EN EL JUICIO DEL 'PROCÉS'

Las conclusiones de Fiscalía: del dardo a los observadores a asumir la versión de Trapero

El Ministerio Público no alteró los delitos ni las peticiones de cárcel en la recta final del juicio del 'procés', pero sí incluye varios matices en su relato final de los hechos

Foto: Imagen capturada de la señal institucional del Tribunal Supremo de los fiscales Javier Zaragoza (i) y Jaime Moreno (d). (EFE)
Imagen capturada de la señal institucional del Tribunal Supremo de los fiscales Javier Zaragoza (i) y Jaime Moreno (d). (EFE)

Las conclusiones definitivas de la Fiscalía dan por buena la versión de los mandos de los Mossos. El Ministerio Público no alteró los delitos ni las peticiones de cárcel en la recta final del juicio del 'procés', pero sí incluye varios matices en su relato final de los hechos, fijando así una serie de diferencias respecto a su primer escrito de acusación. Tras más de tres meses y 500 testigos, los fiscales consideran que las declaraciones del mayor Josep Lluís Trapero y sus hombres añaden un aspecto que el tribunal debe tener en cuenta: los Mossos avisaron a Puigdemont de que el 1-O podía llevar a una escalada de violencia, advertencia ante la que el 'expresident' les respondió que en ese caso declararía la independencia.

La Fiscalía expone sus conclusiones definitivas a lo largo de 130 páginas, escrito en el que añade una nueva cuestión para profundizar en las reuniones que mantuvieron los mandos de los Mossos con las autoridades autonómicas a finales de septiembre de 2017. En concreto, el 26 y 28 de ese mes. Sobre la primera, recuerda que por parte de la policía autonómica acudieron el mayor Trapero y los comisarios Ferran López y Juan Carlos Molinero, mientras que los representantes del Govern fueron el propio Puigdemont y el entonces 'conseller' de Interior, Joaquim Forn. El mensaje de los 'mossos' fue claro: "Manifestaron su preocupación por la celebración del referéndum", explica el Ministerio Público.

A la vista de que los políticos no atendían su aviso, el mayor acudió a la siguiente cita con López y Molinero, pero también con los comisarios Manel Castellví y Emili Quevedo. Además de Puigdemont y Forn, también acudió Junqueras, y los policías pidieron que asistiera la entonces presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, solicitud que no fue atendida por la política de ERC. "En dicha reunión informaron a los miembros del Govern que, debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas (entre ellos, 42 comités de defensa del referéndum, estudiantes, bomberos, etc.), a la enorme movilización de personas que se iba a producir (hasta dos millones) y a los incidentes violentos que se habían producido anteriormente, era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial", explica el Ministerio Público.

Pero la clave llega a continuación, cuando se recoge la afirmación que hizo López durante su declaración ante el tribunal del 'procés' el 3 de abril: Puigdemont dijo que si durante el 1-O se producían los escenarios de violencia de los que le estaban advirtiendo los Mossos, declararía la independencia. "Los mandos policiales pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pese a ello, la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los mandos de los Mossos d’Esquadra para que facilitaran su realización a pesar de su manifiesta ilegalidad, y para que acomodaran su actuación al cumplimiento de ese objetivo", explica la Fiscalía. "Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia, declararía la independencia".

El dardo a los observadores y el papel de la ANC

Más allá de la versión de los mandos de la policía autonómica, destaca también un párrafo que incluyen en la página 75 sobre el papel de la Asamblea Nacional Catalana a la hora de fijar una fecha para la celebración del referéndum. La Fiscalía apunta en este sentido a que en una reunión celebrada en Badalona en junio de 2016, la organización entonces liderada por Jordi Sànchez introdujo un cambio sustancial en su hoja de ruta para el desarrollo del 'procés': "La aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum deberían llevarse a cabo no más allá del mes de septiembre de 2017; planteando en el citado documento la necesidad de utilizar su excepcional poder de movilización como respuesta a las acciones represivas del Estado". Con este párrafo, el Ministerio Público trata de subrayar cómo la ANC tuvo absoluta influencia en la organización del referéndum.

Además de profundizar en aspectos como el encargo a Unipost de cara al 1-O o en cómo se desarrollaron ciertas manifestaciones independentistas, otro añadido en las conclusiones definitivas apenas ocupa seis palabras, pero es todo un dardo a los observadores internacionales que se concretaron para legitimar el referéndum. En concreto, para la mujer que lideró a los mismos, la neozelandesa Helena Catt, que en su comparecencia ante el tribunal del 'procés' el pasado marzo dijo no recordar las movilizaciones del 20 de septiembre: "No conservo en la cabeza todos los detalles de lo que pasó día a día", aseguró. Las protestas de esa jornada marcaron un antes y un después para el independentismo, pero la 'observadora' que cobró 8.000 euros por su trabajo en Cataluña ya no las recuerda. Ahora, la Fiscalía añade una breve frase a la hora de mencionarla en su escrito: "Cuya ocupación profesional no es conocida".

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