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El caso ERE cumple una década en la política andaluza con un maratón judicial por delante
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Tres sentencias en 10 años

El caso ERE cumple una década en la política andaluza con un maratón judicial por delante

El 20 de agosto de 2012 arrancó la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre este caso de corrupción, del que solo se han celebrado cinco juicios, a pesar de que llegó a haber más de 180 piezas separadas

Foto: José Antonio Griñán, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre los cursos de formación. (EFE/José Manuel Vidal)
José Antonio Griñán, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre los cursos de formación. (EFE/José Manuel Vidal)

El mes de agosto es inhábil en el Parlamento andaluz, pero hace una década se activó de forma extraordinaria para meter de lleno el caso de los ERE fraudulentos en la política andaluza. La investigación judicial comenzó antes, en enero de 2011, pero fue en 2012 cuando se erigió en el asunto que iba a marcar la vida política de la comunidad para los próximos años. El 20 de agosto de aquel año se activó en el Parlamento autonómico una comisión de investigación para arrojar luz sobre la gestión de los gobiernos socialistas de estas ayudas declaradas ya ilegales. Fue una de las exigencias que IU puso al PSOE para gobernar en coalición y hacer presidente a José Antonio Griñán, que ahora batalla por no entrar en la cárcel tras confirmar el Supremo su pena de prisión por su papel en el fraude de los ERE.

Diez años después, se acaba de conocer el resultado de la primera sentencia firme —su contenido se hará público en septiembre— de una macrocausa que se dividió en más de un centenar de piezas. Solo cinco de esas particiones se han enjuiciado ya: la pieza política o del procedimiento específico y las correspondientes a las ayudas a cuatro entidades. Dos de ellas, a la compañía de aceitunas Acyco y al sector del corcho de la Sierra Norte, tienen ya su sentencia de la Audiencia de Sevilla. Las otras dos corresponden a la empresa Novomag y al empresario Carles Vandelloch y están pendientes del fallo.

Foto: Ilustración: Laura Martín.

En los despachos del tribunal hispalense quedan todavía unas 130 piezas, toda vez que algunas de las casi 180 en que se dividió el caso han ido prescribiendo o han sido archivadas por los jueces que heredaron la instrucción que comenzó Mercedes Alaya en enero de 2011: María Núñez Bolaños, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana, que es quien ahora lleva el peso de estas piezas.

Esta gran cantidad de procesos abiertos ha desembocado en una saturación en la Audiencia de Sevilla, a pesar de los refuerzos activados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que permiten que cada sección penal de los juzgados sevillanos cuente con seis magistrados para agilizar el proceso. Aun así, la previsión es que la sombra de los ERE se alargue durante décadas en los pasillos del viejo edificio del Prado de San Sebastián.

Esto ha provocado una curiosa diáspora de jueces, con la jubilación anticipada del juez ponente de la pieza política de los ERE, Juan Antonio Calle Peña, como punta de lanza. Se está dando un fenómeno llamativo después de que varios magistrados hayan solicitado el traslado desde la Audiencia a otros órganos judiciales 'menores'.

Juicio al chófer de Guerrero

El calendario avanza lento, pero inexorable, y la próxima pieza que llegará a la Audiencia para la vista oral tendrá como principal acusado a Juan Francisco Trujillo, el chófer de Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo de la Junta entre 1999 y 2008. Según la Fiscalía Anticorrupción, Trujillo recibió casi 1,4 millones de euros en ayudas fraudulentas de su jefe tras ponerse ambos de acuerdo para defraudar ese dinero. Y fue el chófer el que, a principios de 2012, año y medio antes de la imputación de los expresidentes, elevó un presunto caso de corrupción a escándalo.

placeholder El chófer Juan Antonio Trujillo, en los juzgados de Sevilla. (EFE/Juan Ferreras)
El chófer Juan Antonio Trujillo, en los juzgados de Sevilla. (EFE/Juan Ferreras)

Trujillo declaró ante Mercedes Alaya que "la mayor parte" del dinero que recibió de Guerrero lo dedicó a comprar cocaína para ambos, así como en "fiestas y copas". La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito, no cifra el porcentaje de las ayudas que fue destinado a estas compras, pero reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de 1,4 millones de euros de indemnización al ex trabajador público. Según desveló 'ABC' el pasado marzo, Trujillo se encontraba en paradero desconocido cuando faltaban meses para el inicio de la vista oral, pero hay que recordar que ya ha estado en prisión cumpliendo condena por fraude fiscal, ya que tampoco declaró a Hacienda la concesión de estas subvenciones ilegales.

Así de parsimonioso es el avance de este proceso, que ha marcado la vida política andaluza de la última década desde que Guerrero, en marzo de 2012, dijo que había un "fondo de reptiles" para conceder estas ayudas de forma indiscriminada y aseguró en sus primeras declaraciones ante la jueza Mercedes Alaya que "todo el Gobierno" era conocedor del sistema que acabó con 680 millones de euros malversados, según la sentencia de la pieza política.

Foto: Francisco Javier Guerrero, en los juzgados de Sevilla (EFE).

José Antonio Griñán acababa de ser elegido presidente tras la citada alianza con IU para evitar que Javier Arenas, que ganó las elecciones en marzo de 2012, fuera presidente de la Junta. Solo un año después anunció su marcha, en teoría para rejuvenecer a un PSOE andaluz oxidado después de tres décadas de gobiernos socialistas. Hoy se sabe, como confesó el propio Griñán en su libro de memorias, que la decisión fue un intento de poner un cortafuegos al partido y al propio Gobierno andaluz.

Se confirma así que el ascenso de Susana Díaz como presidenta de la Junta fue también una consecuencia indirecta del estallido del caso ERE. Y que ahí comenzó la pérdida de poder del PSOE andaluz, todavía renqueante por las consecuencias de este caso de corrupción. La herencia de estos gobiernos es asunto complejo para los socialistas andaluces. El propio líder del partido, Juan Espadas, fue consejero con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el mensaje que se envía desde San Vicente se centra en la defensa acérrima de la honestidad de los expresidentes.

Foto: Juan Espadas, junto al grupo parlamentario socialista en la Cámara andaluza. (EFE/Julio Muñoz)

Esta posición no impide afirmar que el caso ERE y la condena de los expresidentes confirmada por el Supremo todavía tendrán impacto en el día a día del PSOE andaluz. Se entiende así la respuesta del partido a la solicitud de indulto que registrará la familia de Griñán, como desveló este diario. El comunicado enviado por la dirección de Espadas se limita a mostrar respeto por la decisión de la esposa y el hijo del expresidente. Y rechaza hacer valoraciones hasta que se conozca el contenido de la sentencia y, sobre todo, de los votos particulares de las dos magistradas que se han opuesto a la condena por malversación para el exministro de Trabajo.

Ese será el próximo hito, junto con la pieza de las ayudas al chófer de Guerrero, ya que se prevé que la decisión completa del Supremo se conozca en septiembre, así como los dos votos particulares. La disensión dentro del tribunal es una de las opciones que esgrimen tanto la defensa del expresidente andaluz como su partido para confiar en que el recurso al Constitucional impida la entrada de Griñán en la cárcel. Pero el anuncio del indulto ha removido de nuevo el caso y la posibilidad de que el Gobierno conceda la medida de gracia complica todavía más para los socialistas la gestión de esta década de corrupción que todavía resonará en los tribunales y los parlamentos durante muchos años, para desgracia del PSOE andaluz y sus posibilidades de revitalización.

El mes de agosto es inhábil en el Parlamento andaluz, pero hace una década se activó de forma extraordinaria para meter de lleno el caso de los ERE fraudulentos en la política andaluza. La investigación judicial comenzó antes, en enero de 2011, pero fue en 2012 cuando se erigió en el asunto que iba a marcar la vida política de la comunidad para los próximos años. El 20 de agosto de aquel año se activó en el Parlamento autonómico una comisión de investigación para arrojar luz sobre la gestión de los gobiernos socialistas de estas ayudas declaradas ya ilegales. Fue una de las exigencias que IU puso al PSOE para gobernar en coalición y hacer presidente a José Antonio Griñán, que ahora batalla por no entrar en la cárcel tras confirmar el Supremo su pena de prisión por su papel en el fraude de los ERE.

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