50 sombras de Griñán: encarcelados por los mismos delitos, sin indulto para ellos

En unos días, se conocerá la sentencia íntegra del Tribunal Supremo que, salvo sorpresa, condenará a José Antonio Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación. Como ha venido informando este periódico, el Gobierno ha dejado caer que "no puede eludir" su indulto, habida cuenta de que ya se lo concedieron a Oriol Junqueras y al resto de independentistas condenados por los mismos delitos —malversación y prevaricación, junto con el de sedición— achacados al expresidente de la Junta de Andalucía.

Además de las motivaciones políticas que varios miembros del Gobierno han deslizado, en su artículo del otro día José Antonio Zarzalejos apuntaba otras consideraciones que podrían pesar a favor del indulto: lo prolongado de la instrucción, la poca utilidad preventiva de la prisión en este caso concreto, la edad del condenado (76 años) o su trayectoria anterior, libre de antecedentes penales.

Opinión

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Para sorpresa de nadie, otros altos cargos de la Administración andaluza condenados en los ERE formalizarán también su petición de indulto al Ministerio de Justicia siguiendo los pasos de Griñán. En principio serán una decena. Los abogados de aquellos a quienes han imputado los mismos delitos que a Griñán —y que además comparten con él varias de las consideraciones anteriormente enumeradas— tendrán motivos para perseguir el indulto movidos por ese agravio comparativo. Así, al menos, lo han hecho saber algunos de ellos.

¿Dónde acaba el agravio comparativo?

Sin embargo, la cosa no acaba aquí. Evidentemente, esta decimonónica medida de gracia que es el indulto es absolutamente arbitraria y, por tanto, incapaz de generar ninguna clase de jurisprudencia. Si acaso, puede servir para elevar la presión en casos similares que persiguen su propio indulto por parte del Consejo de Ministros.

El que fuera alcalde de Jerez durante 24 años, Pedro Pacheco, logró hace escasos días la libertad tras varios años encerrado en la cárcel del Puerto de Santa María o en tercer grado penitenciario. Le cayeron cinco años y medio de cárcel por 'enchufar' como asesores a dos compañeros del Partido Socialista de Andalucía en empresas municipales, y algo más por otros tres casos municipales. Ahora, con 73 años, lleva un año esperando el indulto para eliminar la única parte vigente de sus condenas: una inhabilitación de 30 años para volver a dedicarse a la política.

Para su abogado en los últimos casos, Manuel Hortas, su cliente reúne al menos varios de los condicionantes que podrían evitar el ingreso en prisión de Griñán.

"Por el caso Asesores, Pedro ha devuelto no solamente un dinero que al final no se llevó, sino el dinero de las dos personas que lo cobraron y no lo han devuelto, y ha pagado hasta las costas y los intereses del juicio", explica el letrado. "De cara al erario público, en este caso del Ayuntamiento de Jerez, su actuación ha sido absolutamente resarcida y, sin embargo, se le deniega el indulto".

Hasta su libertad total, lograda el pasado 30 de agosto, Pacheco era uno de los aproximadamente 50 encarcelados por los mismos delitos por los que se condena a Griñán. Según los datos del poder judicial recabados por El Confidencial, el pasado 1 de julio eran 44 personas en prisión por malversación, dos por prevaricación y cuatro por prevaricación de funcionarios públicos. La naturaleza necesariamente opaca de estos datos no permite saber cuántas de estas personas lo estaban por más de un delito, por lo que el número final oscilará entre 44 y 50 personas.

Los condenados son, evidentemente, muchos más, pero en su gran mayoría no llegan a pisar la cárcel. Por ejemplo, en el último año del que hay datos, 2020, se registraron en España 99 condenas por prevaricación de empleados públicos y 73 por malversación. En 2016 y 2019, se batieron los récords con 226 y 224 condenas. De nuevo, no sabemos cuántos de ellos eran personas doblemente condenadas por ambos tipos penales, como ha sido el caso de Griñán. El expresidente socialista es, de hecho, una 'rara avis', en el sentido de que pocas condenas por este tipo de delitos alcanzan los seis años de cárcel, como parece que será su caso.

Sí que sabemos, por la hemeroteca del Consejo General del Poder Judicial, que entre ellos están por ejemplo Pedro Salguero, gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida entre los años 2008 y 2011, al que condenaron a dos años por, básicamente, satarse cualquier tipo de control contable: no presentaba las liquidaciones del IVA, contrataba empleados y servicios irregularmente o usaba la tarjeta de crédito para pagar multas de 300 euros o consumiciones en un pub. El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo también fue condenado a dos años y tres meses de cárcel por subirse arbitrariamente el sueldo, a él y a otros empleados de esta empresa pública de la Junta de Andalucía especializada en inversiones y capital riesgo.

También encontramos a varios alcaldes en esta situación, como Juan Molina, ex regidor de Algallarín (Córdoba), que hacía transferencias desde la cuenta del ayuntamiento a la suya en concepto de nóminas atrasadas o pagaba una actuación musical para un mitin del PSOE a cargo del consistorio. Dos años de cárcel y nueve de inhabilitación especial, de nuevo por prevaricación y malversación.

Hortas se declara, pese a todo, partidario de que exista una figura así en el ordenamiento jurídico. "El ejemplo más habitual es el delito con violencia de un chaval cuando tiene 18 años y es toxicómano o dependiente de drogas, la Justicia tarda 12 o 15 años en resolver y pasado ese tiempo a este señor se le condena a cinco años de prisión cuando ya se ha reinsertado, tiene su familia, tiene su trabajo y ya está plenamente incorporado a la sociedad", explica. "O delitos de poca relevancia, pero con penas muy altas, como los delitos de falsedad, en los que te pueden caer tres años por una simple firma en una nómina".

Hortas se declara, pese a todo, partidario de que exista una figura así en el ordenamiento jurídico

De lo que discrepa es, naturalmente, de los indultos que tienen detrás una motivación política, como los de los líderes independentistas o el propio Griñán, o los de Gallardón indultando al conductor suicida de Alzira o el exministro de Fomento Rafael Arias Salgado indultando a su propio hermano Gabriel en 1998. "Me parece vergonzoso cómo se está utilizando".

Aunque, sin duda, el caso más sangrante que recuerda es el de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Siendo esta política concejala de Festejos, y ante la necesidad del ayuntamiento de adquirir bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas para las fiestas populares, optó por encargárselo a un funcionario del ayuntamiento en lugar de sacar el contrato a concurso público, como habría sido pertinente. "El trabajador del ayuntamiento se dedicaba a hacer adornos para Semana Santa y realiza el encargo por un coste entre un 20 y un 30% inferior al precio de mercado", explica Hortas, que llevó aquel caso. Como agravante, el ayuntamiento remuneró a este funcionario por el trabajo como si en realidad hubiese realizado unas horas extra y lo carga directamente a su nómina. Algo ilegal se mire por donde se mire.

El asunto llegó a juicio y se acabó condenando por falsedad documental y prevaricación, además de a Corrales, al delegado de Fiestas, al interventor, al trabajador que hizo el trabajo y a otros cuatro funcionarios que intervinieron en la operación, en total, ocho implicados. Se les impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel; todos los condenados acudieron a solicitar el indulto parcial para que se les redujera la pena a dos años y no tener que entrar en prisión. "El Gobierno les concede el indulto a todos los funcionarios, les reduce la pena y ninguno de ellos entra en prisión. ¿A todos? No. Para la señora alcaldesa, en la que concurrían las mismas circunstancias de no enriquecimiento y de beneficio para la gestión pública, fue negativo".

Corrales entró en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra en 2019 y pasó allí unos pocos meses hasta que le fue concedida una condena en régimen abierto debido a sus problemas médicos. Tenía que seguir un tratamiento para tratar su enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante, por lo que cada 15 días tenía que salir de prisión y ponerse un gotero. La única diferencia entre ella y el resto de los funcionarios para que unos lograran el indulto y otros no está, según su abogado, "en que era de un partido político distinto al que gobernaba".

Con la misma condena, todos los funcionarios fueron indultados, pero la alcaldesa no

En aquellos años, el PP gobernaba en Rota, primero en coalición y más tarde en solitario. El indulto al grueso de funcionarios fue concedido por el ministro Rafael Catalá en 2017, aduciendo que las cantidades de las que se hablaba eran cuantías "mínimas" que no podían calificarse como corrupción. El indulto a Corrales, sin embargo, tardó más en tramitarse y tuvo que ser gestionado en 2019 por el Gobierno socialista.

Pese a criticar la utilización política de los indultos, el abogado no esconde que es un arma más en el repertorio de un letrado. Si llevas el caso de un condenado que pertenece al mismo partido que el ministro que concede las medidas de gracia, mejor presentar la petición antes de elecciones; si es al revés, mejor esperar y ver si cambia la marea.

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