Voluntarios, papeletas de casa... Así es el referéndum 'low cost' de Puigdemont

El calificado como referéndum por los independentistas que preparara la Generalitat presidida por Carles Puigdemont tendrá tres características fundamentales: bajo coste, simplificación logística y será operado por los voluntarios de la ANC. Será, por tanto, un referéndum 'low cost', lo que supondrá que resulte más difícil que sea reconocido internacionalmente como un acto jurídico vinculante, pero que cuenta con una gran ventaja: es mucho más difícil de detener por las fuerzas del orden.

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El Confidencial

El diputado de ERC Gabriel Rufián con su impresora en el escaño del Congreso parece una broma, pero refleja a la perfección la esencia de un acto que fuentes de la Generalitat apuntan que apenas costará dos millones de euros, menos de la mitad de los cinco millones que costó el 9-N en 2014. Rufián y su impresora Samsung representan el espíritu que anima el 1-O: sí, uno podrá llegar al punto de votación con la papeleta impresa en casa. El hágaselo usted mismo es uno de los principios organizativos que hoy por hoy rigen en la Generalitat, si bien en la Administración catalana van cambiando de planes casi cada día en función de los problemas que se van encontrando o que les va interponiendo la Fiscalía. Un proyecto tan barato queda incluso a salvo de los planes de ahogo financiero que quiere aplicar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la Generalitat.

Los pueblos y ciudades pequeñas

La mayoría de los ayuntamientos de ciudades pequeñas y pueblos apoyan a la Generalitat. Son más de 700 y en ellos se prevé que se pueda votar sin problemas. En esencia, se intentará siempre que sea posible que los locales sean de la Generalitat, para no implicar más a los alcaldes, y los abrirán voluntarios de la ANC, que superan los 30.000 inscritos.

Es en estas localidades donde se prevé un mayor éxito de la consulta, también porque es en la Cataluña rural donde hay una mayor masa social favorable a la independencia. Ninguna fuente oficial de la Generalitat ha querido cooperar con esta información. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, siempre se ha limitado a señalar que no es el momento para explicar los detalles de cómo se organizará la votación.

Las ciudades grandes

En las ciudades grandes, la Generalitat utilizará los institutos pero no los colegios. Los institutos públicos son de titularidad de la Generalitat. En algunas ciudades se puede reforzar la red de institutos con centros cívicos o 'casals' de la tercera edad, pero estos edificios no supondrán ni de lejos la red principal. El Govern divulgó este sábado un vídeo a través de Twitter con las instrucciones para votar, en donde precisaba que se podrá depositar el voto entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde presentando el DNI, el pasaporte o el carné de conducir, y adelantaba que "próximamente" se haría pública la relación de colegios electorales.

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Días antes de la consulta se pedirá al director del instituto que entregue una copia de la llave. Y dicha copia se le dará a un voluntario de la ANC, junto a instrucciones básicas como la manera de apagar la alarma o dar las luces. A partir de ahí, el director del centro no asume responsabilidad alguna y son los voluntarios los que coordinan la constitución de las mesas y organizan la votación, según explican fuentes no oficiales de la Generalitat, pero conocedoras de la organización logística que se prepara. Utilizarán para ello el material electoral que habrán impreso terceros ajenos a la Generalitat, como es el caso de el semanario 'El Vallenc'.

Los institutos de la Generalitat integrarán la red básica de puntos de votación, pero se evitará que los directores asuman responsabilidad legal alguna

En caso de que haya pocos puntos de votación para ciudades de más de 100.000 habitantes, tampoco se ve como un problema: siempre puede servir para conseguir fotos de largas colas para votar. En L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, en el 9-N votaron 30.000 personas. Si la participación es similar, con los 15 institutos de la ciudad sería suficiente e incluso se podría ver gente esperando fuera, lo que serviría de imagen propagandística del 'procés'.

El cuello de botella: las tarjetas censales

El principal cuello de botella son las tarjetas censales. En teoría, la Generalitat debería haberlas enviado ya, pero ni siquiera ha confirmado que lo hará. Se tienen que enviar a cada ciudadano indicándole cuál será su lugar y mesa de votación. A dos semanas del 1-O, todavía no se han recibido. Algunas fuentes dicen que se enviará un 'mail'. En realidad, no se ha resuelto cómo se puede hacer. Igual que las 45.000 cartas en que se informará a los ciudadanos que han de formar parte de las mesas y que incluyen un manual a tal efecto. Correos se niega a tramitar estos envíos, así que aquí hay uno de los principales cuellos logísticos para la Generalitat.

A lo largo del fin de semana, la Generalitat se ha esforzado por sortear las intervenciones de material y el bloqueo judicial a las páginas web sobre el referéndum y, además de abrir dominios espejo, ha recurrido a las redes sociales para establecer canales de comunicación con los potenciales votantes; incluido el propio Puigdemont, que en un tuit ofreció trucos para acceder a los sitios de la consulta.

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Luego está qué hará cada ciudadano con esta orden si le llega, supuestamente de obligatorio cumplimiento, pero apoyada en una legalidad paralela que no reconocen ni Madrid ni buena parte del arco parlamentario catalán. Es muy probable que los defensores del referéndum acudan a las mesas. También, que los contrarios no lo hagan. La Generalitat habilitará una web en la que se pueda objetar por motivos ideológicos, pero parece una opción difícil, dado el grado de polarización en la sociedad catalana. También se puede dar el caso de que los ciudadanos que reciban la petición se presenten el 1-O pero con un notario, por ejemplo, solo para entorpecer la constitución de la mesa. En realidad, puede pasar cualquier cosa y nadie sabe muy bien qué panorama se encontrará ese día.

La informática

Fuentes del sector informático en Cataluña aseguran que no habrá una empresa que lleve el recuento de votos ni la gestión de la base de datos. Eso evita celebrar un concurso, ya no habría tiempo para ello, o llevar a cabo una designación directa de encargo. De hecho, las empresas del sector se habían negado a participar para no incurrir en manifiestas ilegalidades. Lo hará el propio CTTI, una empresa pública de la Generalitat, tras habilitar una web en un servidor seguro —y ubicado en un país donde el Gobierno de España no pueda bloquearlo— que al cierre de los colegios servirá para inscribir los datos. En un referéndum, los resultados son muy sencillos: sí, no, blanco o nulo, lo que facilita el tratamiento de estos dados.

En su dimensión informática, la simplificación de los procesos tendrá un coste: será imposible saber el resultado el mismo día que se celebre la votación

El modelo es sencillo y barato. Pero tiene algunos problemas: el recuento de votos será lento. Se puede tardar unos dos días en conocer el resultado. Algunas fuentes vinculan ese espacio de 48 horas a los dos días que se ha dado Carles Puigdemont para declarar la independencia tras el 1 de octubre. Portavoces del CTTI y de vicepresidencia consultados al respecto no han querido dar información alguna. Incluso hay rumores de que antes de las elecciones el propio Puigdemont visitará el CTTI para comprobar que esté listo para la votación. Otra pega de este sistema es que carezca de algunas de las certificaciones necesarias para validar el recuento desde el punto de vista internacional.

Bajo coste y responsabilidad

El modelo que se aplicará será de bajo coste; se habla, por ejemplo, de reciclar los ordenadores que ya se usaron para el 9-N, y de concentrar las responsabilidades en los 'consellers' y altos cargos de la Generalitat para facilitar la operativa.

Los principales problemas se prevén cuando el Gobierno ordene, a través de un juez, a los Mossos y al resto de fuerzas del orden retirar las urnas. En especial si incluye para ello a la policía local de los pueblos donde se esté celebrando la votación. Aquí las tensiones serían muy grandes, en especial en los 700 ayuntamientos en los que los alcaldes se han comprometido con el referéndum.