BRONCA POR LA PERICIAL DE HACIENDA

Las peritos apuntalan la malversación: confirman el gasto comprometido de casi 1M

La presencia de tres peritos levantó una protesta unánime de las defensas que reclamaron que se suspendiera, para lo que alegaron indefensión

Foto: El tribunal del procés. (EFE)
El tribunal del procés. (EFE)

El juicio del 'procés' estrenó este miércoles una nueva fase y lo hizo con tensión. La primera pericial, a cargo de tres expertas del Ministerio de Hacienda que debían exponer sus conclusiones sobre la malversación a petición de la Fiscalía, levantó una protesta unánime de las defensas, que reclamaron que se suspendiera porque no cuentan con el informe en el que Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández apoyan sus conclusiones. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no atendió su queja y permitió que expusieran su análisis, comparecencia que sirvió para poner cifras a la acusación de malversación: su informe acredita un gasto comprometido de al menos 917.648 euros.

Las tres expertas del Ministerio de Hacienda echaron por tierra la línea de defensa de los acusados, que sostienen que como las facturas del 1-O no se llegaron a abonar, entonces no cabe hablar de malversación. "Una vez comprometido el gasto se produce esa disminución del patrimonio neto y por eso el perjuicio se condiera ya realizado", defendieron las peritos, descartando así que por suspenderse su pago, devolverse las facturas o renunciarse a su cobro por parte de los proveedores pueda descartarse el delito. Según sostuvieron, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, aspecto que se cumplió en los encargos de publicidad, puesta en marcha de webs o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.

Las expertas prestaron además especial atención en su análisis a dos organizaciones concretas: el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Explicaron que ambas entidades forman parte de la Hacienda pública catalana y, por tanto, los servicios públicos que ofrecen "no son gratuitos". También abordaron otros gastos como la publicación en diversos periódicos europeos del anuncio de un acto sobre el referéndum, así como el registro de catalanes en el Exterior, que se analizó por dos vías diferentes: el diseño del anuncio y, por otro, su inserción en prensa escrita y digital. Aunque las defensas se revolvieron y sostuvieron que no tenía sentido incluir esta campaña como un gasto del 1-O, las peritos se mantuvieron firmes.

Las expertas mencionaron de forma al 'exconseller' de Presidencia, Jordi Turull, a la hora de abordar la campaña 'Civisme' en medios, asegurando en este sentido la existencia de una solicitud de transferencia de crédito por valor de 3,4 millones de euros el 24 de agosto de 2017 que se autorizó por el Consejo de Gobierno apenas cinco días más tarde. La campaña se realizó, pero no se llegó a emitir.

Al comienzo de la prueba invervino la encargada de supervisar los gastos de la Generalitat, María del Carmen Tejera, que explicó que nunca recibieron instrucciones de sus superiores para realizar su trabajo: el grupo de conformó en enero de 2018 con ella a la cabeza y reunió a siete funcionarios que se dedicaron a la "verificación de la verdad material", labor que sirvió también para facilitar información al Juzgado de Instrucción numero 13 sobre la existencia de algún acto contable que pudiera estar relacionado con el 1-O. "Ese incumplimiento de la Ley ponía en peligro la estabilidad financiera, se vio como una clara amenaza al funcionamiento del país", manifestó.

La protesta de los abogados

Las peritos remitieron esta misma semana un 'pendrive' al Supremo en el que se adjuntan los datos que han analizado, pero no han aportado escrito alguno, situación que hizo que las defensas reclamaran la suspensión de la comparecencia. Las quejas de los abogados de los acusados provocaron entonces un receso para que el tribunal deliberara y, a la vuelta, el magistrado Manuel Marchena anunció la decisión: la sala optó por escuchar las conclusiones de las tres expertas del Ministerio de Hacienda. El lugar destinado a los testigos se multiplicó así para abarcar a cuatro personas, pues la polémica pericial se comparte con otra reclamada por la Abogacía del Estado, que pidió la presencia de una perito propia.

Las peritos apuntalan la malversación: confirman el gasto comprometido de casi 1M

Los letrados alegaron indefensión. Abrió fuego el abogado Josep Riba, que representa a Carles Mundó: "Queríamos expresar que la forma en que se va a practicar esta prueba pericial, me refiero a la solicitada por la Fiscalía, vulnera y genera indefensión a las defensas". Sus compañeros le respaldaron. "No existe un informe escrito". "No conocemos en esencia el contenido de esta prueba pericial, salvo el contenido genérico". "Los argumentos y las conclusiones a las que llegaran los peritos se producirían en este acto". "Las defensas no podríamos contraargumentar y defender nuestra tesis".

Marchena tomaba notas de sus argumentos y a continuación respondió a los mismos: "Bien, la sala en principio valora las alegaciones de las defensas. No tiene nada que replicar respecto al cuerpo jurídico que ha invocado la defensa", señaló. Pero a continuación, el magistrado recordó que las alegaciones no solo afectaban a la prueba propuesta por las acucaciones: "La práctica de esta prueba pericial se basa en la idea de si debemos rechazar una práctica pericial por la preexistencia o no de un informe conclusivo", continuó, poniendo entonces como ejemplo un caso de otra pericial, en este caso de las defensas, en la que tampoco se cuenta con informe aún.

"Si llegamos a la conclusión de que si no hay un informe en instrucción no es posible la práctica de una prueba pericial, tendríamos un inconveniente, y es que nuestro propio juicio de pertinencia se resentiría, porque la sala ha admitido una pericial médica propuesta por las defensas de Junqueras y Romeva sobre la etiología de las heridas sufridas o alegadas por la policía y sin embargo esta prueba no ha incorporado ningún informe previo que pueda servir de referencia", destacó.

Tras avisar que la resolución de la cuestión afectaba a todos, Marchena indicó que la pericial controvertida no se haría en ningún caso en vacío. "Las defensas lo saben perfectamente. No solamente es esto. Además, piensen por un momento que el cruce contradictorio de afirmaciones o preguntas va a enriquecer el conocimiento de una documentación que está en la causa desde 2018", argumentó.

La resolución

Los magistrados acordaron deliberar y, tras un breve receso, se alcanzó la resoluclón final. "La sala acuerda rechazar la alegación de indefensión, lo acuerda por unanimidad. Partimos de la base de que no puede haber una sorpresa en lo que son los elementos fácticos que van a ser objeto de respaldo de la prueba pericial, porque la pericia ha sido delimitada en su objeto con absoluta claridad: primero en el relato fáctico de las acusaciones, segundo en el mismo auto que declara la pertinencia y en la propia propuesta probatoria que realizan las acusaciones", explicó Marchena.

"Creemos que no podemos asumir acrítícamente toda una serie de preceptos que están previstos para un mecanismo supletorio, pero que, sin embargo, de alguna manera, responden a principios estructurales que no son absolutamente identificables entre los del proceso civil y los del proceso penal", manifestó el magistrado respecto a los argumentos jurídicos expuestos por el abogado Josep Riba.

"Cree también la sala que la idea que tenemos que descartar es que... ¿el juicio oral no exige como presupuesto de validez un acto sumarial, un acto procesal de respaldo? Desde el punto de vista de la actividad probatoria, es lo que nos permite que sea en el acto del juicio oral donde se desarrollen con estos principios de contradicción, publicidad y defensa la práctica y la batalla dialéctica entre acusación y defensas acerca del respaldo de la prueba pericial", zanjó Marchena. El mensaje era claro: daba igual que la prueba pericial no contase con un informe previo porque las defensas habían actuado de igual manera. Ante esta situación, unos y otros tendrán que echar por tierra las conclusiones contrarias durante el desarrollo de la propia prueba pericial.

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