El PP va más lejos que Kichi en Cádiz: expropiará fincas para construir viviendas

Cádiz se vacía. Desde hace años, la ciudad donde todos quieren vivir es la que más habitantes pierde de España, en un despoblamiento que nadie ha podido evitar. La falta de espacio para construir —su condición de isla la convierte en la urbe con mayor densidad de población de Andalucía— lleva a contemplar todo tipo de medidas, incluso las que, a priori, no se entenderían fuera del término municipal. Tanto es así que el PP, recién llegado al Gobierno municipal, ha cogido el toro por los cuernos e irá más allá que Podemos en su gestión del problema: expropiará a los propietarios que no cumplan con sus inmuebles para ponerlos en funcionamiento.

El nuevo alcalde, Bruno García, ha anunciado que abrirá expedientes de expropiación contra decenas de fincas y solares abandonados en los que pretende construir viviendas públicas. Se trata de espacios ubicados en el centro, en estado de ruina y sin cumplir las medidas de seguridad desde hace años, que la izquierda no había intervenido cuando tuvo la oportunidad. La ciudad había estado gobernada desde 2015 por el anticapitalista José María González Kichi, miembro de Podemos en los primeros años y una de las caras más visibles de Adelante Andalucía tras la ruptura entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias. Pese a sus planteamientos iniciales, en el tiempo que tuvo el bastón de mando no llegó a poner en marcha ni un solo procedimiento, una operación que conlleva un complejo procedimiento administrativo, costoso y prolongado en el tiempo.

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En estos momentos, Cádiz tiene más de 100 fincas o solares vacíos con capacidad para 900 inmuebles, según un informe elaborado por el Gobierno municipal tras la llegada de Kichi al poder. El dato es sorprendente en una ciudad donde encontrar un piso es misión imposible: hay casi 5.000 demandantes de vivienda protegida y la iniciativa privada vende bloques completos —los pocos que se proyectan— sobre plano en apenas unas horas. Muchas de esas fincas ahora señaladas están en estado de abandono, lo que permite al ayuntamiento explorar las expropiaciones por incumplimientos en materia de seguridad a través de la ley de expropiaciones forzosas. Y al Gobierno del PP, que pretende levantar el mayor número de pisos, no le temblará el pulso.

“Es complicado, porque la propiedad privada está muy protegida legalmente, pero en esta ciudad nunca hay viviendas de sobra”, expresan fuentes del Gobierno municipal, que niegan un afán expropiatorio per se. “No es una expropiación ideológica, sino urbanística. Ni de izquierdas, ni de derechas”, añaden. La fórmula había sido utilizada por la alcaldesa Teófila Martínez, también del PP, hace dos décadas. Durante sus 20 años de mandato, inició más de 80 expedientes de expropiación, con los que se crearon barrios enteros. Adelante Izquierda Gaditana, la formación heredera de Kichi, defiende que a su llegada al poder había edificios suficientes de titularidad municipal para construir sin necesidad de gastar dinero, motivo por el cual no llegaron a expropiar ninguno de estos espacios. Uno de los méritos de su paso por el Gobierno municipal es haber recortado la deuda del ayuntamiento de forma notable.

El ayuntamiento ya tiene en el radar dos fincas para levantar viviendas en alquiler con opción a compra tras la expropiación

El anterior Gobierno recibió un consistorio endeudado y sin capacidad para financiar grandes operaciones, por lo que frenó la iniciativa de ampliar el parque público. Con las cuentas más saneadas tras la crisis, las distintas administraciones han anunciado la construcción de hasta 2.500 pisos sociales para resolver el problema, aunque son muy pocos los que estarán listos a corto plazo. El método de la expropiación requiere un largo procedimiento administrativo que puede extenderse años, por lo que el nuevo alcalde ha activado los trámites nada más llegar al poder para cumplir con su objetivo. Ya hay dos fincas en el radar que, tras recibir varias infracciones y multas, podrían ser adquiridas. El objetivo es construir viviendas a través de la empresa municipal y ponerlas en alquiler con opción a compra a jóvenes gaditanos para que no tengan que irse de Cádiz.

Hace unos años, era habitual que los propietarios descuidasen las fincas menos rentables, en las que aún vivían inquilinos de renta antigua, con un alquiler muy bajo y de larga duración. Estos se negaban a abandonar el inmueble, por lo que el coste del mantenimiento era muy elevado y el bloque iba desgastándose con el paso del tiempo. En los últimos años, el potencial económico de la vivienda turística ha promovido que algunos de esos espacios sean rehabilitados para ser destinados a alojamiento vacacional. Sin embargo, la reconversión ha dejado de ser una alternativa tras la suspensión de las licencias aprobada por el anterior Gobierno y mantenida por el PP, que ahora quiere intervenir aún más desde lo público.

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"Nuestro objetivo es doble: por un lado, buscamos que se cumpla con la legalidad y la seguridad y, en el caso de no ser así, la ciudad podrá contar con espacios para la construcción de vivienda pública, que es una de nuestras principales prioridades", explicó García. Según la ley, en primer lugar, el ayuntamiento deberá instar a los propietarios a que actúen en la finca tras un requerimiento por el mal estado del espacio. Si no hay respuesta, a partir de ahí comenzaría el procedimiento judicial para cerrar un justiprecio, en un procedimiento que puede extenderse entre dos y tres años. Las operaciones, apuntan fuentes municipales, pueden rondar los 150.000-250.000 euros, aunque permitirán habilitar un espacio que no se encuentra en otras partes de Cádiz.

Desde Adelante Izquierda Gaditana no se oponen a la operación, aunque piden que se haga para destinar los pisos a alquiler social y no a "especular". Además, instan al ayuntamiento a empezar por los edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. "Cuando llegamos en 2015, había muchos edificios de titularidad municipal para rehabilitar y construir nuevas unidades en alquiler sin necesidad de gastar un dinero que no se tenía en expropiaciones", defienden. El PP insiste en la falta de voluntad política durante el anterior mandato y recuerda que apenas se entregaron ocho llaves de vivienda pública por año. “Ahora nosotros lanzaremos el mensaje a los propietarios: no pueden tener fincas cerradas y cayéndose a cachos”, sentencian fuentes municipales.