La expropiación de tierras abandonadas en Galicia choca con el Gobierno central

En Galicia entró en vigor en mayo una ley, la de Tierras Abandonadas, que ha sembrado la preocupación en el Gobierno central. Un total de 44 de sus artículos han sido objetados por distintos ministerios, que acusan a la Xunta de extralimitarse en sus funciones e invadir competencias reservadas al Estado. Entre las disposiciones afectadas, una llama especialmente la atención en pleno debate sobre el presunto carácter confiscatorio de la Ley de Vivienda, como ha denunciado el PP: la posibilidad que se atribuye la comunidad autónoma de expropiar fincas de propietario desconocido. La comisión bilateral Xunta-Estado negocia ya una nueva redacción, después del preaviso dado por Moncloa al Tribunal Constitucional por si tuviera finalmente que intervenir.

Como el nombre de la ley sugiere, su objetivo es poner la tierra abandonada a disposición de quienes la quieran trabajar, una posibilidad de gran trascendencia en un territorio minifundista como el gallego. Se calcula que ascienden a 320.000 los predios de propietario desconocido, aunque el número de fincas sin dueño o ilocalizable es todavía mayor. Según el 'conselleiro' de Medio Rural, José González, hay provincias como Ourense en las que una de cada tres parcelas podría no tener propietario. El rescate de toda esta superficie se considera clave no solo para la producción agroganadera y forestal, sino también para la recuperación de aldeas y para la limpieza de franjas en la lucha contra los incendios.

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Para poner en valor esos terrenos, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo impulsará una revisión de la titularidad de aquellas tierras "en las que exista un interés para recuperarlas". Si no localiza al dueño, las incorporará al Banco de Terras para su explotación, pero dará cinco años a los posibles propietarios para que acrediten que les pertenecen antes de que su titularidad pase definitivamente a manos de la Administración autonómica. Si pasado ese período no aparece el legítimo titular, cualquiera que quiera disputarle después la propiedad tendrá que recurrir a la vía judicial.

La ley, que se aprobó con el voto en contra del BNG y la abstención del PSdeG, incluye una amplia reforma del Banco de Terras de Galicia (Bantegal), un instrumento impulsado en 2007 por el Bloque durante el gobierno bipartito con los socialistas, en su día duramente criticado por el PP por considerarlo "expropiatorio". Es un organismo mediador entre los productores que precisan de tierra y lo propietarios que la quieren arrendar, que cuenta entre sus competencias con la de rescatar fincas del abandono y ponerlas a disposición de agricultores o ganaderos. Sus resultados han sido más bien modestos, con demoras de hasta cuatro años para conseguir una parcela.

Las negociaciones tienen un plazo máximo de seis meses. De no haber acuerdo, las diferencias se ventilarán en el Tribunal Constitucional

Los artículos en discusión en la comisión bilateral constituyen el núcleo central de la propia ley. El Gobierno discrepa de las novedades incluidas en el Banco de Terras y rechaza que la Xunta pueda adquirir la propiedad de fincas abandonadas. La norma, una de las más importantes de la legislatura en Galicia, atribuye a la comunidad la posibilidad de hacerse con bienes inmuebles —tanto fincas como edificaciones— abandonados y con valor agrario. El procedimiento para su recuperación corresponde actualmente a la Administración General del Estado, pero con la nueva normativa regional, la Xunta se considera autorizada para hacerlo, con el condicionante de la vocación agraria de los terrenos y la finalidad de ponerlos a producir. El Gobierno central lo interpreta como una invasión de competencias.

Pero sus objeciones no acaban ahí. También se opone a otras disposiciones que afectan a la creación de aldeas modelo, los incentivos económicos, las tareas de control e inspección o la creación de polígonos agroforestales como cortafuegos por el tipo de vegetación cultivada. Las negociaciones tienen un plazo máximo de seis meses. De no haber acuerdo cumplido ese horizonte, las diferencias se ventilarán en el Tribunal Constitucional.

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Uno de los puntos fundamentales de la discusión tiene que ver con la competencia exclusiva del Estado sobre el catastro, con un papel crucial en la recuperación de tierras, la delimitación de fincas, la identificación de propietarios y el cálculo del precio de los predios. Con la nueva ley, un ente autonómico, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), puede realizar una revisión geométrica y topográfica para conocer sus límites con precisión con vistas a su incorporación a Bantegal. Agader pretende negociar también la actualización del catastro sobre variación de los lindes y ubicación de las fincas, a lo que el Gobierno se opone.

El Estado rechaza asimismo la redacción del artículo que establece que la comunidad autónoma podrá establecer medidas financieras de incentivo para la recuperación de tierra agraria. En cuanto a las disposiciones que regulan las funciones de control de la Xunta sobre las fincas del ámbito de aplicación de la ley, el rechazo se debe a la competencia que la Administración autonómica se asigna para acceder a documentación industrial, mercantil y contable de las empresas objeto de inspección.

Las negociaciones en la comisión bilateral son habituales para dirimir diferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas

Las negociaciones en la comisión bilateral son habituales para dirimir diferencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, recientemente se crearon grupos de trabajo para discutir leyes como la de Pesca Continental, aunque no fue ese el procedimiento elegido por Sánchez para oponerse a la Ley de Salud que posibilitaba la vacunación obligatoria, y que fue directamente recurrida ante el TC, como lamentó en reiteradas ocasiones Feijóo.