Revuelta social por 'la ciudad comercial' del Celta: recalificaciones y expropiación

El Celta de Vigo vive un momento de comunión con su hinchada, ilusionada con una operación retorno que ha devuelto al club a jugadores de la talla de Rafinha o Denis Suárez. Pero la paz no es completa. Más allá de los resultados deportivos, su proyecto para sacar adelante una ciudad deportiva y comercial ha desembocado en una revuelta vecinal, que tuvo su incidente más grave en la reunión en la que la alcaldesa de Mos, ayuntamiento limítrofe con Vigo, pretendía explicar este martes a los vecinos todos los pormenores.

Se hará con una recalificación masiva y mediante expropiación forzosa, una decisión que ha desatado la ira de numerosos propietarios. La reunión con la regidora se tuvo que suspender, después de un enfrentamiento con la policía que acabó con varios heridos.

Es el nuevo capítulo de un conflicto que arrancó cuando el presidente y dueño del Celta, Carlos Mouriño, empezó su confrontación con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Es una lucha de titanes en la que ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer. Primero fueron las diferencias de criterio sobre la renovación de Balaídos, un estadio municipal que están reformando el Ayuntamiento de Vigo y la diputación provincial, con una obra que según el club no cumple los estándares de calidad. Después llegaron las ofertas de Mouriño para comprar el estadio y las demandas de terrenos para crear un centro comercial y deportivo en Vigo. Ante la negativa del socialista Abel Caballero, Mouriño encontró amparo en la Xunta y el Ayuntamiento de Mos, que controla el PP.

El consistorio de Mos comenzó por conceder una licencia para dos campos de entrenamiento ya en obras, pero el club metió la maquinaria sin haber gestionado la titularidad del resto de los terrenos que necesita para el proyecto, ni la autorización autonómica necesaria para el centro comercial con el que espera obtener rentabilidad de un ámbito de casi un millón de metros cuadrados. En cuanto a la parte deportiva, contará con siete campos de fútbol reglamentarios, un estadio para el equipo filial, un pabellón, una piscina y pistas de tenis. De la comercial no han trascendido tantos detalles, aunque Nidia Arévalo —alcaldesa de Mos— deslizó la posibilidad de que incluya una tienda Ikea.

Arévalo avanzó la inclusión del codiciado gigante de la decoración y muchos otros detalles que ayudan a comprender que el proyecto del Celta desborda ampliamente el concepto deportivo. Lo hizo en una rueda de prensa para dar respuesta a los incidentes del martes, al ser interpelada por la declaración de interés público que ha decidido conceder al complejo. No habló de campos de fútbol, sino de Ikea, MediaMarkt, Hipercor y Primark, cines y restaurantes. Todo ello, con una generación de empleo de 25.000 puestos de trabajo, “el 25% del que tiene Mos”. “Pues claro que es de interés público”, se despachó.

Para llevar adelante el proyecto, el Ayuntamiento de Mos, con mayoría absoluta del PP, impulsará el próximo lunes una recalificación total de todos los terrenos afectados a través de una modificación de su Plan General, que ya ha recibido el visto bueno de una Xunta plenamente identificada con las ideas de Mouriño. Así, la zona afectada, clasificada en buena parte como suelo rústico de protección forestal, pasaría a ser declarada urbanizable, y se habilitaría además el método de expropiación forzosa. Se despeja así una negociación que se preveía difícil, ya que el Celta estaba obligado a llegar a acuerdos con los propietarios de 1.302 fincas particulares, con una superficie media de 753 metros cuadrados, aunque en su mayoría no llegan a 500.

La expropiación directa permite impulsar el complejo comercial y deportivo sin el acuerdo con los titulares de los terrenos. Con esta fórmula, en el caso de que el Celta no consiga el suelo codiciado mediante una negociación directa, el Ayuntamiento de Mos estará facultado para llevar a cabo la compra obligatoria a través de una tasación conjunta, hasta completar los 980.448 metros cuadrados afectados. A continuación, el Celta gestionaría su propiedad mediante un concurso público, en competencia con otros posibles pero improbables licitadores. El sistema de venta obligatoria a precio tasado, conocido estos días, fue precisamente el que disparó la tensión entre los vecinos, y derivó en los incidentes del martes.

En un modelo como el elegido, los propietarios que no alcancen un acuerdo con el Celta ni acepten el precio que fije el ayuntamiento tienen la posibilidad de recurrir a los tribunales, pero irán igualmente a la tasación conjunta. El Celta podrá así disponer de ellos antes de pagarlos. Pero este método requiere la declaración de interés público, una condición que Arévalo defiende con ahínco. “¿Alguien puede dudar de que esto es de interés general?”, se preguntó la regidora, que comparó el proyecto de la sociedad anónima deportiva con el aeropuerto de Vigo —ubicado parcialmente en terrenos de Mos— y con otros grandes desarrollos industriales del municipio.

Los beneficios para Mos son de índole económico. Según detalló la alcaldesa, ingresará más de siete millones de euros en concepto de impuesto de construcciones y un canon anual de un millón por el IBI, en un ayuntamiento con un presupuesto de unos 10 millones de euros anuales. Para tranquilizar a los vecinos, la alcaldesa resaltó que la venta obligatoria depende del ayuntamiento, “no del Celta”, y aseguró que se va a llegar a un acuerdo con los propietarios. “La expropiación depende del 'concello', no del Celta, y nosotros no vamos a hacer ninguna expropiación forzosa, solo aceptamos una negociada”, prometió, además de asegurar su voluntad de “buscar consenso”.

Las palabras de la alcaldesa no han hecho mella en la comunidad de montes de Tameiga, propietaria de la mayoría de los terrenos que interesan al Celta, que anunció que iniciará una batalla comercial en cuanto el pleno apruebe la recalificación. Cuenta con el apoyo de los grupos de la oposición, que califican el proyecto de “destrozo ambiental, social y económico”.