Moreno se abre ahora a buscar "alternativas" con la UE y modificar la ley de Doñana

Pocas horas después de hacer pública una carta en la que la Junta defendía la ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana, Juanma Moreno se abre a cambiar la norma. El presidente del Ejecutivo andaluz, en un acto electoral del PP de Madrid, ha admitido que está dispuesto a modificar el texto que se está tramitando en el Parlamento andaluz. Y con un matiz que no es baladí, ya que los cambios que plantea introducir serán los que sugiera la Comisión Europea, con quien la Junta se reunirá el próximo 3 de mayo con intención de "aclarar" el contenido de la ley que ha provocado un apercibimiento de multa por parte de Bruselas.

Moreno hace estas declaraciones públicas horas después de que el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, reiterase su posición en una respuesta al grupo socialista en la Eurocámara. El dirigente europeo afirma en su misiva que es "consciente" del texto que PP y Vox impulsan en la Asamblea regional y que puede suponer un incumplimiento de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de la UE impuso en 2021 a España por el deterioro de Doñana y, por lo tanto, infringir la "legalidad medioambiental europea".

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En la carta de la dirección general de Espacios Naturales Protegidos que responde a la primera alerta de Bruselas, el Gobierno andaluz ofrece a la Comisión una visita para que puedan conocer la realidad de Doñana in situ. Pero no habla de cambios en el texto más allá de explicar que no afecta al acuífero que hay bajo el humedal andaluz y aboga por la llegada de 50 hectómetros cúbicos al Condado de Huelva para hacer compatibles la actividad de los agricultores de los frutos rojos con la conservación del parque.

En Madrid, Moreno ha combinado la defensa de la norma con esa posibilidad de modificarla al gusto de Bruselas. Según el presidente de la Junta, el texto deja claro que "no se puede tocar el agua del subsuelo" y plantea una "reordenación de un territorio en situación de alegalidad que tiene atrapadas en un limbo a familias y trabajadores". Se refiere así a un colectivo de "decenas" de trabajadores que se quedaron fuera del reparto de 2014 y que necesitan unos tres hectómetros cúbicos para poder mantener unas 750 hectáreas

Ha manifestado que están abiertos a recibir todas las propuestas que considere oportunas: "Si hay que darle una vuelta o ser más flexibles"

Moreno ha defendido que, si el Gobierno central no está de acuerdo con el contenido de la proposición de ley, que plantee cuál es su "alternativa" y estarán dispuestos a estudiarla. Ha lamentado que el Ejecutivo nacional no haya querido "nunca" sentarse para hablar de un "problema" en esa comarca que "existe y es una realidad", y al que hay que buscar una solución. En una carta remitida a Teresa Ribera, el propio Juanma Moreno se ofrece a armar una delegación conjunta con miembros del Ministerio de Transición Ecológica y de la Consejería andaluza de Sostenibilidad para detallar la propuesta de PP y Vox a los responsables de la Comisión.

Con las posturas tan lejanas que mantienen Junta y Gobierno en este asunto, parece difícil, pero el titular andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, estará en Bruselas en unos días acompañado de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Ambos tenían la misión de explicar a Sinkevicius el texto, pero ahora Moreno les ha encargado la tarea de recoger los matices que Bruselas quiera hacer a la proposición de ley e incluirlos en la tramitación. Hay que recordar que PP y Vox son los impulsores de la norma, como recuerda la Junta en sus alegaciones a la Comisión en un intento por eludir la responsabilidad del Gobierno autonómico respecto a la iniciativa legislativa.

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"Si hay que darle una vuelta o ser más flexibles en algo, sin ningún problema", ha defendido Moreno. En la carta que la Junta hizo pública en la noche del jueves, el Ejecutivo autonómico admite a Bruselas que, al tratarse de un texto en tramitación, se desconoce el resultado final, y así justifica que es imposible conocer la afección real que tendrá la norma una vez que se apruebe. El presidente de la Junta ha recordado, además, que por el camino que le queda a la ley en el Parlamento regional todavía tendrán que pronunciarse los agentes sociales entre los que estarán los agricultores, pero también los ecologistas y los científicos del parque nacional de Doñana, que se han mostrado abiertamente en contra de la ley por las consecuencias que tendrá en la conservación del espacio natural.

El presidente de la Junta no ha dejado pasar la ocasión para criticar al Gobierno central, al que acusa de intentar "rentabilizar" la polémica sobre Doñana "en términos electorales". No es casualidad que Pedro Sánchez aludiese desde Burgos al asunto pocas horas después de la toma en consideración de la ley. Ni tampoco lo es que este jueves acudiera a Doñana en una visita exprés a la Estación Biológica del CSIC. "Viene en Falcón para hacerse una foto electoral en Doñana" sin que se comprometa a poner recursos ni a ejecutar las obras que son competencia del Estado y que están recogidas en la Ley del Trasvase de 2018, según ha manifestado Moreno.

Es ahí donde el PP y la Junta están centrando su reacción a las críticas del Ejecutivo andaluz. La tesis de San Telmo es que hay agua suficiente en el Tinto-Odiel-Piedras para seguir cerrando pozos que pinchan el acuífero de Doñana y que haya agua en superficie para los agricultores. Para que eso ocurra, es necesario que se finalicen varias obras responsabilidad del Gobierno de Sánchez. Pero esa estrategia va de la mano de otra que intenta aprovechar el desembarco del líder socialista para presentar a Moreno como defensor de los intereses de Andalucía.

"Sánchez está haciendo electoralismo y del barato, y por eso se le está volviendo en contra", ha indicado el presidente, quien ha criticado la "romería" de ministros en Andalucía y que se vayan además a Bruselas a "hablar mal" de esta comunidad y de los agricultores y a criminalizar a los regantes. Ha pedido a Sánchez que "deje ya de pisotearnos en Andalucía" y se ha mostrado convencido de que, si esto lo hubieran hecho en País Vasco o en Cataluña, "no veríamos nada de esta polvareda".