La ANC y los CDR firman la paz para hacer frente al "Estado español" en la calle

El mantenimiento del artículo 155 es la baza que el independentismo estaba esperando para dar un paso más en su escalada de tensión política y social y plantear el próximo reto al Estado español. Se trata de un pulso de desgaste. Las consignas están dadas: hay que desgastar al Estado ante todo y hacer lo posible por adueñarse del espacio público, ya sea para realizar concentraciones o manifestaciones o para ocuparlo con mensajes proindependencia.

Fuentes independentistas reconocen a El Confidencial que cualquier avance que se pueda producir lo será, como mínimo, “a medio plazo”, ya que a corto plazo será casi imposible que el radicalismo arranque alguna concesión al Gobierno central. Y menos si todos los grandes partidos son críticos con la estrategia rupturista adoptada por el independentismo en general y teniendo a la mitad de la población en contra.

Ante este reto, la primera reacción ya está aquí: la asunción de una misma hoja de ruta, liderada al alimón por los comités de defensa de la república (CDR) y por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que este lunes ya convocaron sus primeras concentraciones de protesta ante los ayuntamientos para pedir la derogación del polémico artículo. Las acciones conjuntas de movilización en las calles se realizarán bajo el lema ‘Prou xantatges!’ (¡Basta de chantajes!). Las relaciones entre las dos organizaciones que se disputan el control de la calle no pasaban por su mejor momento. Los roces entre ambas estaban a la orden del día por ver quién era el que llevaba el timón del nuevo ‘procés’, ya que los CDR están en manos de la CUP, mientras que la ANC intenta ser la correa de transmisión de los partidos políticos y, en especial, de Carles Puigdemont. Fue precisamente la ANC la que ha tomado la iniciativa de las próximas movilizaciones, mientras los CDR no han dudado en secundar todas las movilizaciones de la entidad cívica.

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Los dos grandes instrumentos de movilización popular, pues, han encontrado ahora un punto de unión en sus estrategias, aunque en realidad están vigilantes y con recelos mutuos para intentar liderar la hoja de ruta de lo que denominan ‘proceso constituyente’, que ha de desembocar en la creación de la república catalana. La hoja de ruta es también única en cuanto a la utilización y apropiación del espacio público.

Mantener la tensión y la inestabilidad

Hay una prioridad para el ala radical del independentismo: tensar la cuerda, tal y como había ordenado Puigdemont desde Alemania en las sucesivas reuniones que mantuvo con todos los actores soberanistas. Un documento estratégico elaborado la pasada semana por Endavant, el partido que es el núcleo duro de la CUP, lo pone negro sobre blanco: “Es necesario hacer un trabajo político destinado a mantener abierto el conflicto democrático con el Estado y a combatir los intentos de apertura de negociaciones para un nuevo encaje en España”. Y más adelante advierte de que “en el contexto actual, es preciso hacer crecer y alimentar políticamente las prácticas populares de movilización independentista y mantener la tensión permanente y la inestabilidad del Parlament y de las instituciones autonómicas”.

Los duros quieren “una estrategia de unilateralidad que plantea montar toda la estrategia de contrapoder, movilización popular y desobediencia que faltó el 1 de octubre para generar una nueva confrontación democrática con el Estado”. Resaltan, a lo largo de todo el documento, que la confrontación es “democrática”, que la movilización es “democrática”, que la desobediencia es “democrática” y que cualquier acción es “democrática”, el único concepto que parece justificar la deriva unilateral y autoritaria del pensamiento radical.

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Ante ello, los duros de la CUP abogan, políticamente, por hacer oposición “al Gobierno autonómico” para “obstaculizar todas aquellas medidas continuistas”, además de apoyar “aquellas iniciativas encaminadas a fomentar el enfrentamiento democrático con el Estado” y el bloqueo de las iniciativas “que pretendan hacer avanzar el programa político del nacionalismo español”.

Los duros hablan ya de expropiar los servicios estratégicos de energía, agua, luz, autopistas o comunicaciones, especialmente “de las empresas que aprovecharon el decreto de Rajoy para marchar de Cataluña y, por tanto, negaron el derecho a la autodeterminación”. Asimismo, quieren “internalizar todas las infraestructuras de telecomunicaciones que se gestionan de manera privada” y asumir la titularidad de las que son del Estado español.

¿Hacia un partido único?

Pero el futuro aún es incierto: una parte del independentismo clama por una estrategia única. La organización Poble Lliure, el otro partido mayoritario que forma parte de la CUP, puso sobre la mesa la creación de un Congreso Nacional del Pueblo Catalán, un órgano donde se integrarían los partidos políticos independentistas y así “unificar todas las potencialidades en una sola propuesta organizativa”.

¿Se trata de un embrión de partido único? No exactamente, al menos de momento. En el documento, se afirma que “el Congreso fortalecerá el movimiento republicano porque será un espacio para debatir y confluir en los análisis y en las propuestas de acción, superando colectivamente la desorientación que hay en muchos sectores del movimiento en los últimos meses”. Para ello, se hace un llamamiento a los catalanes para que participen “de las diferentes organizaciones del movimiento republicano (CDR, ANC, Òmnium, sindicatos, ateneos y casales, colectivos locales, colectivos feministas, ecologistas, LGBTI…) y promuevan las dinámicas que tiendan a la unidad de acción”.

Este órgano estaría al margen de otros instrumentos necesarios que los radicales quieren crear y que el nuevo ‘president’, Quim Torra, ha prometido que creará: la Asamblea de Electos y el Consell per la República, “que habría de agrupar a representantes de partidos y entidades comprometidos con el proyecto republicano y que asuma la coordinación y el impulso de campañas y proyectos a todos los niveles”. También se han comprometido a evitar que los partidos constitucionalistas puedan acceder a cualquier institución de la Administración catalana. Paralelamente, en el Congreso y el Senado, “es preciso seguir una estrategia de desgaste, boicot y denuncia permanente que debilite tanto los fundamentos del régimen como cualquier Gobierno hostil al reconocimiento de nuestros derechos políticos”.

Evitar salidas individuales

Por otra parte, además del ‘agitprop’, desde Poble Lliure se alerta de que hay que evitar que haya salidas individuales de los imputados o investigados, por lo que afirman que “es muy importante el trabajo de acompañamiento de las personas represaliadas y de su entorno familiar y social”. En este sentido, su estrategia pasa por hacer ver que “todos las acciones que se hagan son legítimas, ya que se basan en la defensa por vías democráticas y no violentas del derecho a la autodeterminación, recogido por la ONU. Es preciso consolidar la coordinación de las diferentes defensas y caminar hacia una línea comunicativa también unificada, al estilo de la Comisión de Portavoces de los independentistas detenidos en 1992 en la ‘operación Garzón”. El razonamiento que se utilizará para dar cobertura ideológica a todo ello es que “solo la república nos puede llevar a una democracia real donde se respeten los derechos humanos”.