Banca pública, expropiar... Los 'Decretos de la Dignidad' que la CUP exige a Puigdemont

"Ponemos en el centro el debate político y los acuerdos programáticos. Nuestra apuesta ahora es la de hablar de materializar la república y hacer efectivos los Decretos de la Dignidad". De esta manera tan directa se expresó Carles Riera, el cabeza de lista 'cupero' en una comparecencia pública tras conocerse que Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC ya habían enfilado un acuerdo para la constitución de la mesa del Parlament y habían comenzado a negociar la investidura del próximo 'president'. Su compañera Maria Sirvent, número 2 de la candidatura, abundó en la materia: "Proponemos los Decretos de la Dignidad, que pasan necesariamente por la materialización de la república".

Pero ¿qué son los Decretos de la Dignidad, una condición indispensable para que la CUP apoye al bloque independentista en el Parlamento? De hecho, son una serie de medidas para armar "el marco republicano provisional y otorguen derechos sociales y políticos" a los ciudadanos. La ponencia política aprobada por la formación anticapitalista el pasado mes de noviembre lo especifica aún más: "Estos han de ser unos decretos que aborden y garanticen los derechos esenciales de las clases populares, convirtiéndose así en el programa marco de esta República y en una herramienta de adhesión y ampliación de su base social".

Todas esas medidas o decretos se han de basar en acuerdos programáticos con el resto de las fuerzas independentistas que regularán las principales iniciativas que deberá tomar el próximo gobierno catalán. Los acuerdos programáticos se resumen en 12 puntos que la CUP exige llevar a cabo. Si se materializan, convocará una Asamblea extraordinaria de sus bases para decidir si entra en el Govern.

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S.D.

El primero de los puntos es la elaboración de un plan de choque contra la pobreza. El segundo es más espinoso: se trata del despliegue de la Ley de Transitoriedad, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y "el impulso de los decretos republicanos iniciales, así como el impulso inmediato de medidas orientadas a ampliar los derechos de la mayoría trabajadora y popular y el despliegue de las leyes aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional".

Control de los sectores estratégicos

La tercera medida sería la creación de un banco central catalán y una banca pública de la nueva República. El cuarto, "la adopción de medidas para el control de los sectores estratégicos de la economía, como la energía, las comunicaciones y el transporte". El quinto punto es la creación de una red pública de telecomunicaciones. El sexto, "la recuperación de la titularidad, gestión y provisión pública de todos los centros que forman parte del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat)".

A continuación, los 'cuperos' exigen "la supresión de los conciertos educativos a las escuelas privadas, comenzando por aquellas que segregan al alumnado por sexo y discriminan laboralmente a las mujeres". Otro punto reclama "la recuperación de la titularidad, gestión y provisión pública de todos los centros sociosanitarios para garantizar un sistema público de socialización de la tarea de cuidados de envejecimiento y de dependencia".

El noveno punto pide "la movilización inmediata vía expropiación por razones de interés general y sin compensación de todo el parque de viviendas vacías propiedad de las entidades financieras y grandes tenedores para incorporarlas a un parque público de viviendas". El décimo punto señala la finalización del despliegue "de las fuerzas de ocupación para hacer posible un control efectivo del territorio".

Los dos últimos puntos hacen referencia al despliegue de medidas "contra la corrupción en línea con la ya aprobadas por el Parlament" y un plan de choque contra la violencia machista y contra los feminicidios. Si estos puntos son asumidos por el nuevo Govern, la formación antisistema "se muestra dispuesta a plantearse su entrada" en el mismo.