La Andalucía de los ERE, contada por el TS: crónica de un despilfarro de 700 millones

La palabra 'millones' aparece más de 50 veces a lo largo de la sentencia sobre el caso de los ERE de Andalucía que notificó este miércoles el Tribunal Supremo. Primero para hablar de 'pesetas', después de 'euros'. El reparto fraudulento de ayudas se extendió durante más de 10 años sin cambios en el partido del Gobierno, pero sí en la moneda en la que se pagaban los complementos sociolaborales. "Despilfarro y arbitrariedad", resume el alto tribunal.

Durante esa década, desde el partido del Gobierno se realizó un uso de los caudales "como si fueran propios". "En favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de las autoridades que concedían las subvenciones". La sentencia constituye un repaso a toda una época e incluye una contundente crítica a las políticas de empleo de la Junta, que se mantuvo en manos socialistas durante casi 40 años, hasta el triunfo de Juanma Moreno en 2018.

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El argumento de la precariedad en que muchos se encontraban en aquella etapa a consecuencia de una profunda crisis económica no le vale al Supremo. Esa circunstancia "no habilita ni es motivo para conceder subvenciones al margen de la legalidad ni justifica que se seleccione a los beneficiarios sin atender a criterios objetivos y sin exigir requisito alguno". Muchos que las merecían quedaron atrás cuando otros las obtenían a través de irregularidades.

La sentencia del alto tribunal confirma la mayoría de las condenas impuestas a ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Seis años de prisión para el primero y nueve de inhabilitación especial para el segundo. Griñán está condenado por delitos de malversación y prevaricación y corre el riesgo de ingresar en prisión, aunque la interposición de varios recursos —primero ante el propio Supremo y después ante el Constitucional— dilatarán ese momento. Mientras tanto, el indulto que ha solicitado su familia comenzará a tramitarse y queda en manos del Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

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La antigua cúpula construyó todo un sistema ilegal para repartir dinero "de acuerdo con criterios de discrecionalidad". Es decir, a quienes considerara según sus propios intereses. Como en la pedrea del sorteo de Navidad, repartió casi 700 millones de euros a empresas en crisis sin control alguno y a trabajadores particulares. Pero no solo eso: el PSOE andaluz convirtió la concesión de ayudas en "uno de los ejes de su acción política". Dinero a cambio de votos.

Pese a centrarse de forma aparente en la Consejería de Empleo, la decisión de conceder las ayudas correspondía al Gobierno en su conjunto. Fue una agencia la que canalizó los pagos, de forma que el Ejecutivo regional esquivaba el cumplimiento de requisitos y la posterior fiscalización. En esa década, no solo se pasó de pesetas a euros, sino que también cambió de nombre el vehículo de la concesión de los pagos: del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a la Agencia para la Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Consentir y mirar para otro lado

La implicación de Griñán y Chaves está fuera de duda para la mayoría de magistrados del tribunal, pero la sentencia cuenta con el voto discrepante de dos de sus integrantes. El Supremo no se cree que, desde las altas responsabilidades que ostentaban, la trama les resultara ajena. La fórmula que obviaba los mecanismos de control legalmente establecidos, que supuso una forma "grosera" de soslayar las normas. "No han sido condenados por razón de su cargo", sino por haberse probado su participación y quedar acreditado "que actuaron con pleno conocimiento de los hechos".

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A Griñán se le atribuye un papel "central" desde su puesto de consejero de Economía para aprobar las normas que permitieron el desfalco. El uso de instrumentos atípicos, como las transferencias de financiación que nutrían el sistema corrupto, debió alertarle y, sin embargo, desde la "pasividad" permitió que los fondos pudieran "destinarse a fines distintos del interés público". "Para que surgiera el deber de actuar, impidiendo la financiación del ilegal sistema implantado, no era necesario un conocimiento exhaustivo de todas y cada una de las ilegalidades", agrega el Supremo.

Respecto a Chaves, la resolución indica que mantuvo vivo el sistema. "Dictó distintas resoluciones a sabiendas de su injusticia", "intervino personalmente en conversaciones previas para la concesión de algunas de estas ayudas y tuvo a su disposición documentación que le permitía conocer que esas partidas se destinaban a pagos". "Ni cuantitativamente ni cualitativamente las cuantías presupuestadas pueden reputarse irrelevantes y desconocidas para quien ejercía la presidencia de la Junta de Andalucía", concluye la sentencia.