El 'rally' de casos de corrupción sigue atropellando las expectativas socialistas en Andalucía

El 26 de octubre de 2010, el PSOE andaluz se asomaba al abismo. Rafael Velasco, diputado cordobés, de pelo rizado y aires de palmero de un cuadro flamenco, presentaba su dimisión como parlamentario andaluz. La publicación de las subvenciones que la Junta de Andalucía había concedido a la academia de su esposa empujaron una decisión que fue precedida por acusaciones de "calumnias personales y familiares".

Un día más tarde, la carrera política de la nueva estrella del socialismo autonómico saltaba por los aires. El hombre de confianza de José Antonio Griñán, entonces presidente andaluz, abandonaba su puesto como vicesecretario general presionado por la contundencia de las investigaciones periodísticas.

El PSOE lo despidió con todos los parabienes, con Susana Díaz, secretaria de organización en aquellas fechas, hablando de "cacería" y cerrando filas con un dirigente que desapareció de la vida pública y que en las últimas horas ha vuelto a cobrar protagonismo al reactivarse el proceso judicial que se abrió en su contra dentro del llamado caso de los Cursos de Formación. Una instrucción que, unida a la que afecta al llamado chófer de la coca, compromete el discurso de los socialistas en una comunidad que fue su gran bastión y que otorgó la mayoría absoluta al PP en las pasadas elecciones autonómicas.

Prácticamente a la misma hora en la que el actual secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Espadas, comparecía ante la prensa para abordar "asuntos de actualidad", se conocía el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que citaba a Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión por el caso ERE.

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Los exdirigentes del PSOE, así como otras ocho personas, entre las que se encuentran familiares de Rafael Velasco —su esposa, un hermano y cuñadas—, además de exdirectores generales de la Junta, deberán comparecer por su supuesta implicación en la comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación. Cargos derivados, según se plasma en la resolución, de la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5".

Esta empresa era una academia vinculada a Velasco y que es objeto de investigación porque "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular". Estas ayudas se tramitaron a través de cuatro expedientes administrativos de concesión de fondos públicos otorgados por el SAE por los siguientes importes: 28.752,30 euros, en primer lugar; otra partida de 41.296,50; una tercera ayuda de 82.593; y una última de 41.296,50.

Velasco, al igual que su esposa, Antonia M.L. —administradora única de Aulacen 5—, y el resto de familiares, han sido citados el próximo 27 de febrero. Mientras que los cargos en la Administración autonómica deberán hacerlo el 5 de marzo.

La macrocausa de los cursos de formación se acabó diluyendo después de que se abriese una pieza para cada presunto fraude

La decisión del magistrado revitaliza una macrocausa, la de los cursos de formación, que se diluyó mediáticamente al abrirse piezas separadas de cada uno de los presuntos fraudes que se extendían por toda la región. Y enfrenta —otra vez— el discurso de regeneración que los socialistas tratan de trasladar, con el presente judicial que afecta a varios de sus Gobiernos al frente de Andalucía.

"Gobierno alternativo" de Espadas

La nueva ejecutiva regional del partido mira este rally de procesos como algo ajeno, que forma parte del pasado, por muy reciente que sea, y trata —sin mucho éxito electoral— de intensificar su oposición al PP, apoyándose en los errores de Juanma Moreno en la gestión sanitaria y asumiendo el discurso de la dirección nacional.

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Pero esta desmemoria se hace más difícil de sostener cuando la corrupción va sazonada con ingredientes casposos. La declaración este lunes del conocido como chófer de la coca reabrió la puerta del caso ERE y rememoró otras causas como la que se abrió por el pago en prostíbulos con dinero público.

Un peso que lastra a un Espadas no consigue conectar con el electorado. Actualmente, es menos conocido que cuando se hizo con las riendas del partido en la región y su desembarco como portavoz socialista en el Senado se lee como un intento por reflotar su imagen con mayor cuota de protagonismo nacional.

La sucesión de noticias judiciales compromete el discurso de la regeneración que exhibe un PSOE que ignora los procesos

En este contexto de tormenta judicial resulta complicado que las propuestas del secretario de organización del PSOE andaluz, por muy imaginativas que sean, tengan un impacto real. Este martes, por ejemplo, anunció la próxima puesta en marcha de un "gobierno alternativo" que se convierta en una opción de "progreso" para la comunidad.

Este órgano, explicó en rueda de prensa, va a "tener una labor de evaluación rigurosa y de información veraz de lo que está ocurriendo en Andalucía". Y afirmó que este paso es consecuencia de que, "sencillamente", Moreno "no quiere hablar de la gestión de los problemas de los andaluces".

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P. D. A.

El dirigente socialista detalló que este Ejecutivo alternativo tendrá diez grandes áreas: Presidencia, Portavocía, Transparencia y Gobierno Abierto; Justicia, Administración local y Función pública; Economía, Hacienda y Transformación Digital; Agricultura, Pesca y Reto Demográfico; Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agua, Energía y Movilidad Sostenible; Infraestructuras, Territorio y Vivienda; Salud; Educación, Formación Profesional, Universidad e Investigación y Deporte; Igualdad, Bienestar Social e Infancia y, también, un departamento de Cultura y Calidad Democrática.