El Gobierno indultará a Griñán porque "no puede eludir el precedente de Junqueras"

El Gobierno “no puede eludir” el indulto parcial a José Griñán, como solicitarán su familia, los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y decenas de firmas más, cuando se conozca en septiembre la sentencia íntegra que le condena a seis años por malversación en el caso de los ERE, porque se produciría un agravio comparativo con los condenados por el mismo delito, con carácter medial para el de sedición, y que fueron ya indultados en junio de 2021 mediante reales decretos individualizados y contra el criterio del tribunal sentenciador, la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Como informó en El Confidencial Beatriz Parera, se baraja también la opción de reducir la pena de prisión a dos años para que la Audiencia de Sevilla, siguiendo precedentes y haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 80 del Código Penal, suspenda el ingreso en prisión “cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”.

Varios líderes del proceso soberanista, entre ellos Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fueron condenados a 12 y 13 años de prisión por “sedición en concurso medial con malversación”. El Gobierno indultó al presidente de ERC por Real Decreto 460/2021 de 22 de junio, atendiendo a motivos de “utilidad pública”, libremente valorados por el Consejo de Ministros. Junqueras y los demás condenados tampoco se lucraron personalmente, sino que utilizaron dinero público para desarrollar el denominado proceso soberanista.

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El delito de malversación está considerado un tipo penal propio de los ilícitos que sancionan la corrupción política, ya que solo pueden cometerse por la apropiación indebida del patrimonio público o su administración desleal y sus autores deben ser funcionarios o autoridades. El tipo no exige enriquecimiento personal para que el delito se perpetre y está recogido en los artículos 432 a 435 del Código Penal, dentro de los que atentan contra la Administración Pública.

Si Oriol Junqueras y otros fueron indultados por “utilidad pública” conforme a la ley de 1870 y al amparo del derecho de gracia reconocido en el artículo 62 de la Constitución como facultad del Rey a propuesta del Gobierno, que Felipe VI debe firmar como acto debido, fuentes del partido y ministros del Gobierno mantienen que “no hay salida” para denegar a Griñán la medida de gracia y “evitar que entre en la cárcel”, aunque en esta ocasión la exigida motivación del perdón parcial —solo la pena de privación de libertad— se motivaría en la “equidad”. Miembros del Ejecutivo y del PSOE, consultados sus servicios jurídicos, consideran que el propio Código Penal en su artículo 4.3 prevé la posibilidad de que una aplicación rigurosa de la ley pueda conllevar sanciones “excesivas”, añadiendo que, además y según ese precepto, deben valorarse “las circunstancias personales del reo”.

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Ese sería el contenido material de la afirmación de Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación, y del propio presidente del Gobierno de que con esta sentencia de Sevilla, primero, y del Supremo, después, “pagan justos por pecadores”.

En estas circunstancias —y aunque ambas instancias jurisdiccionales se opusieran al indulto—, el Consejo de Ministros aprobará el correspondiente real decreto una vez el Ministerio de Justicia concluya el expediente con la previa emisión de los informes preceptivos. Entre tanto, el propio Ejecutivo, el PSOE y la familia y los demás solicitantes del indulto consideran como “muy probable” que la Audiencia de Sevilla suspenda el ingreso en prisión del condenado.

Según las fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial, la situación de Griñán es distinta a la del resto de los también condenados en el caso; “como lo serían”, dicen estas fuentes, las sanciones penales que puedan recaer en Cataluña en los procesos contra casi medio centenar de personas acusadas de delitos conexos con los cometidos por Oriol Junqueras y el resto de los indultados. “El indulto es individual y motivado y las causas de utilidad pública que se manejaron para perdonar la pena de prisión a los líderes del ‘procés’ no necesariamente concurren en otros ahora imputados en los juzgados de instrucción de Barcelona”. Por la misma razón, según aducen estas fuentes, la motivación de “equidad” que concurre en el caso de Griñán no se da en otros condenados por los ERE.

"La motivación de equidad y de la justicia que concurren en Griñán no se da en otros condenados en el caso de los ERE"

El Gobierno ha tomado nota de que “el PP no quiere hacer sangre con este asunto” y está a la espera de que se pronuncien los socios de la coalición, que tienen “una difícil papeleta”. “¿Se opondrían al indulto de Griñán luego de haber avalado el de los independentistas que malversaron?”. Los socialistas confían en que tanto Podemos como Izquierda Unida “serán muy prudentes en este asunto”. Además, no resolverlo positivamente para Griñán crearía un serio “problema en el PSOE”, cuyos cuadros, aun siendo conscientes de que el indulto podría desgastar al Gobierno, creen que la negativa a concederlo terminaría por dividir al partido, más aún cuando lo avalarán González y, sobre todo, Zapatero, muy conectado con Sánchez y sus políticas.

En el Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado estima que los recursos contencioso-administrativos contra los indultos de los condenados por el 'procés' no prosperarán porque “los únicos elementos reglados del acto administrativo de indultar son los procedimentales, pero no lo es la apreciación por parte del Gobierno de la utilidad pública, la equidad o la justicia, que le habilitan para esta medida según la ley de 1870”. La Abogacía del Estado, sin embargo, no cree que el fallo de los recursos contra los indultos a los dirigentes catalanes se falle en los próximos meses, sino “mucho más adelante”.

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Las fuentes consultadas reconocen que la “reflexión” sobre el indulto a José Griñán está en “fase muy preliminar” porque, además, no se descarta que la sentencia y los votos particulares aporten datos que favorezcan la petición de la familia del expresidente de la Junta de Andalucía y de González, Zapatero y otros. De ahí que se suponga que la portavoz del Gobierno desmienta que la “decisión está tomada” o que no se defina, aplazando un pronunciamiento gubernamental a que se publique la sentencia en su integridad y se presente la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia.

Las pautas argumentativas del Gobierno serán como las que se plantearon con el indulto a los 12 condenados por sedición y malversación en octubre de 2019. Primero negar, luego aplazar y al final conceder la gracia. Pedro Sánchez, al publicarse la sentencia del Supremo, escribió el siguiente tuit después de una declaración pública: “Quiero manifestar el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo por parte del Gobierno de España. En un Estado social y democrático de derecho, acatamiento significa su íntegro cumplimiento”.