Defensa de la democracia y ataque al orden constitucional: Fiscalía informa en el 'procés'

El juicio del 'procés' está a punto de quedar visto para sentencia. Cuatro meses y más de 50 sesiones después, solo quedan dos fases por cumplir para que el mazo caiga y el tribunal se retire a deliberar. Esta semana arrancará la primera de ellas, la de informes. Salvando las distancias, el trámite es similar al momento cumbre de las películas de juicios, cuando los abogados se pasean ante el juez y despliegan con ardor sus conclusiones con la intención de inclinar el veredicto a su favor. Los primeros en armar su discurso serán los cuatro fiscales, que contarán con una hora cada uno para 'convencer' de que su acusación, que implicaría si el tribunal asumiera su tesis una condena por rebelión, es la que debe prevalecer.

Según informan fuentes fiscales a El Confidencial, el informe girará sobre dos puntales: el ataque al orden constitucional que ejecutaron los políticos catalanes que se sientan en el banquillo y la defensa de la democracia que implicaría una condena en consonancia con unos actos de extraordinaria gravedad. En la primera de las cuestiones reside la diferencia entre el delito de sedición y el de rebelión. Si el primero se limita a las conductas que atentan contra el orden público, el segundo va mucho más allá.

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Pablo Gabilondo Beatriz Parera

La Fiscalía considera así que lo sucedido en Cataluña durante la última parte de septiembre y el mes de octubre de 2017 fue una revuelta político-social en toda regla. Un alzamiento público con violencia, en los términos que lo refleja el artículo 472 del Código Penal. Hubo alzamiento, fue público y se empleó la violencia, indican. "La Constitución ya no era aplicable en Cataluña, había cambiado la legalidad", destacan. Así se justifican, según su criterio las elevadas penas que reclaman, que alcanzan los 25 años en el caso de Oriol Junqueras.

En cuanto a la violencia, quizá el punto más discutido de la acusación fiscal y que ha centrado gran parte del juicio, los fiscales no tienen duda alguna sobre si la hubo. Las fuentes consultadas aseguran que solo con observar lo ocurrido en los colegios electorales se darían decenas de sediciones a pequeña escala. Tumultos que dejan de ser tales si se tiene en cuenta su organización e instrumentalización por parte de los acusados con el objetivo de alcanzar la segregación de Cataluña de España. La antelasala del 1-O, esa masiva movilización del 20-S, se agregará a estos indicios al igual que las protestas contra la Guardia Civil y la Policía.

En cuanto a la defensa, desde las instituciones del Estado, a este ataque al orden constitucional, la Fiscalía se centrará en la reacción ante lo que estaba sucediendo. Consideran un indicio el envío de 6.000 efectivos policiales de refuerzo y también el extraordinario discurso del Rey a la nación solo dos días después del referéndum. También el uso por parte del Gobierno de la nación de un mecanismo de excepcionalidad para parar la deriva: el 155 que desencadenó una suspensión de la autonomía.

El Ministerio Público ha recibido en estos días un 'capote' inesperado a sus tesis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La reciente sentencia ampara en ella la respuesta frente a una "necesidad social imperiosa". "Era necesaria en una sociedad democrática" como modo de mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. En defensa de la democracia, insistirá el fiscal.

Las defensas, contra Marchena

Tras el turno de las acusaciones, se dará paso a los informes de las defensas. Los escritos de conclusiones definitiva presentados en las últimas horas ya dan idea de por donde irá la estrategia de algunos de los acusados. Es el caso de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que comparten letrado: el abogado Jordi Pina. Los tres han denunciado una falta de imparcialidad del tribunal a lo largo de estos cuatro meses. Sobre Manuel Marchena indica que ha vulnerado el "principio de igualdad de armas" al "asumir un rol acusatorio".

Los escritos se fijan en algunos aspectos como la formulación, por parte del presidente Marchena, de la pregunta clave a Trapero sobre lo que sucedió en la reunión del 28 de septiembre con Carles Puigdemont y otros cargos del Govern, el visionado de los vídeos, la limitación de algunas preguntas a sus testigos y el uso del idioma catalán. Determinadas declaraciones -indica- "eran inmediatamente cortadas por la presidencia a la mínima que realizaban cualquier apreciación valorativa mientras a algunos testigos de la acusación se les permitió sin problemas consultar las notas que llevaban en el momento de prestar declaración".