Caso Invercaria: un cóctel explosivo de startups, capital riesgo, yuppies y políticos

Siete años después de que se abriera la primera pieza sobreInvercaria, la empresa pública de inversión y gestión de capital riesgo de la Junta de Andalucía, el caso llega a juicio de la Audiencia de Sevilla. Invercaria suma un supuesto quebranto a las arcas públicas de hasta 8,1 millones de euros en una decena de proyectos empresariales financiados con dinero público que resultaron fallidos.

La primera pieza se refiere a una de la de menos enjundia económica, las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas Tatis, a la que se concedió 100.000 euros, una de las cantidades más bajas bajo la lupa judicial, para la comercialización de una supuesta “línea erótica” de aceitunas de mesa gourmet. Esa innovación suena a broma pero así consta en el auto, donde se incluye un catálogo de esta empresa que pensaba triunfar vendiendo encurtidos bajo nombres como Lengüetazos, Polvazos Picantes, Polvitos o Dulces Cuernos. La sede de la empresa estaba en La Carolina (Jaén), localidad de la que fue alcalde el exconsejero Francisco Vallejo, también juzgado en Invercaria y que fue quien lanzó esta empresa de capital riesgo. La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2010.

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Se juzgaran en piezas separadas las ayudas concedidas por Invercaria a las empresas Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operadores Aéreos Andalus, Servivation, Electronics Devices Manufacturer (EDM), CEDS S.A., Med & Check y Keepfresh.

El portal para pymes

La de las aceitunas es una causa menor aunque muy reveladora de lo que la Junta consideraba innovación en Andalucía. En realidad, la primera causa que se investigó se refiere al llamado caso FIVA e indaga en los préstamos concedidos a la compañía Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía que recibió 716.000 euros entre 2007 y 2008. El instructor observó indicios de prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, entre otros delitos, y pide penas de 19 años de cárcel y seis años y medios de prisión para los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, entre los 12 procesados. La pieza debería ser la primera en juzgarse pero ha recibido dos varapalos de la Audiencia al juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, a quien devolvió en dos ocasiones, la última el pasado junio, el caso por considerar que no estaban bien motivados los delitos.

El préstamo concedido a FIVA debía ir destinado a la creación de un portal web que fracasó y donde participaron empresas punteras del sector como Novasoft. La idea era que las pymes andaluzas pudieran estar virtualmente en las grandes ferias internacionales. El caso Invercaria sentará además en el banquillo a dos exconsejeros de la Junta, Fracisco Vallejo y José María Martín Delgado. Bajo la dirección del primero se creó esta empresa de capital riesgo ligada a la Agencia Idea, el ente pagador de los ERE que juzga también la Audiencia sevillana.

Capital riesgo y fallidos

Tanto los políticos como los empresarios imputados en Invercaria siempre han defendido su inocencia y ha alegado el carácter de operaciones fallidas de esos préstamos de dinero público que están bajo sospecha. De hecho durante años han insistido desde la Junta de Andalucía que el índice de fallidos está en la media de cualquier empresa de estas características en España. Alegan que no hay responsabilidades penales y que la pregunta de qué hacía la Junta dedicando dinero público a crear una empresa de capital riesgo no tiene connotaciones de delitos sino que fue una decisión política.

El Gobierno andaluz se vio sacudido por el caso Invercaria cuando salió a la luz una grabación en la que se oía a la entonces presidenta de la empresa, Laura Gómiz, dar instrucciones a un subordinado, Cristóbal Cantos, que denunció los hechos, para que falseara datos de estos préstamos ante una auditoría de la Cámara de Cuentas. Concretamente le pedía informes nuevos sobre empresas, que ya habían recibido los fondos, para justificar las inversiones.

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El caso tomó cuerpo cuando salió a la luz el informe de fiscalización sobre Invercaria, correspondiente a 2009 y publicado en el BOJA en 2012, donde se vio que la Intervención de la Junta cuestionaba estos préstamos concedidos a dedo. La Cámara de Cuentas, en un informe publicado en febrero de 2012, desveló que se habían concedido 21,5 millones de euros sin control. De diez préstamos, todos menos uno habían fallado y no se iba a recuperar el dinero. Sólo después de que estallara el escándalo la Junta decidió iniciar los procedimientos para reclamar los fondos perdidos. En 2009, recuerdan los acusados, la crisis económica era ya un tsunami que se llevó por delante a todo tipo de empresas.

A amigos y conocidos

Los fondos se concedían de forma totalmente discrecional y así se recogía en los estatutos de la propia Invercaria, que únicamente exigía que las empresas financiadas tuvieran un denominador común: la innovación. La naturaleza de la empresa era la de una sociedad anónima unipersonal que se sostenía con dinero público pero cuya gestión y personal eran privados. Los afectados por este caso siempre han negado que exista ningún tipo de trama delictiva o responsabilidades penales. Aseguran que todas las empresas que fueron financiadas por este fondo de capital riesgo funcionaron y vendieron sus productos con más o menos éxito. De hecho alegan que muchas empresas que recibieron el impulso de la Junta siguen siendo aún hoy compañías importantes.

El Gobierno andaluz vendió en su momento esta iniciativa de Invercaria como una apuesta por las empresas innovadoras en un tejido empresarial que dependía en gran medida de la construcción y el ladrillo. Desde la Junta siempre han alegado que este mismo tipo de empresa pública existió, con un índice de fallidos muy similar, en otras comunidades autónomas y nunca han sido judicializadas. También se han agarrado a datos como que en EEUU el índice de fracaso de las empresas de capital riesgo está en el 30 y el 40%.

Al frente de Invercaria, el exconsejero Francisco Vallejo situó a Tomás Pérez-Sauquillo, que cuando fue fichado era consejero de un potente grupo empresarial que pretendía llevar a cabo la ampliación de Puerto Banús. Dejó la empresa en 2010 y siempre ha defendido que no hubo descontrol de los fondos y que no dieron ayudas por simpatía o afinidad política.

El sobrino de Felipe González

Para dotar de más ingredientes al caso, en Invercaria también está procesado el sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, concretamente en la pieza número 13 remitida a la Audiencia. Fue director de Promoción y presidente de esta empresa pública. Está juzgado en una pieza sobre el personal de este ente, que cobraba salarios y finiquitos “muy superiores” a la media de este tipo de trabajos, según el auto.

Finalmente en el caso Invercaria no declarara Antonio Banderas, administrador de una empresa denominada Green Moon España que invirtió en Kandor Graphics, una compañía especializada en largometrajes de animación que se encuentra entre las investigadas por las ayudas de Invercaria. En este caso, el proyecto analizado tuvo en su conjunto una inversión superior a los 20 millones de euros, gran parte de ellos dimanantes de organismos públicos. El juez determinó que la declaración de Banderas como testigo no serviría para arrojar luz al caso y no encontró ningún dato “concreto, fehaciente o fiable” que motivara la declaración del actor malagueño.