Andalucía no revisará la orden de privatizar la atención primaria ante la falta de reproche social

La orden del Gobierno andaluz que abre la puerta a concertar la atención primaria con empresas privadas seguirá adelante sin retoques. Lo han confirmado Juanma Moreno, en el Parlamento, y la consejera de Salud, Lina García, en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha estado acompañada por la ministra Carolina Darias. En San Telmo, aseguran que la norma es beneficiosa, ya que impide cobros abusivos por parte de las clínicas, al fijar el precio máximo de cada servicio. Pero además hay un convencimiento sobre los efectos electorales de esta decisión: no hay una respuesta social que pueda erosionar al Ejecutivo popular ni a las expectativas del PP para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

"¿Se piensan que no hacemos sondeos?", cuestiona una fuente del Gobierno andaluz en referencia al asedio que la oposición ha puesto en marcha tras hacerse público el texto, todavía pendiente de aprobación. "La gente no se lo cree, porque no van con la tarjeta de crédito a pagar [cuando son derivados a la privada]", insiste esta misma fuente, que recuerda que los conciertos sanitarios son habituales en Andalucía desde hace décadas.

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Hay que tener en cuenta que el porcentaje que suponen los conciertos en el presupuesto de la Consejería de Salud no ha variado en exceso desde los años del PSOE. En 2019, el porcentaje fue el 4,21%, mientras que en 2021 fue un 3,84%. En el presupuesto de 2023, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha incluido 558 millones, un 4,01% del total del gasto del departamento que dirige Lina García. Juanma Moreno, igual que Lina García, recuerda esta realidad una y otra vez e insiste en que fue el PSOE quien abrió la puerta, por ejemplo, a la empresa Pascual, que cuenta con varios hospitales en Cádiz, y que ha mantenido varios pleitos con la Administración autonómica, precisamente por los precios que le cobraba.

"Los ciudadanos lo que quieren es que los operen cuanto antes", defiende otro dirigente del PP. Ese es otro de los argumentos que utilizan en San Telmo para mantener la orden, que además de abrir la puerta a los conciertos en atención primaria, permite el uso de las instalaciones del Servicio Andaluz de Salud a profesionales de la privada. La existencia de externalizaciones desde hace más de 30 años para operaciones sencillas, pruebas diagnósticas y servicios como la diálisis ha generado una cultura en la población, que no es refractaria a acudir a clínicas privadas derivada desde el SAS, siempre que no le suponga un coste.

En todo este debate hay de fondo una preocupación en el Gobierno andaluz por la posibilidad de que la chispa del descontento sanitario prenda en Andalucía. La conclusión a la que llegan en el Ejecutivo autonómico es que, por el momento, no hay ni rastro de este runrún. "Hay zonas y distritos sanitarios que están mal", admiten desde San Telmo, y al mismo tiempo insisten en que la situación ha mejorado desde la llegada del PP a la Junta hace poco más de cuatro años. Hay quien incluso ve una oportunidad en la campaña de la izquierda para que tanto Juanma Moreno como la consejera de Salud presuman de las inversiones y el aumento del número de profesionales que ha experimentado la sanidad pública andaluza en los últimos años.

La izquierda insiste

En la izquierda, consideran que el descontento social existe a pesar de que las únicas manifestaciones notables han requerido el concurso y la implicación de los sindicatos de clase. Tanto el PSOE como Por Andalucía y Adelante Andalucía creen que existe un debate sobre la privatización de la sanidad y que habrá contestación de la ciudadanía si se unen dos factores: que avancen los conciertos y que la sanidad pública empiece a mostrar sus carencias. Incluso el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha centrado su intercambio quincenal con el presidente de la Junta en este asunto.

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El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha puesto el foco este jueves en las listas de espera de las operaciones y ha asegurado que hay "27.000 pacientes" esperando para una intervención desde hace más de 165 días. Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha centrado su crítica durante la sesión de control en una comparación del modelo de Isabel Díaz Ayuso y el del presidente andaluz. "La población teme el destrozo de la privatización, como está ocurriendo en Madrid, y usted, señor Moreno, sigue pasos iguales", ha criticado la dirigente de IU.

Este debate en el Parlamento ha coincidido con una nueva jornada de protestas impulsada desde el Sindicato de Médicos de Atención Primaria, la organización que comenzó un paro en enero, aunque con escaso seguimiento. La preocupación para el Gobierno andaluz en materia de movilizaciones estaba fijada en la huelga anunciada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el más representativo entre los facultativos andaluces. La Consejería de Salud y Consumo llegó a un acuerdo con esta organización un día antes del paro y se comprometió a limitar las agendas de los centros de salud y a permitir, con una compensación, el trabajo voluntario en turno de tarde para descongestionar las citas de los médicos de familia.

El Gobierno andaluz se ha centrado en mejorar las condiciones de los médicos para evitar que su descontento se contagie a la ciudadanía

Moreno ha trabajado activamente desde su llegada a San Telmo por desactivar cualquier conato de descontento entre los profesionales sanitarios. Ha mejorado sus condiciones laborales y aumentado los complementos salariales, la última vez, pocas horas antes de convocar las elecciones del 19 de junio. El presidente de la Junta, entonces en la oposición, vio como el enfado de los trabajadores de los hospitales granadinos por la fusión planeada por el PSOE contagió a la sociedad y puso contra las cuerdas al Gobierno de Susana Díaz. No quiere que le ocurra lo mismo, pero por el momento no tiene previsto dar marcha atrás a sus planes, como hizo la socialista en 2018.