APUNTAN A UN GASTO DE CASI 3M

La Fiscalía incide en la malversación: "Así es como actúan las organizaciones criminales"

Madrigal defendió que da igual que la Generalitat no llegase a pagar estas facturas, pues la malversación se produce desde el mismo momento en el que se presta el servicio

Foto: Imagen tomada de la señal institucional de Tribunal Supremo con la intervención de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. (EFE)
Imagen tomada de la señal institucional de Tribunal Supremo con la intervención de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. (EFE)

La fiscal Consuelo Madrigal tomó la palabra tras el primer receso de la mañana. Después de que sus compañeros Javier Zaragoza y Jaime Moreno apuntalasen el uso de la violencia en el arranque de la sesión, la representante del Ministerio Público incidió en la malversación. Durante más de una hora, repasó los supuestos gastos en los que incurrió el Govern de cara al referéndum del 1-O e insistió en los métodos que utilizaron para ocultarlos: "Así es como actúan las organizaciones criminales", lanzó. Su intervención fue más técnica que las anteriores, pero entre cifra y cifra soltó perlas contra los líderes independentistas: "Han hecho de la administración catalana su particular cortijo", llegó a decir. Un cortijo que, según sostuvo, gastó cerca de tres millones para alcanzar la independencia.

Como si se tratara de una factura, la Fiscalía detalla en su escrito de conclusiones definitivas los gastos a cargo de fondos públicos que se llevaron a cabo en 'procés': el uso de más de 2.200 colegios para el 1-O (900.906 euros), la campaña para el registro de residentes en el exterior (220.253 euros), los anuncios de las vías de tren para promocionar el referéndum (277.803 euros), las facturas de Unipost por los envíos de las tarjetas censales (979.661 euros) y la cartelería (47.151). Una serie de partidas que Madrigal repasó este martes ante el Tribunal Supremo para concluir que "hubo un coste que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes". El mensaje era claro: "El inmenso derroche de fondos públicos no solo perjudicó a Hacienda, constituyó un execrable ataque a la democracia parlamentaria española".

La Fiscalía incide en la malversación: "Así es como actúan las organizaciones criminales"

Frente a la versión de las defensas, que sostienen que estas facturas nunca llegaron a abonarse, la fiscal se agarró a la postura que expusieron las cinco peritos de Hacienda durante su comparecencia del pasado 22 de mayo: "Una vez comprometido el gasto se produce esa disminución del patrimonio neto y por eso el perjuicio se considera ya realizado". En otras palabras: da igual que la Generalitat no llegase a pagar estas facturas, pues la malversación se produce desde el mismo momento en el que se presta el servicio. "Asumieron la contratación del gasto y cuantas acciones fueran necesarias para sufragar esa consulta con éxito", señaló Madrigal.

Sobre los métodos que supuestamente idearon para esconder estos gastos, la fiscal destacó el caso de Unipost: "Para disimular la cuantía, próxima al presupuesto inicial, se fraccionó el pago en cinco facturas cargadas a cinco consellerias distintas dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Toni Comin, Lluís Puig y Dolors Bassa", aseguró. Una estrategia que, según argumentó, se reflejó en las declaraciones de los testigos con los que las defensas trataron de echar por tierra el delito de malversación: "El silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente".

Madrigal denunció además que el plan del Govern consistiese en ocultar estos gastos a través de los fondos de contingencia, que "son para necesidades ineludibles como catástrofes". Un método que, según defendió, implica un "plus de antijuridicidad". En su sucesión de dardos, llamó la atención el que lanzó al 'exconseller' de Presidencia, Jordi Turull: "En esa arcadia administrativa y pulcra, el señor Turull batió récords de velocidad al conseguir en tres días la financiación para la campaña Civisme", criticó. Pero Turull no fue el único que salió mal parado: "Todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos", aseguró. "Eran la máxima autoridad de gasto y debían responder de los bienes y patrimonio públicos, y estaban advertidos por al Tribunal Constitucional de ser garantes de la no realización del referéndum y la no aplicación de ningún bien público a la consulta"

A lo largo de una hora, Madrigal soltó así una serie de perlas que se resumieron en una frase: "Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma".

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