Andalucía se asoma a un verano con cortes de agua y una caída del PIB por la sequía

Restricciones de agua para el consumo en zonas del interior de Andalucía y una posible caída del PIB por el impacto de la sequía en el sector primario. Este es el escenario que contempla el Gobierno andaluz después de cinco años con lluvias por debajo de la media, y mes y medio sin que caiga una gota de agua en la comunidad más poblada de España. “Es un asunto de Estado”, ha espetado Juanma Moreno tras presidir el comité de expertos sobre la sequía que el malagueño instituyó el pasado otoño y que se reunía por tercera vez desde entonces.

El cálculo que hacen en San Telmo es que la falta del agua y su efecto en el trabajo de agricultores y ganaderos ha provocado que el PIB se haya encogido en un punto porcentual en 2022. El 5,2% de aumento registrado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) podría haber sido un 6,2% si no fuera por la sequía, admiten en el Ejecutivo autonómico. Pero la previsión es peor, ya que se trata del segundo año con esta situación y la caída en 2023 podría llegar al 7% según un informe de la Universidad Loyola Andalucía.

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En materia de suministro de agua, la Junta descarta problemas en las grandes ciudades, que tomaron nota de la gran sequía de los 90 y tienen suministro asegurado todavía para largo tiempo. Pero es probable que la situación en la zona del Guadiato, en el norte de Córdoba, pueda repetirse en otras zonas del interior de la comunidad. En esta comarca cordobesa, el agua ha sido declarada no apta para el consumo y la población recibirá cinco litros por día en camiones cisterna para consumo propio y cocinar.

Para paliar esta situación, el Gobierno de Juanma Moreno aprobará el próximo martes un tercer decreto de sequía con 163 millones de inversión. Esta norma viene a sumarse a los 140 millones de dos decretos anteriores que ya tienen las obras al 80% de su ejecución. La novedad es que, además de los proyectos de emergencia, el Ejecutivo andaluz va a liberar 40 millones de ayudas al sector agrario y ganadero. Según explican desde la Consejería de Agricultura, habrá ayudas directas, pero también una prórroga de la suspensión del canon del agua para explotaciones y otras empresas relacionadas con el sector, como las fitosanitarias.

“Es una tormenta perfecta”, ha ilustrado Moreno, que ha aludido a la sequía, una PAC “claramente negativa”, a la subida de costes provocada por el alza de la inflación y a la “competencia desleal” de terceros países. El escenario que ha dibujado Moreno es tan poco halagüeño como el que pintó un día antes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, a pesar de que parte del discurso del presidente de la Junta es un tirón de orejas a la gestión que este organismo hace en la cuenca que ocupa el 66% de la superficie andaluza.

303 millones en obras hidráulicas

En el Gobierno andaluz ponen el foco en las obras hidráulicas que la CHG, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha hecho en la demarcación del Guadalquivir. Son, según la Junta, obras por valor de 9,7 millones de euros, dato que el Gobierno central rechaza. Enfrente, Moreno coloca los 303 millones de los tres decretos de sequía y “1.500 millones” en obras hídricas que se han puesto en marcha entre 2019 y 2022, en el primer mandato del malagueño en la Junta. La mayor parte de estos proyectos son mejoras en las canalizaciones para evitar las fugas de agua y ampliar las conexiones entre los distintos sistemas que controla la Junta.

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Moreno también ha afeado que la mesa nacional de la sequía que se celebra este miércoles esté presidida por un “subsecretario”. “A qué están esperando para tomar conciencia del problema”, ha criticado el presidente andaluz, que ha reclamado un impulso en varias de las obras cercanas a Doñana y de la que depende la llegada de más agua superficial al Condado de Huelva, el epicentro de la batalla del 28-M andaluz tras la tramitación de la ley de ordenación de los cultivos en esta comarca onubense.

“No les gustan los pantanos, no les gusta el trasvase, no les gusta la desalación de agua”, critica una fuente del Ejecutivo andaluz, que ha llegado a asegurar que el Gobierno central “no tiene política de agua”. Hay que recordar que el Ejecutivo andaluz solo tiene competencia en materia de aguas sobre el 33% de la superficie de Andalucía. Se trata de las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras, en Huelva; la Guadalete-Barbate, en Cádiz, y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que se extienden desde Málaga a Almería, pasando por Granada.