Vigilancias a altos cargos del Govern para detenerlos si llega la orden judicial

Los servicios de información e inteligencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado han acelerado en los últimos días las vigilancias a los exdirigentes del Govern de la Generalitat y miembros de la Mesa del Parlamento autonómico para averiguar en qué domicilios se alojan y alertar de elementos imprevistos o amenazas en sus rutinas, un trámite imprescindible para poder proceder a su detención si acuerda esa medida un tribunal.

El propio Carles Puigdemont ha sido sometido a esos seguimientos en las últimas semanas por si llega la orden de arrestarlo, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al dispositivo de seguridad diseñado por el Ministerio del Interior para hacer frente al desafío independentista. Los agentes han detectado que el jefe del Ejecutivo autonómico prefería dormir en la residencia oficial de los presidentes catalanes, la Casa dels Canonges, un edificio anexo al Palau de la Generalitat en pleno barrio gótico de Barcelona. Hasta el estallido de la crisis, solo utilizaba esas instalaciones de forma excepcional y pasaba la mayoría de noches en su casa de Sant Juliá de Ramis, a siete kilómetros al norte de la ciudad de Girona, y desplazarse a la Ciudad Condal para atender sus obligaciones. Este viernes, tras la votación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament, Puigdemont abandonó el Palau y puso rumbo de nuevo a su casa de Girona.

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Las Fuerzas de Seguridad del Estado ya disponían de información sobre los movimientos de los altos cargos del Govern y de otras instituciones catalanas, pero su labor de las últimas horas se ha centrado en verificar que los datos que manejaban son correctos y descartar que se haya producido alguna variación en sus pautas diarias. Se trata de un trabajo policial previo a la activación de cualquier operativo que implique la práctica de detenciones. Los servicios de información e inteligencia fijan los objetivos y facilitan sus coordenadas a los investigadores, que son los encargados de interceptarlos cuando llega el momento de la actuación.

Como informó este diario, la Fiscalía General del Estado ya tenía redactada una querella contra el Ejecutivo catalán en pleno y la mesa de la cámara legislativa ambos organismos decidían seguir adelante con la proclamación de la DUI, algo que finalmente ocurrió este viernes a las 15.27 horas. La querella será previsiblemente presentada por el Ministerio Público este lunes ante el Tribunal Supremo y acusará a los miembros del Govern y la mesa de haber cometido un delito de rebelión, castigado con entre 15 y 25 años de cárcel.

Si el Supremo acepta la petición de la Fiscalía, podrá citar a declarar a los cargos investigados u ordenar automáticamente que sean arrestados por las Fuerzas de Seguridad del Estado para asegurarse de que todos ellos quedan a disposición de la Justicia. El momento de la detención se fijaría teniendo en cuenta, entre otros elementos, la información de inteligencia recopilada por los agentes de campo en los últimos días.

Puigdemont teme que llegue ese momento desde hace semanas. Como reveló este diario, a su escolta habitual incorporó antes del referéndum del 1-O a agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra, la sección de élite del cuerpo, entrenada para actuar en casos de alto riesgo de enfrentamiento armado como atentados terroristas y liberación de rehenes. Se trataba de una medida absolutamente excepcional, según fuentes de la policía autonómica. En concreto, la labor de los efectivos del GEI consistía en realizar labores de contravigilancia del 'expresident' durante las 24 horas del día para tratar de detectar la presencia de agentes de otros cuerpos.

Sin embargo, esa situación cambió este sábado tras la activación del artículo 155 de la Constitución, el cese automático del jefe de la policía autonómica, Josep Lluis Trapero, y el nombramiento en su lugar del número dos en el escalafón del cuerpo, Ferrán López. Éste último acordó inmediatamente eliminar la escolta de la que disfrutaban hasta ahora los miembros del Govern cesados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Solo Puigdemont contará con un discreto dispositivo de seguridad, al igual que el resto de expresidentes catalanes. Tendrá menos escoltas de los que le protegían hasta ahora y, por supuesto, ya no tendrá el apoyo de efectivos del GEI.

Por las medidas especiales de protección de las que disfrutaban los altos cargos del Govern, Interior decidió incluir en el contingente de la llamada operación Copérnico a dos comandos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y unos dos centenares de agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, las unidades de élite de ambos cuerpos. Su participación habría sido imprescindible para detener a los miembros del Ejecutivo catalán antes de este viernes, por tratarse de objetivos con escolta armada. Tras la retirada de esa protección, el concurso del GEO y el GAR resultaría innecesario.

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Además de efectivos de las unidades de élite, en el despliegue también participan agentes de Información y Policía Judicial que están colaborando en los seguimientos y vigilancias. Más de 6.000 policías y guardias civiles han sido desplazados a Cataluña. Un alto porcentaje de ellos se hospeda en los tres cruceros turísticos fletados por Interior que permanecen atracados desde el pasado 20 de septiembre en los puertos de Barcelona y Tarragona.