Un error judicial da al traste con un caso por secuestro y probable asesinato en Marbella

Un fallo a la hora de solicitar la prórroga de la instrucción de la causa ha dado al traste con la investigación que señaló a seis individuos por su presunta vinculación con el secuestro, desaparición y probable asesinato de un empresario holandés ocurrida en Marbella hace dos años y medio.

Es lo que atestigua un auto emitido el pasado 10 de abril por el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad marbellí y que implica el “archivo y sobreseimiento” de las actuaciones contra Z.H., A.T.Y., N.B., C.M.Y. y N.B.Z., lo que implica la eliminación de “cuantas medidas cautelares se hubiesen acordado con respecto a los mismos”.

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Aunque contra esta medida cabe recursos de reforma y apelación, lo cierto es que la acusación particular ejercida por el penalista Javier Muriel se muestra pesimista sobre el recorrido que puedan tener. “El Tribunal Supremo (TS) es claro en este sentido”, apuntaba, antes de explicar que la familia de la víctima, Jamal B., está valorando interponer una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una demanda de responsabilidad civil.

“Estamos ante un error en cadena de la administración de justicia”, advierte el letrado, que recuerda que “hablamos de una vida”. “¿Cómo se le explica a sus seres queridos que no se podrá perseguir a los sospechosos de la desaparición por un error judicial?”, cuestiona al ser pregunta sobre la reacción de la familia al conocer la resolución.

El contexto en el que se produce lo que el abogado tilda de “ejemplo de desidia” es clave un cambio legislativo aprobado en julio de 2020 —un mes antes del secuestro— que afectaba al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Éste “regulaba la duración de la fase de instrucción penal con la instauración de un sistema de plazos” y requiere que el Ministerio Público y el instructor del caso deban solicitar la continuación de las pesquisas cuando lo crean justificado. Lo ocurrido en esta causa, como se refleja en el auto, es que hubo un momento en el que no se realizó este trámite.

El actual juez del caso, tras la reclamación de la defensa, “declara la nulidad de actuaciones acordadas desde el 20 de enero de 2022”

“Se constata que efectivamente, tras prórroga de la instrucción acordada el 19 de julio de 2021, por plazo de seis meses, no se produce una nueva hasta el 23 de agosto de 2022. Esto significa que todas las diligencias de investigación acordadas a partir del 19 de enero de 2022 no son válidas”, señala el juez que actualmente instruye el caso, que estima el recurso de uno del abogado defensor de Z.H. y “declarar la nulidad de actuaciones acordadas desde el 20 de enero de 2022”.

Esta medida implica invalidar la parte mollar de una investigación llevada a cabo por la Sección de Crimen Organizado de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol que se inició en agosto de 2020 y que ha requerido un complejo trabajo policial que ha sido desarmado por la “incompetencia” del aparto judicial. La parte invalidada, entre otras cuestiones, contiene “los fundamentos de participación de cada uno de los presuntamente involucrados en el secuestro” o “el histórico de las geolocalizaciones” de la baliza que se puso en el coche de la víctima, se recoge en la resolución del citado juzgado, en la que se especifica que las indagaciones —parcialmente— proseguirán contra el sexto investigado: N.M. No obstante, recuerda que sólo podrán utilizarse en su contra las diligencias acordadas antes de que erróneamente no se solicitase la prórroga de la instrucción.

Muriel, en conversación con este periódico, explica que, al encontrarse el caso bajo secreto, las partes personadas no pudieron percatarse de esta circunstancia clave y censura que en numerosas ocasiones pidió una reunión con la Fiscalía y “nunca obtuve respuesta”. Entiende que el juez que actualmente lleva el caso no tenía más remedio que adoptar la anulación casi total de las pesquisas, pero no oculta su perplejidad por el hecho de que fiscales y magistrados que continuaron la instrucción tras producirse el error no se percataran de ello y siguiesen emitiendo prórrogas.

Falsos policías

El secuestro se produjo la noche del 22 de agosto de 2020, cuando un grupo de falsos policías se llevó a punta de pistola a Jamal tras interceptar el coche en el que viajaba junto a su esposa. En presencia de diversos testigos, le golpearon con las culatas en la cabeza y lo introdujeron en un turismo que huyó quemando rueda.

Desde entonces, “ni una llamada, ni una petición de rescate, ni una prueba de vida”, explicaron fuentes del entorno de la familia, donde las esperanzas de que el empresario fuese encontrado con vida se fueron disipando conforme fue pasando el tiempo.

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Durante el desarrollo de las pesquisas, en las que también han participado efectivos del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría marbellí y del Grupo II de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Costa del Sol, los agentes investigaron varias pistas que parecían solventes. Una de ellas condujo hasta una finca de Coín en la que residía un matrimonio británico de avanzada edad. Los datos señalaban que allí había sido enterrado el cuerpo de la víctima, pero tras un registro exhaustivo, no se encontró nada. Otra línea de trabajo situó el paradero del cuerpo del desaparecido en una casa de Estepona.

Lo que desatascó el caso fueron unas escuchas adjuntadas a un proceso que se instruía en un juzgado de Torremolinos. Su transcripción se extiende a través de una veintena de folios en la que se plasman una serie de conversaciones —antes y después del secuestro— que alimentaban las sospechas.

Del informe, al que tuvo acceso este periódico, se desprendía que dos investigados realizaban una vigilancia en Puerto Banús a un individuo —cuya descripción encaja con la de Jamal— “poseedor de vehículos de alta gama como Bentley, Rolls-Royce y Mercedes G de color negro" que es "muy reconocible" porque “la tapicería es amarilla”.

El fin de la misma era localizar a su objetivo “para iniciar un seguimiento y determinar dónde está alojado”, ya que el secuestrado no tenía residencia fija en la localidad marbellí y alquilaba una cuando se desplazaba a la Costa del Sol.

Crimen paralelo

Estos dos individuos, además, relataban un encontronazo que tres años antes tuvo uno de ellos con alguien que sería el ahora secuestrado y en el que un segundo participante dijo que iba a “triturarlo”. En los días posteriores al secuestro, los sospechosos hablan de la presencia de un grupo de “asesinos” franceses ”a los que todos temen” y que “habrá matado a al menos diez personas”.

La investigación vincula el rapto con una deuda de 1,7 millones de euros del tráfico de drogas contraída por un familiar de la víctima

Las pesquisas posteriores condujeron hacia otras dos personas —investigadas en la causa que se instruye en los juzgados de Torremolinos, y a la que pertenece el documento— con antecedentes en el país galo por secuestro, homicidio y atracos. “Casualmente”, en las proximidades de la vivienda que ocupaban, una persona murió de un disparo en la cara que le descerrajaron dos individuos que entraron escalando la fachada del inmueble. Ocurrió el 28 de agosto y el fallecido era un joven francomarroquí.

En el auto judicial se señala que la causa del secuestro de Jamal B. sería una deuda de 1,7 millones de euros relacionada con el tráfico de drogas y contraída por un familiar. La propia Policía Nacional sostiene en sus diligencias que el desaparecido es una persona relacionada con operaciones de narcotráfico, aunque su entorno lo niega tajantemente y manifiestan que “nunca ha sido detenido, en ningún sitio del mundo” y defiende que es un empresario con intereses en el sector de la construcción y en la venta de relojes de lujo.