Invercaria adelanta a los ERE: el juez prepara la imputación del exconsejero Vallejo

“En estos momentos no hay caso Invercaria”. Era octubre de 2012. Las palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se han quedado antiguas. Ocho meses después, no sólo hay caso Invercaria, sino que el escándalo está a punto de saldarse con más implicaciones políticas que el de los ERE falsos con la posible imputación del jienense Francisco Vallejo, consejero con Manuel Chaves, y político de confianza de Gaspar Zarrías.

Juan Gutiérrez Casillas, magistrado del Juzgado número 16 de Sevilla, ha pedido información sobre el posible aforamiento de Vallejo. Se trata de una obviedad (es diputado en el Parlamento de Andalucía), pero es un trámite judicial indispensable de cara a una posible imputación por un presunto delito de malversación de caudales, tráfico de influencias y falsedad, la gestión de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria. Mientras, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, continúa sin ser llamado a declarar por Alaya en el caso de los ERE al ser aforado.

La Junta de Andalucía respalda sin fisuras a Vallejo. "Aquí se cree en la honorabilidad de las personas y yo creo en la honorabilidad, por supuesto, y en el esfuerzo que ha realizado por el bien de Andalucía mi compañero Francisco Vallejo, claro que sí”, respondió el actual consejero de Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila. El portavoz Vázquez también valoró ayer el trabajo de Vallejo en la consejería.

Uno de los principales puntos oscuros del caso es un proyecto que no se ejecutó llamado Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). En el consejo de administración de IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) del 27 de mayo de 2008 se aprobó una ampliación de capital para FIVA de 200.000 euros. También se autorizó un préstamo participativo por la misma cantidad.

Segundo fondo de reptiles

Según la documentación del juez, los asistentes a la reunión fueron Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (también imputado en el caso de los ERE); Jesús Rodríguez Román, exviceconsejero de Justicia; Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta y miembro del consejo rector, y otros altos cargos de la consejería de Innovación como Isabel de Haro y Ángel Garijo. FIVA carecía de actividad, y  jamás presentó cuentas. “Fue un timo de principio a fin”, según la denuncia del Partido Popular de Andalucía, que lo calificó como “segundo fondo de reptiles” por utilizar el mismo procedimiento que el de los ERE: dinero que se otorga a través de IDEA y “donde no hay control ni a priori ni a posteriori”, según el PP-A.

La jueza Mercedes Alaya, que esta semana tomó declaración a José González Mata, dueño de la intermediaria jerezana Uniter, quien provechó su íntima amistad con el exconsejero Antonio Fernández, natural de Jerez, para encargarse de los expedientes relacionados con las bodegas de la quinta ciudad andaluza, pudo hacerse cargo del caso en febrero de 2012, pero no observó ningún vínculo con lo de los ERE. El escándalo estalló tras desvelarse las  grabaciones que implicaban a la exdirectora de Invercaria Laura Gómiz en las que instaba a Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción de esta empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, a que redactara informes que avalaran la entrega de dinero a empresas amigas falseando contenidos y fechas.

Invercaria, sociedad de capital riesgo perteneciente a la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, también puso dinero en proyectos ruinosos como la compañía aérea Andalus Airlines, donde desembolsó 1,5 millones de euros que permitían “la liquidez necesaria para hacer posible este proyecto”, según confirmó la Junta de Andalucía en abril de 2010 y adelantó El Confidencial. Andalus Airlines tuvo que cerrar todas sus rutas tras la falta de viabilidad del proyecto.