Montoro extiende sus poderes sobre la Generalitat a auditores, proveedores y bancos

El Ministerio de Hacienda, que encabeza Cristóbal Montoro, extiende sus poderes sobre la Generalitat no solo al control del Presupuesto sino también a los auditores, proveedores y a los bancos que financian a la administración catalana, según consta en la orden ministerial publicada en el BOE. La medida responde al paquete con el que el Gobierno quiere frenar los planes independentistas del presidente catalán, Carles Puigdemont.

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Agencias

En la práctica, el Ministerio de Hacienda pasa a tutelar a los bancos que financian a corto e incluso a los auditores de la Generalitat o los proveedores, que deberán certificar que sus servicios nos servirán para llevar a cabo el referéndum del 1-O. Es decir, todo este control financiero tiene como primer objetivo que la Generalitat no pueda llevar a cabo la consulta, que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado ilegal.

Tanto proveedores como empresas adjudicatarias deberán presentar estas certificaciones para garantizar que sus servicios no tienen como destino final el referéndum.

Los bancos tampoco se libran de este control añadido del Ministerio de Hacienda. Las operaciones financieras, incluyendo las refinanciaciones, deberán obtener el visto bueno del Consejo de Ministros. Fuentes financieras han apuntado que este último punto generará tensiones de caja en la Generalitat.

En la práctica también se intervienen las cuentas que la Generalitat tenga en bancos o entidades financieras. Así, se deberá remitir “en el plazo de 48 horas a contar desde la publicación del presente Acuerdo, el listado de los contratos, ya sean públicos o privados, de auditoría o de prestación de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes”, se señala en el BOE de forma literal.

Eso supone que Hacienda avisará a las entidades financieras que no pueden autorizar movimientos destinados a sufragar el referéndum.

Primer acreedor

Para justificar este nivel de intervención que de hecho suspende de raíz la autonomía financiera de la Generalitat y cualquier margen operativo en este sentido, el Ministerio de Hacienda hace valer su papel de primer acreedor de la Generalitat. Así, se apunta que la aprobación de leyes al margen del marco legal español y del Estatut “amenazan la sostenibilidad financiera y, en definitiva, la estabilidad presupuestaria, al generar dudas sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de la deuda pública, siendo la Hacienda del Estado el principal acreedor, con diferencia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

Cuando acabe el 2017 la Generalitat deberá al Gobierno español un total de 54.000 millones, y eso convierte al Reino de España en el primer acreedor

El BOE no lo detalla pero el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es la clave aquí. Al acogerse al FLA, en la práctica es el Reino de España el principal acreedor de la Generalitat, que va traspasando millones y millones al fondo año tras año. Al cierre de 2017 la Generalitat tendrá en el FLA un total de 54.000 millones de deuda, según consta en el documento para inversores que publica la Conselleria de Economía. Una deuda que, en teoría, debería devolver al Gobierno español.

“Las decisiones de la Comunidad, así, son una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública del conjunto del país, situación ante la que el Estado, en virtud del principio de responsabilidad”, tal y como reconoce el propio Ministerio de Hacienda en el BOE.

También se justifica la decisión como respuesta a la carta que envió el vicepresidente económico Oriol Junqueras advirtiendo a Hacienda de que no se sometía al control semanal que le había aplicado el Gobierno, lo que se califica de "manifiesto incumplimiento".

Actuación indefinida

Hacienda no fija un límite para esta intervención. En la práctica es indefinida. Por eso, el BOE apunta que esta situación de excepcionalidad “durará mientras se mantenga la actual situación que amenaza el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública y pone en riesgo el interés general”. Esto quiere decir, como mínimo, mientras Puigdemont siga en el cargo o declare la independencia, el peor escenario que se prevé en Madrid.

Se insta a Puigdemont a firmar un acuerdo de no disponibilidad de crédito. Si el presidente se niega, algo que podría ocurrir, la orden ministerial ya prevé que sea Montoro quien lo haga.