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La corrupción que no cesa: al banquillo el exconsejero con una mayor condena en los ERE
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Cerca de 170 piezas separadas

La corrupción que no cesa: al banquillo el exconsejero con una mayor condena en los ERE

Antonio Fernández, extitular andaluz de Empleo, ha sido procesado en el caso de los cursos de formación la misma semana que ha comenzado el juicio de una nueva pieza de Invercaria

Foto: El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, saliendo de los juzgados de Sevilla. (EFE/Raúl Caro)
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, saliendo de los juzgados de Sevilla. (EFE/Raúl Caro)

Antonio Fernández es el implicado en la pieza política de los ERE con una condena más larga. Viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 y titular de la cartera hasta 2010, deberá pasar siete años y 11 meses en la cárcel por un delito de malversación por su papel en la creación del denominado 'procedimiento específico', la fórmula del reparto de ayudas que se ha demostrado fraudulenta, según confirmó el Tribunal Supremo a finales de julio. Pero Fernández podrá ver cómo aumenta su pena, ya que este miércoles ha sido procesado en una pieza de la macrocausa de los cursos de formación. Justo en la misma semana en que se juzga en la Audiencia de Sevilla un despiece del caso Invercaria, también relacionado con la corrupción en el seno de los gobiernos socialistas de la década de los dos mil. Un goteo de juicios que no cesa y que todavía tardará años en finalizar, dado el volumen de piezas separadas relacionadas con la materia que colapsan los juzgados sevillanos.

Fernández compartía el récord de la pena más abultada de cárcel con Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo en la misma etapa y era considerado el principal responsable de este caso de corrupción. Su muerte por causas naturales en octubre de 2020 deja al político gaditano como el ex alto cargo con mayor pena, por delante de otros exdirigentes de la Consejería de Empleo, como José Antonio Viera o Agustín Barberá. Y por delante de José Antonio Griñán, condenado por malversación a seis años de cárcel junto a otros cinco políticos vinculados a las consejerías de Economía y Hacienda.

Foto: José Antonio Griñán, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre los cursos de formación. (EFE/José Manuel Vidal)

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha procesado a Fernández y a Manuel Recio, también exconsejero de Empleo, por su papel en el reparto "arbitrario" de 33 millones de euros en ayudas al entramado empresarial de otro miembro del Gobierno andaluz de aquel momento. Se trata del fallecido Ángel Ojeda, que fue titular de Hacienda y puso en marcha una red de empresas pensadas para aprovechar los fondos públicos destinados a cursos de formación de los trabajadores de Delphi.

La historia se repite y se repiten los nombres. Una empresa en crisis en un lugar como la bahía de Cádiz, aquejado por un elevado nivel de paro casi estructural. Ante esta situación, la Junta, gobernada por el PSOE, pone en marcha una serie de medidas para apoyar a la plantilla. Y algunos responsables políticos participan en la creación de un entramado por el cual podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, fraude de subvenciones y malversación, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según el auto del juez Vilaplana, entre septiembre de 2009 y febrero de 2011, una serie de empresas impartieron cursos de formación a los extrabajadores de Delphi "simulando una contratación laboral", aunque es cierto que algunos de los empleados sí trabajaron en otras entidades mediante esta fórmula. Junto con Fernández y Recio, han sido procesados un hijo de Ángel Ojeda y otras cinco personas relacionadas con las sociedades del exconsejero.

Foto: Diego Cañamero y Teresa Rodríguez se reunieron en Cádiz con los extrabajadores de Delphi el pasado mes de enero. (EFE)

Hay que tener en cuenta que Fernández no solo ha sido condenado por la pieza política de los ERE fraudulentos, sino también en la sentencia del segundo juicio relacionado con este caso. Por su intervención en la concesión de ayudas de 2,9 millones a la empresa Acyco, al político jerezano se le impuso otra pena de siete años de cárcel por delitos de prevaricación. En los otros dos juicios que se derivan de esta macrocausa no están los responsables políticos, ya que se considera que su papel en la gestión de las ayudas fraudulentas ha quedado juzgado en la causa principal.

El caso Invercaria

El procesamiento de Antonio Fernández se produce pocos días después del inicio del octavo juicio de Invercaria. La sociedad de capital riesgo no está vinculada a la Consejería de Empleo, en cuyo seno surgió el caso de los ERE, sino al Departamento de Economía. Pero sí está relacionada con la concesión de ayudas no justificadas, en este caso a proyectos empresariales.

Foto: La expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, en una foto de archivo. (EFE)

El octavo juicio de Invercaria comenzó en la sala cuarta de la Audiencia de Sevilla este lunes, aunque los hechos juzgados se remontan a 2006. En este caso, las subvenciones superaron por poco el millón de euros para un proyecto fallido, el de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), y por su gestión están procesados dos expresidentes de la entidad, Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz. El primero, como le ocurre a Antonio Fernández, acumula casi 12 años de prisión en cuatro condenas por su papel al frente de este organismo.

Pérez-Sauquillo se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel en un juicio en el que hay otros 11 procesados y que se extenderá hasta enero de 2023 en la Audiencia de Sevilla. En la primera jornada del mismo, el abogado del exjefe de la empresa pública aseguró que el proyecto de crear una web para reunir a empresas en una suerte de feria virtual fue precursor del metaverso que ahora promueve el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

La macrocausa de Invercaria acumula unas 40 piezas, mientras que la de los ERE suma más de 120. En el caso de los cursos de formación, fueron nueve las particiones que decidió la jueza María Núñez Bolaños. Pero hay más casos de corrupción relacionados con aquellos años de gestión socialista que también pasarán por los tribunales, como ocurre con la Faffe. El gasto de dinero público en prostíbulos por parte de su presidente, Fernando Villén, será juzgado por Mercedes Alaya en un proceso todavía por señalar. Un goteo que cae sobre la cabeza del PSOE andaluz, que cada vez que recibe noticias sobre estos asuntos se encuentra con un pasado difícil de gestionar.

Antonio Fernández es el implicado en la pieza política de los ERE con una condena más larga. Viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 y titular de la cartera hasta 2010, deberá pasar siete años y 11 meses en la cárcel por un delito de malversación por su papel en la creación del denominado 'procedimiento específico', la fórmula del reparto de ayudas que se ha demostrado fraudulenta, según confirmó el Tribunal Supremo a finales de julio. Pero Fernández podrá ver cómo aumenta su pena, ya que este miércoles ha sido procesado en una pieza de la macrocausa de los cursos de formación. Justo en la misma semana en que se juzga en la Audiencia de Sevilla un despiece del caso Invercaria, también relacionado con la corrupción en el seno de los gobiernos socialistas de la década de los dos mil. Un goteo de juicios que no cesa y que todavía tardará años en finalizar, dado el volumen de piezas separadas relacionadas con la materia que colapsan los juzgados sevillanos.

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