La Junta pide ayuda a las fotovoltaicas para evitar el rechazo a su "revolución verde"

Las inversiones millonarias en plantas solares fotovoltaicas se han multiplicado por Andalucía y con ellas ha llegado la creación de riqueza y empleo, pero también la polémica por su impacto medioambiental y social. Estas instalaciones ocupan ya cientos de hectáreas en numerosos municipios de la región donde antes se cultivaban cereales y cuyos agricultores han aceptado encantados unos contratos a largo plazo que les garantizan más del doble de ingresos que lo que les proporcionaba la agricultura.

En Carmona (Sevilla), por ejemplo, en una finca cuyo rendimiento medio anual era de unos 800 euros la hectárea (siempre dependiendo de las lluvias o el mercado), ahora ese agricultor recibirá 1.700 euros anuales fijos durante los próximos 25 años por no hacer nada, salvo alquilar las tierras para una planta solar fotovoltaica.

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Estas instalaciones están llenando también las arcas de muchos ayuntamientos con las licencias de instalación —las plantas generan ingresos fiscales del orden de 300.000 euros al año para una planta de 100 MW—, además de recibir generosas contribuciones de algunas empresas que se muestran dispuestas a financiar desde edificios municipales (deportivos o culturales) a programas y servicios sociales para los ciudadanos, recordando situaciones generadas durante el 'boom' del ladrillo en la primera década de siglo.

A pesar de todos estos beneficios, también ha crecido en Andalucía la oposición de muchos vecinos a la instalación de estas plantas, que transforman de manera destacada tanto la fisonomía del paisaje municipal como la estructura productiva (abandonando la agricultura). Además, denuncian que no crean empleo (salvo el tiempo de obras para la instalación del parque solar).

Por su parte, los grupos ecologistas denuncian el daño que toda esa superficie de espejos va a generar en el medio ambiente, especialmente en las aves esteparias, algo que rechazan los inversores, que destacan el uso de estas tierras para el ganado o la apicultura.

La situación es tan diversa que mientras algunos municipios han abrazado con alegría la llegada de estas inversiones millonarias, otros han puesto el grito en el cielo por la afección a sus paisajes. Un buen ejemplo es la provincia de Málaga, donde la Diputación Provincial, liderada por el PP, reclamó el pasado año al Ejecutivo de Juanma Moreno una moratoria en la instalación de plantas solares fotovoltaicas.

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Tanto las principales empresas del sector como la propia Junta de Andalucía son plenamente conscientes de este rechazo creciente en algunos puntos y por ello celebraron esta semana en Sevilla una jornada sobre "Mejores prácticas de sostenibilidad en el desarrollo de plantas solares", organizada por la asociación Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

En ella, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo —que también tiene las competencias en energía en la comunidad— pidió a los asistentes, de unas 120 empresas del sector, que ayuden a la Administración autonómica a contar las bondades de la "revolución verde" que preconiza el presidente autonómico y a evitar que esta expansión millonaria de energías renovables se conviertan en un problema social y político en año electoral.

El representante del Gobierno andaluz destacó que entre los años 2019 y 2021 en Andalucía se han puesto en marcha 2.837 nuevos megavatios renovables, de los que más del 90% (2.569 MW) son fotovoltaicos, lo que representa un incremento de la potencia renovable instalada de más del 46% con respecto al cierre de 2018.

Solo el pasado año, se han instalado un total de 837 megavatios (MW) de nueva potencia eléctrica, que han supuesto 700 millones de euros en inversiones y 2.550 empleos asociados a la construcción de nuevos parques e instalaciones generadoras de electricidad con renovables.

El consejero ha apuntado que al cierre de 2021 la potencia eléctrica renovable instalada en la comunidad andaluza ascendía a 8.941 megavatios (MW), lo que supone un incremento de un 10,3% en comparación con la del año anterior, y que producirá anualmente 18.000 gigavatios hora (GWh) de energía eléctrica limpia, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía.

Tras el pasado año, el 52% de la potencia actual del parque generador andaluz tiene ya origen renovable, superando por primera vez a la potencia convencional instalada, lo que permite evitar la emisión de unos cinco millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera.

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El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha señalado, además, que las nuevas plantas renovables puestas en servicio el año pasado constituyen solo una parte del gran número de proyectos que actualmente se encuentran en tramitación en Andalucía, algo más de 800, y que suman más de 20.200 MW de potencia instalada, de los cuales 18.400 MW se corresponden con tecnología fotovoltaica, según los datos de la Dirección General de Energía, lo que va a permitir, a juicio del consejero, "consolidar a la región como referente en energías limpias".

Por su parte, el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Rafael Benjumea, insiste en que "el sector está haciendo un gran trabajo y aplicándose estándares cada vez más exigentes, y hoy en día los proyectos se plantean desde una lógica de máxima ambición en la integración social y ambiental".

En declaraciones a El Confidencial, Benjumea asegura que "en estos momentos, España tiene una oportunidad histórica de generar energía para Europa y no podemos desaprovecharla en debates menores". El presidente de UNEF reconoce la existencia de una cierta inquietud social en algunos municipios con respecto a la instalación de plantas solares fotovoltaicas, pero culpa de ello a "algunas plataformas con intereses escondidos promovidos por otros sectores, que se aprovechan del desconocimiento que tienen de esta actividad no solo los vecinos sino los propios alcaldes".

En ese sentido, su organización está actuando en una doble dirección. Por un lado, para formar e informar a los representantes públicos sobre las bondades de estas plantas y evitar sus dudas y miedos. Por otro lado, concienciando al propio sector para que sea especialmente escrupuloso y sensible al plantear sus inversiones a los ayuntamientos.

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En esta jornada en Sevilla se presentó una 'Guía de las mejores prácticas para el desarrollo de plantas solares'. En este documento se hace especial hincapié en el concepto de "licencia social" como "el respaldo, apoyo o legitimidad que otorga el conjunto de la opinión pública a un empresario del sector, entendida como la aceptación de sus prácticas comerciales y sus procedimientos operativos, al margen de las autorizaciones legales y normativas".

Además, el manual considera "la selección del emplazamiento en el municipio como elemento determinante en el impacto de un proyecto en sus habitantes". Ese es también uno de los caballos de batalla de los grupos ecologistas. La plataforma de Conservación de Aves Esteparias y sus hábitats en Andalucía organizó los días 16 y 17 de febrero en Córdoba unas jornadas técnicas sobre plantas solares fotovoltaicas y su impacto en el medio ambiente" en las que, entre otras muchas cuestiones, los distintos participantes volvieron a insistir en esa idea.

De hecho, recordaron que Andalucía sigue a la espera de que la Junta haga público el mapa definitivo de zonas de parques solares tras el que presentó a principios del pasado año y retiró inmediatamente para negociarlo ante la presión de los inversores.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha publicado un mapa de sensibilidad ambiental para la energía fotovoltaica a nivel nacional. Este mapa, a través de criterios de exclusión y ponderación, ha establecido cinco clases de sensibilidad ambiental: Máxima (no recomendada), Muy alta, Alta, Moderada, y Baja (preferible). El mapa es una herramienta orientativa, pero en ningún caso exime del trámite de evaluación ambiental que debe analizar los impactos de cada proyecto particular.

Asimismo, hay Comunidades Autónomas que también han creado su propio mapa de zonificación, como es el caso de la Región de Murcia.

Sin embargo, la eclosión de proyectos diferentes en algunos municipios ha sido tal que la propia UNEF ha recomendado en su guía que "si se opta por un emplazamiento en el que existan otros desarrollos fotovoltaicos próximos, es necesaria la colaboración entre promotores para poder evaluar el impacto ambiental acumulativo y adoptar medidas mitigadoras o alternativas conjuntas que maximicen las posibilidades de desarrollo del proyecto".

La intención del sector es conseguir un desarrollo ordenado y socialmente entendible de unas inversiones millonarias que van a transformar en esta década la vida de muchos pueblos de toda Andalucía y del resto de España.