la pista del dinero público gastado.

Dos tareas principales

El auto dictado ahora por el TSJC resalta que Garriga fue procesada en abril de 2019 por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, procesamiento confirmado luego por la Audiencia Provincial de Barcelona. A la consejera de Cultura se le atribuye “el haber conseguido la cesión de varias naves industriales para el almacenamiento de documentación electoral, haber solicitado a otra persona el ‘password’ de acceso al dominio de internet referéndum.cat y haber hecho gestiones para la eliminación en dicho portal del nombre de usuario y contraseña como requisitos de acceso, para que pudiera acceder todo el mundo; y también el haber sido una de las invitadas al acto del 21 de abril de 2017 de unidad y compromiso con el referéndum”.

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Pero lo más interesante y lo que puede llevarle de cabeza a una inhabilitación de su cargo es el dinero público que se quedó por el camino en la ‘cocina’ del referéndum: Garriga, afirma el auto, había intervenido “en la localización y acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del CTTI [el organismo encargado de la seguridad informática del Govern] como un espacio multifuncional destinado a ser utilizado a modo de call center, o centro de recogida de información de diversos procesos electorales en la que fueron realizadas una serie de obras de acondicionamiento encaminadas a poder ser usada en el proceso electoral del referéndum del 1 de octubre”.

Relata el texto que Natalia Garriga firmó la adjudicación de “los proyectos básicos y ejecutivos de arquitectura e instalaciones y dirección de obras mediante cuatro contratos menores por un valor respectivo de 17.7640 euros, 17.900 euros, 17.900 euros y 16.950 euros (que totalizan 170.390 euros sin IVA), obras que debían finalizar en el mes de septiembre de 2017. El importe conjunto de las obras realizadas antes del 1 de octubre de 2017 en el local que, entre otros usos, debía destinarse a centro de recogida de datos y seguimiento del referéndum, ascendía a 1.201.654,68 eros (sin IVA)”. Por ese motivo, está acusada de malversación de caudales públicos.

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Su causa ahora se acumula a la que se lleva contra otros dos aforados: el citado Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que en 2017 era secretario de Hacienda y que hoy también es diputado de ERC. Jové y Salvadó están acusados de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

La defensa de Natalia Garriga había solicitado que fuese el TSJC el que se hiciese cargo de la causa, ya que la acusada es actualmente aforada. Curiosamente, en un escrito posterior, fechado en julio pasado, reclamaba el sobreseimiento. En el presente procedimiento en el TSJC, la defensa de Garriga pidió el archivo de la causa alegando que la contratación de obras y servicios de aquella nave se describen en el sumario como hechos atribuidos a Jové, que era su superior jerárquico. Pero el TSJC denegó esa petición.

Por tanto, el Tribunal Superior admite la causa contra la consejera de Cultura y acumula su causa a la de los otros dos dirigentes de ERC en el Parlament. La maquinaria judicial puede deparar desagradables sorpresas al Govern durante esta legislatura.