Montoro se pone al frente de la coerción a Cataluña y la deja sin 1.400 millones al mes

El Gobierno español ha puesto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al frente de las medidas coercitivas contra la Generalitat de Cataluña. Hasta el 1 de octubre, cuando se celebre el supuesto referéndum convocado por Carles Puigdemont, la receta de Moncloa es el ahogo económico. La medida más fuerte es la congelación de los adelantos de los pagos de la financiación autonómica, lo que supone que la administración catalana se queda sin 1.400 millones al mes que le llegan por la vía de los adelantos en cuenta del sistema de financiación autonómica.

La estrategia de Montoro es clara: aisla el problema de la deuda manteniendo los pagos del FLA –unos 100 millones mensuales– pero al mismo tiempo usa la financiación autonómica para dejar sin recursos a la Generalitat. Por ahora este plan le está saliendo bien porque la prima de riesgo de la deuda española no se ha visto contaminada por la crisis de Cataluña y se mantiene por debajo de los 120 puntos para el bono a diez años.

“No podemos hacer una valoración del anuncio porque no hay acuerdo por escrito. En las palabras y en la nota de prensa no se hace referencia a ninguna ley y entendemos que lo que hoy se ha aprobado no tiene amparo en ninguna norma del Estado español”, ha señalado el secretario de Economía, Pere Aragonés, para quien “estamos delante de un fraude de ley: aplicar el artículo 155 por la puerta trasera a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

La congelación de los adelantos de los pagos de la financiación autonómica deja a la administración catalana sin 1.400 millones al mes

La Generalitat amenaza con dar batalla y pedir el amparo de Bruselas para que el Reino de España no pueda hacer este uso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que emana de la legislación europea. Para Aragonés, “se está utilizando un principio usado en los Tratados de Estabilidad para ir contra la democracia, para ir contra el principio de participación política”.

El Confidencial ya adelantó el pasado mes de agosto que el Gobierno tenía en cartera medidas graduales que, sin forzar el cese de Puigdemont y su Gobierno, convertirían la Generalitat en una especie de cáscara vacía y que lo haría de manera gradual. Después de la escalada de tensión política de los últimos días, el ahorro que aplicará Montoro se encuentra en esta línea.

Departamentos paralizados

En la práctica, Montoro dejará paralizadas consellerias enteras de la Generalitat, como Territorio y Sostenibilidad, Cultura, Empresa i Coneixement, Agricultura o Presidencia, todas las que no tienen que ver con servicios públicos. La Generalitat se queda sin política. Aunque es cierto que tampoco había mucha, puesto que en los últimos meses, los acuerdos del Consell Executiu ajenos al 'procés' eran más bien escasos.

Consellerias enteras de la Generalitat quedarán paralizadas, entre ellas las de Agricultura, Empresa o Cultura, esta última muy sensible políticamente

Pere Aragonés ha criticado en declaraciones públicas que “no se podrán hacer nuevas disposiciones de gasto” y ha lamentado que “no se considera servicios públicos ni la seguridad, ni las prisiones, ni la justicia. Se pone en riesgo el funcionamiento real de la economía”.

Otra vuelta de tuerca

La Generalitat ya estaba intervenida 'de facto' como el resto de CCAA sometidas al FLA. Lo que ha ocurrido ahora es una nueva vuelta de tuerca que deja la vicepresidencia económica de Oriol Junqueras con muy poco margen de gestión propia.

Junqueras envió esta semana una carta negándose a asumir el control semanal al que le sometía el Ministerio de Hacienda, precisamente para evitar que gastase en el referéndum.

La medida de Montoro es indefinida. Por tanto, si Puigdemont acaba declarando la independencia el 3 o el 4 de octubre, la situación se iría agravando. Los pagos a los funcionarios están garantizados, si bien los hará directamente el Ministerio de Hacienda. Pero el margen para hacer política, cualquier política, se estrecha peligrosamente. Hasta diciembre, la congelación supondría 4.200 millones que ya no gestionaría la Generalitat, sino los funcionarios de Hacienda. Para cualquier gasto extraordinario, Junqueras y sus consellers deberán pedir permiso previo.