Condenada a prisión la reina Melchor del fraude de los cursos de formación andaluces

El Tribunal Supremo (TS) decidió semanas atrás ‘congelar’ la sentencia del caso de los ERE para no condicionar las elecciones andaluzas, pero, teniendo en cuenta la cantidad de procesos en los juzgados que giran en torno a la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, era complicado que alguna sentencia no saltase estos días. Así ha ocurrido con el caso conocido como la reina Melchor del fraude de los cursos de formación y que investigó presuntas irregularidades en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades). Conductas irregulares que ponían el foco sobre su responsable. Ana María O. E., a quien, entre otras actitudes delictivas, se le reprochó que destinara dinero público para comprar caramelos y juguetes para la cabalgata de Reyes Magos de Almonte (Huelva) en la que iba a participar como rey Melchor.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado a conocer este miércoles que ha sido condenada, junto a otras tres personas, entre ellas, un hijo y un sobrino, por el desvío de fondos públicos de tres subvenciones. El juicio se celebró durante los pasados meses de febrero y marzo. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), concluye que la totalidad del déficit de justificación de las subvenciones asciende a 1.320.850 euros.

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El tribunal considera que la ex directora gerente del Consorcio es autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, ya que considera probado que las irregularidades detectadas en las contrataciones investigadas “tenían como objetivo el proporcionarles un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones, bien a través de la realización de gastos ajenos totalmente a la finalidad para los que se concedía la subvención y que obedecen a la arbitrariedad y su exclusiva voluntad (la Cabalgata de Reyes Magos, gastos en desayuno, comida con sindicatos...), o a través de las contrataciones irregulares para favorecer y darle trabajo al resto de los acusados y favorecer a familiares y conocidos, con el consiguiente empobrecimiento del erario público”.

Se considera acreditada la participación del resto de los acusados en la comisión de los hechos como cooperadores necesarios, ya que “se concertaron con la acusada, aceptando la contratación en la prestación de los servicios con el objeto de percibir ingresos excesivos por unos servicios que no quedan íntegramente constatados, justificados y ajenos, en parte, a la finalidad propia de la subvención”.

La condenada hizo pasar un desayuno de más de 600 euros como actos protocolarios

Este caso reveló un uso reprochable del dinero público que tuvo episodios anecdóticos que denotaban cierta impunidad por parte de los investigados. La acusada, “en uso de sus atribuciones, ordenó pagos y servicios de naturaleza muy variada en modo alguno relacionados con los fines del Consorcio”, como que una partida de 40.078,16 euros se incluyera en el concepto de “difusión y publicidad”.

Respecto a la distribución de estos fondos, la autoridad judicial relata que la condenada fue nombrada en 2009 para encarnar al rey Melchor por el Ayuntamiento de Almonte, de forma que, “como quiera que con ocasión de tales festejos y su participación en los mismos debía aportar capital para compra de regalos, caramelos y otros, realizó pagos vinculados a su participación en estas fiestas con fondos del Consorcio”, realizando así un gasto de compra de presentes y dulces para la cabalgata de Reyes por importe de 6.555,15 euros, mientras que “pagó con fondos del Consorcio un 'desayuno de la Cabalgata de Reyes' que costó 600 euros, que se trató de justificar ante la Junta como 'atenciones protocolarias”.

Además, y según los magistrados, la acusada destinó 9.038,62 euros de esta partida a “todo tipo de comidas” e incluyó 14 facturas en concepto de publicidad y difusión “que no guardan relación alguna con la actividad formativa, tales como 12 equipaciones de fútbol sala con publicidad de Formades por importe de 573,50 euros y otra por importe de 6.555,15 euros en concepto de golosinas y juguetes”.

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Ana María O. E., que ejerció como directora gerente del Consorcio entre los años 2006 y 2011, ha sido condenada como autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y le impone cuatro años y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público. De igual modo, tendrá que indemnizar a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros por los gastos “claramente irregulares que autorizó y que exceden claramente del objeto de la actividad de formación”. También deberá abonar solidariamente respecto de la cuantía defraudada por cada uno de los otros tres condenados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros, ya que ha quedado probada su contratación “irregular” por parte de la investigada “con el objeto de proporcionarles un beneficio económico ilícito”.

El tribunal condena a Manuel R. O. —hijo de la ex directora gerente y que realizaba tareas de mantenimiento y mozo de cuadra en Formades— y a Cristóbal O. O. —sobrino de la acusada que hacía servicio de guarda nocturno— como cooperadores necesarios de un delito continuado de malversación, en relación con los importes generados y cobrados procedentes de las tres subvenciones analizadas en la vista oral, y les impone dos años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que indemnicen a la Administración autonómica en las sumas de 452.895,82 euros y 38.495,94 euros, respectivamente.

Asimismo, condena a Juan Francisco M. L. —veterinario, docente y suministrador de medicamentos y pienso— como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, en relación con su actuación en la ejecución de las tres subvenciones concedidas, y le impone dos años y medio de cárcel, cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una indemnización a la Junta de 408.232,18 euros.

El Consorcio hizo casi cien transferencias al hijo y a un sobrino de la 'reina Melchor'

Formades fue constituido mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2001 y, hasta el año 2014 en que fue disuelto, su actividad se orientó a impartir cursos de formación ecuestre, sobre energías renovables y medio ambiente. En cuanto a su financiación, ésta siempre se hacía mediante subvenciones reguladas por la Orden de 10 de mayo de 2005 de la Junta, las cuales eran su exclusiva fuente de financiación, con la excepción de una mínima parte que procedía del cobro de matrícula a los alumnos. Éstas siempre comprendían dos partidas, una de ellas destinada a sufragar los distintos proyectos formativos, tanto para empleados como desempleados; y la otra, a inversiones para dotar de medios al organismo.

El Consorcio estaba constituido por tres departamentos —administración, formación y becas profesionales—, de forma que, para integrarlos y cumplir los fines, contaba con personal propio. No obstante, también externalizaba con terceros otros servicios que “se prestaban siguiendo siempre las directrices de la directora gerente”, como la limpieza, el mantenimiento, los mozos de cuadra, la seguridad y el servicio veterinario, los cuales “se emplearon por la gerente acusada para beneficiar a conocidos y a su propia familia”.

Cinco millones de euros

El ente “debía llevar el mismo sistema de contabilidad que rige para las Corporaciones Locales, si bien estuvo huérfano” de un control de las cuentas “ordenado”, asevera la Sección Tercera, que centra su análisis en la gestión y ejecución de las tres subvenciones recibidas por Formades para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, y que ascienden a un total de 5.550.519,2 euros, correspondiendo 3.468.042 euros a los proyectos formativos y 2.082.113,63 euros al proyecto de inversión.

Del importe total, la Junta reclamó 1.707.723,23 euros (el 30,7%), aunque posteriormente se resolvió que procedía el reintegro completo de las subvenciones concedidas en dichos años “a la vista de las numerosas irregularidades observadas”.

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A juicio del tribunal, “si bien puede decirse que ha existido actividad formativa, muchos de los cursos realmente no se impartieron, como consecuencia de la falta de presupuesto y el desvío de fondos”, añadiendo que “toda decisión de gasto se realizaba sin más voluntad” que la de la ex directora gerente de Formades.

“Siendo que el Consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, que debían ser justificados en atención a unos criterios de proporcionalidad, la acusada comenzó a contratar dichos servicios con familiares y conocidos, faltando no sólo a los más elementales deberes legales, sino soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones”, pone de manifiesto la sentencia.

En este sentido, indica que “adjudicó contratos sin licitación previa; aceptó que familiares y conocidos presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio ni puede saberse si este se hizo y de qué manera; y fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios”.

El veterinario condenado percibió más de 400.000 euros de forma irregular

“Por decisión propia de la gerente”, se contrataron servicios con su propio hijo, Manuel R.O., quien fue contratado “directamente” para la realización de labores de mantenimiento y que, en total, recibió 70 transferencias desde el día 24 de junio de 2008 hasta el día 22 de noviembre de 2011 por importe de 452.895,82 euros, las cuales “respondían a la facturación que como persona física el acusado emitía contra el Consorcio por tareas diversas, tareas que en parte no pueden concretarse ni acreditarse”. “No existe constancia ni en qué centro del Consorcio ejerció el acusado estas labores ni siquiera si las realizó en su integridad”, apostilla.

El sobrino de la acusada, Cristóbal O.O., fue contratado como vigilante de seguridad “sin licitación ni contrato ni ofertas de distintos proveedores, sin que consten determinadas sus funciones y justificación de los importes recibidos”, de manera que la ex directora gerente de Formades “adjudicó la prestación de los servicios de guardia nocturno con el objeto de proporcionarle un beneficio económico excesivo, desproporcionado e injustificado”, y todo ello “en connivencia” con su sobrino. Así, recibió 21 transferencias desde el 21 de abril de 2010 hasta el día 2 de noviembre de 2011 por un importe total de 38.495,94 euros.

En cuanto al acusado Juan Francisco M.L., la Audiencia señala que, de común acuerdo con la gerente del Consorcio, “pactó la prestación de los servicios veterinarios fraccionando estos, evitando así llegar al límite de la ley de contratos públicos”, recibiendo un total de 136 transferencias desde el 15 de noviembre de 2007 hasta el 30 de mayo de 2012 por un importe total de 408.232,18 euros.