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La cuarta parte del Govern de Pere Aragonès, con problemas judiciales
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Tienen su futuro comprometido

La cuarta parte del Govern de Pere Aragonès, con problemas judiciales

Tres consejeros están a las puertas de afrontar juicios por desobediencia, pero también hay secretarios generales y altos cargos recolocados este año en organismos

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (c), junto al vicepresidente del Govern y 'conseller' de Políticas Digitales, Jordi Puigneró (c) y la 'consellera' de la Presidencia, Laura Vilagrà. (EFE/Andreu Dalmau)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (c), junto al vicepresidente del Govern y 'conseller' de Políticas Digitales, Jordi Puigneró (c) y la 'consellera' de la Presidencia, Laura Vilagrà. (EFE/Andreu Dalmau)

El pasado 20 de diciembre el fiscal Pedro Ariche pedía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que admitiese a trámite la causa seguida contra Natalia Garriga, actual consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña por supuesta desobediencia grave. La acusación hace referencia a que en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, Garriga, como alto cargo de la Vicepresidencia (bajo las órdenes de Oriol Junqueras y de su mano derecha, Josep Maria Jové), tuvo una "clara voluntad" de "desatender los mandatos emanados de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, expresamente notificados a sus superiores jerárquicos, y de los que ella misma era plenamente conocedora, y colaborar desde su puesto en dicha Administración, en la disposición de los medios materiales precisos para posibilitar la efectiva celebración del referéndum ilegal convocado para el día 1 de octubre de 2017".

Natalia Garriga era en aquel momento directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Según el fiscal, Garriga adjudicó varios contratos menores para la ejecución de obras en la nave anexa al CTTI (el organismo que se ocupa de las telecomunicaciones) para instalar un call center en el que se recogerían los resultados del referéndum del 1-O. Esta acusación conllevaría pena de cárcel por malversación de caudales públicos, pero finalmente el fiscal la eliminó. ¿El motivo? Ese centro también fue utilizado luego para otros actos similares.

Foto: El 'exconseller' Xavier Vendrell abraza a su pareja tras ser puesto en libertad. (EFE)

Pero su labor en pro del referéndum fue mucho más intensa: el 29 de agosto de 2017, a las 8.30 de la mañana, llegó al trabajo, en la Rambla de Catalunya, en su Fiat 500. Apenas una hora más tarde, abandonó la sede de Vicepresidencia y se dirigió a la sede de la presidencia de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume. A las 10.57, salía del edificio. "Caminando, se dirige hacia las confluencias de la plaza de la Catedral con Via Laietana. Al cabo de unos minutos, levanta el brazo y da el alto a un vehículo Mercedes Benz (…) en el cual se monta y donde conversa con una mujer que se encuentra sentada en el asiento del conductor. Durante la conversación que las dos mujeres mantienen dentro del vehículo, se observa a Natalia mostrando algo en la pantalla del teléfono móvil y unos papeles a la conductora del vehículo".

Blindado como senador

La reunión dentro del coche duró aproximadamente media hora, pero fue extraordinariamente importante, porque los agentes que seguían a Natalia Garriga decidieron a partir de ese momento seguir al Mercedes y así llegaron hasta una nave industrial en el polígono Can Barri, de Bigues i Riells. Allí se encontraron con que la conductora del vehículo, identificada luego como Mercedes Martínez, se reunía con Pau Furriol, el exresponsable de la comisión de garantías de ERC y abogado de profesión. ERC blindó a Furriol nombrándole senador el pasado mes de mayo, en representación del Parlament de Cataluña.

Escamados por la conjunción de intereses, durante los días siguientes se mantuvo la vigilancia sobre el lugar. El día 2 de septiembre aparece por allí Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, que en vez de utilizar su teléfono para llamar al secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové (es decir, el segundo de Oriol Junqueras), hace la llamada desde el teléfono público de un bar cercano.

Foto: El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

"Estamos esperando a la Mercè", le comenta Sutrias al brazo derecho de Oriol Junqueras. Le comenta también que él se tiene que marchar y que "Ferran se queda al mando", a lo que es reprendido por Jové por dar nombres por teléfono. "Tranquilo, te estoy llamando desde el teléfono fijo de un local", disculpa el director de Patrimonio. "Ya, pero el mío no es un teléfono público", le corta el alto cargo de Vicepresidencia, dando a entender que podía tener el aparato intervenido.

Ese mismo día, los investigadores se llevan la gran sorpresa: a la nave de Bigues i Riells comienzan a llegar varios coches: un Renault Capture blanco propiedad de Marta Vilalta (actual portavoz de ERC), un Nissan Qashqai negro, propiedad de Chakir el Homrani (luego nombrado consejero de Trabajo de la Generalitat hasta las últimas elecciones) y un Ford Fusión negro. Tres cuartos de hora más tarde, aparecen más vehículos: un Mercedes E350 negro propiedad de la empresa Imavi, firma del empresario Vicente Pedret y un Chevrolet Captiva verde a nombre de Carola Torra.

En el volante de este último, no obstante, iba Joquim Torra, que poco después sería elegido, casi de rebote, presidente de la Generalitat. El informe de entonces de la Guardia Civil detalla que el 30 de abril de 2011, Torra "fue elegido para el consejo permanente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y también vicepresidente de Òmnium Cultural, organismo del que posteriormente ha sido también presidente".

Tras descender todos los coches, se descargan del Mercedes de Pedret y del Chevrolet "cajas de cartón y lo que parecen mesas plegables" e introducen todo ese material en las naves. Unos días más tarde, tras un registro en el local, se decomisaron casi 10 millones de papeletas y 5.903 sobres que iban a ser utilizadas en el referéndum del 1 de octubre.

Foto: El 'conseller' catalán de Empresa, Roger Torrent. (EFE / Alejandro García)

Ese relato de la Guardia Civil, aderezado con las correspondientes fotografías de los seguimientos es lo que ha dado pie para que el fiscal pida que la actual consejera de Cultura sea imputada. “

"La investigada ejerció de enlace entre su superior señor Jové Lladó y la señora Mercedes Martínez, en aras a la obtención de un lugar donde pudiera almacenarse el material electoral que debía ser utilizado en la jornada del 1-O". Según el relato de Fiscalía, Garriga logró que Pau Furriol cediese las naves.

Dos 'consellers' señalados

Si, como todo parece indicar, el TSJC acepta la investigación de Garriga, la legislatura se le presenta movida al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. De hecho, el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ya se encuentra imputado por desobediencia, junto a varios miembros de la anterior Mesa del Parlament, por haber permitido la tramitación de varias mociones sobre el derecho a la autodeterminación y una que reprobaba la Monarquía. El fiscal le pide 20 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros.

Foto: El 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell abraza a su pareja tras ser puesto en libertad. (EFE)

Otro consejero, el de Educación, Josep González-Cambray, puede tener también problemas con la Justicia: su nombre sale en el sumario del caso Voloh, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre, en un episodio muy oscuro: dada su vinculación con el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, detenido en octubre del 2020, le facilitó a este permisos para instalar escuelas de educación especial saltándose las normas y permitiendo que sus aulas tuviesen más alumnos por clase que sus competidores. Cambray, que entonces el director general de Centros Públicos, llegó a decir a Vendrell que "si necesitas algo, me lo dices… con la influencia que pueda tener".

Un informe de la Guardia Civil de mayo de 2020 explica que Vendrell llamó a González Cambray para que presionara a otro altos cargos de la Generalitat con el fin de beneficiarle. “

"Vendrell telefoneó a Josep González Cambray para pedirle que presionase, por un lado, a Pere Masó, que es el que ha de emitir el informe que necesita para Villa Bugatti y, por otro, a Maite Aymerich para que emita el informe favorable de las obras que necesita acometer en Sant Joan Despí. Josep González Cambray se comprometió a hacerlo", dice el informe, que detalla textualmente una llamada telefónica entre ambos el 25 de abril de 2020. Maite Aymerich era la directora general de Curriculum y Personalización de la conselleria de Educación, partidaria de realizar todo dentro de las normas. El papel de González Cambray en la red de la Operación Voloh está todavía bajo investigación, aunque tiene muchas posibilidades de salir escaldado del asunto, debido a su implicación con Xavier Vendrell.

Altos cargos en la cuerda floja

Pero no son solamente los consejeros los que pueden acarrear problemas a Pere Aragonès. Por una parte, los dos principales puntales de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó (exsecretario de Hacienda) tienen sus escaños pendientes de su proceso, ya que su caso está en el TSJC: ambos estaban en la cúpula organizadora del referéndum del 1.-O. Esquerra quiso blindarles y los metió en las listas a las autonómicas. Su futuro depende ahora del TSJC.

En el Govern, otro puñado de altos cargos están también a la espera de conocer que les deparan los tribunales, algunos de ellos en puestos de importancia. Jordi Cabrafiga, secretario general de Economía (es decir, el segundo del 'conseller'), aparece con profusión en el sumario del 1-O. Cabrafiga, del núcleo duro de JxCAT, era jefe de gabinete de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y fue el responsable de supervisar la web referéndum.cat, que se hizo servir para supervisar el proceso electoral.

Aleix Villatoro, actual director del Consejo Catalán del Deporte (fue recolocado el pasado mes de junio), es otro de los altos cargos susceptibles de ser inhabilitados por desobediencia: fue secretario general de Exteriores con el condenado Raül Romeva de jefe y luego pasó a ser secretario general de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores. En el mismo ínterin se encuentra Meritxell Masó, secretaria general de Salud, que durante el 1-O era la secretaria general de Gobernación.

Josuè Sallent, el hombre de confianza de Jové para crear la infraestructura de ciberseguridad, es otro de los altos cargos en la cuerda floja: en la actualidad, es director de la Fundación TiCSalut. En el 2010, aterrizó en la Generalitat como director del Cesicat, que estaba llamado a ser el embrión de los servicios de inteligencia del Govern (el CNI catalán), para pasare luego a director de Estrategia e Innovación en el CTTI, donde le cogió el 1-O. Dos decenas de cargos intermedios tienen su futuro comprometido. El deshielo entre la Administración catalana y la española ya comenzó, pero ahora toca aún pasar cuentas. La justicia es ciega.

El pasado 20 de diciembre el fiscal Pedro Ariche pedía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que admitiese a trámite la causa seguida contra Natalia Garriga, actual consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña por supuesta desobediencia grave. La acusación hace referencia a que en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, Garriga, como alto cargo de la Vicepresidencia (bajo las órdenes de Oriol Junqueras y de su mano derecha, Josep Maria Jové), tuvo una "clara voluntad" de "desatender los mandatos emanados de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, expresamente notificados a sus superiores jerárquicos, y de los que ella misma era plenamente conocedora, y colaborar desde su puesto en dicha Administración, en la disposición de los medios materiales precisos para posibilitar la efectiva celebración del referéndum ilegal convocado para el día 1 de octubre de 2017".

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