Parques solares en Andalucía: de "tesoro" a "problema" para Juanma Moreno

La Diputación de Málaga aprobó el miércoles por unanimidad de todos los grupos políticos una moción institucional en la que se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que "de forma inmediata establezca una moratoria en los municipios que lo soliciten para poder analizar todas las propuestas de parques solares fotovoltaicos en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones".

La rebelión de la Diputación malagueña, hasta ahora controlada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y su mano derecha, el consejero de Presidencia y exresponsable de esa institución provincial, Elías Bendodo, da una idea clara de la situación que se vive en estos momentos en cientos de ayuntamientos de la región, donde se están anunciando inversiones multimillonarias en parques solares fotovoltaicos, pero con claro impacto medioambiental que está levantando a una parte de los vecinos.

A 31 de diciembre de 2020, en Andalucía existían admitidos a trámite 706 proyectos de energías renovables con una potencia de 21.401,63 MW, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía. La inmensa mayoría de estos proyectos, 650, son parques solares fotovoltaicos, frente a 50 plantas eólicas, 4 de biomasa, 1 hidroeléctrica y 1 de cogeneración.

Los proyectos de parques solares fotovoltaicos alcanzan a las ocho provincias andaluzas, con mayor incidencia en las provincias occidentales, como Sevilla, con 140 proyectos (con una potencia de 5.396,51 MW); Huelva, con 106 parques y 3.637,21 MW; Cádiz, con 92 plantas y 3.363,03 MW, y Córdoba, con 75 proyectos y 1.754,37 MW.

También existen 74 proyectos en la provincia de Almería, con una potencia prevista de 1.557,18 MW; seguida de Granada, con 61 parques y 1.402,80 MW; Málaga, con 57 plantas con 1.777,82 MW, y Jaén, con 41 instalaciones con 843,44 MW. A estas hay que sumar otras 4 plantas interprovinciales con una potencia de 172,70 MW.

A 31 de diciembre de 2020, en Andalucía existían admitidos a trámite 706 proyectos de energías renovables con una potencia de 21.401,63 MW

Todos estos proyectos privados suponen una inversión prevista en un par de años en Andalucía de más de 20.000 millones de euros (cada uno de estos parques tiene una media de 50 MW de potencia y requiere una inversión de unos 30 millones de euros).

La Junta de Andalucía ha encontrado en este sector un "Rey Midas" para convertir el campo en oro y el propio presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, anunció el pasado verano, tras remodelar su gabinete, que asumía las competencias directas en esta materia para liderar esta "revolución verde", en línea con las directrices de la UE para la nueva economía pospandemia (y de los fondos Next Generation) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Sin embargo, la instalación de todos estos parques solares supone una gran transformación económica y social que también tiene un importante impacto medioambiental y paisajístico en la región. Cada megavatio de potencia requiere una extensión aproximada de dos hectáreas, lo que supone que si se construyen los proyectos previstos en estos momentos se cubrirán de "espejos" más de 50.000 hectáreas de Andalucía. Esa es prácticamente la misma extensión que el parque natural de Doñana.

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Para evitar la instalación descontrolada de estos parques, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, que dirige Carmen Crespo, elaboró el pasado año una guía con un mapa que marcaba distintas zonas de la región en función de su capacidad de acoger estas instalaciones energéticas.

El documento fue publicado a principios de este año, pero la presión de las eléctricas y los inversores a Juanma Moreno provocó que la Junta retirara la guía para entablar conversaciones a través de una mesa con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Eso ha indignado a los técnicos de la Consejería que había realizado el estudio y también a los colectivos ecologistas, que consideran que el Gobierno de PP y Cs se pliega a los intereses de las multinacionales.

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El consejero de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Juan Bravo, que también tiene competencias en Energía, insiste en las bondades de todas estas inversiones millonarias que, según llegó a afirmar la pasada semana, "pueden convertir a Andalucía en el Golfo Pérsico de España".

Mientras, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, antigua Medio Ambiente, mantienen un prudente silencio a la espera de que el presidente andaluz decida cómo ordenar todos estos proyectos para que no se les vuelvan en contra. Como ejemplo, la pasada semana, el delegado provincial de esa Consejería en Málaga, José Antonio Víquez, recibió a once alcaldes de la provincia que se muestran en contra de los proyectos existentes en sus municipios. El representante autonómico se limitó a capear el temporal y escuchar la queja de los regidores.

El debate se ha trasladado a muchos municipios, que empiezan a ver cómo se desmantelan campos de cereales para instalar parques solares. Algunos alcaldes, como el de Carmona (Sevilla), Juan Ávila, se encuentra encantado de acoger estas instalaciones, que suponen una lluvia de millones para las arcas municipales en licencias e impuestos.

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Sin embargo, otros alcaldes muestran su preocupación por la presión de los vecinos, que ven cómo se transforma su comarca sin que se haya producido debate alguno en el pueblo. Esto último lo ha plasmado por escrito el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha enviado una carta al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, para trasladarles la preocupación existente en la provincia de Málaga ante el "grave problema" que supone la proliferación de proyectos para la instalación de parques solares de gran tamaño en muchas localidades sin que haya habido diálogo con los ayuntamientos afectados.

El responsable provincial malagueño, también del PP, ha remitido el mismo escrito a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (PSOE) y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero (PSOE), para que "tome cartas en el asunto".

La Diputación malagueña pide a las administraciones central y andaluza una moratoria especial para la tramitación de estos "grandes parques solares", de forma que se diseñe de forma consensuada un mapa que fije los lugares más idóneos para su instalación, "respetando los valores ambientales, turísticos, culturales, agrícolas y paisajísticos del territorio y se tenga en cuenta la opinión de cada ayuntamiento a la hora de aprobar actuaciones que transformarán de manera notable su término municipal".

A juicio de Salado, "ha faltado diálogo y planificación con los ayuntamientos"; es más, considera que se ha producido "una vulneración de los principios del municipalismo y la autonomía local; un atropello". En las cartas enviadas, critica que se haya dejado en manos de las empresas, "en general multinacionales y fondos de inversión, la ordenación territorial de un mapa de parques solares que cambiará la fisonomía y el paisaje de una gran parte de nuestro territorio".

Además, añade, para eludir el trámite estatal, se está dando la circunstancia de que se presentan ante las comunidades autónomas varios proyectos, en parcelas cercanas, que suman más capacidad de generación que los 50 MW establecidos como umbral desde el que se necesita la autorización del Gobierno central.

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La carta de la pasada semana del presidente provincial se ha visto reforzada esta semana con la declaración institucional aprobada por unanimidad. La gota que ha colmado el vaso en este caso han sido las cuatro plantas fotovoltaicas en marcha en la comarca del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. Estas mega plantas ocuparían la superficie de 750 hectáreas, lo que equivale a 1.125 campos de fútbol. "Su tramitación está avanzada y se encuentra en la Junta de Andalucía, de no pararla cambiará nuestro paisaje y forma de vida de forma irreparable", recuerdan los alcaldes malagueños, que denuncian que "las cuatro plantas comparten una impactante infraestructura de evacuación común, que pese a no ser la solución de evacuación más razonable, es la más económica para estas grandes empresas".

Los proyectos afectan a los pueblos de Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coin y Pizarra. Los regidores entienden "que todos los proyectos forman parte de un plan estratégico, por lo que debieran de ser sometidos a evaluación especial estratégica de planes y programas y no a la evaluación simplificada y ordinaria que se encuentra en curso".

De momento, su petición no ha tenido aún respuesta por parte de ninguna de las instituciones interpeladas, Junta y Gobierno central. El mismo día en que se iba a aprobar esta declaración en la Diputación de Málaga, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, acudía a la localidad sevillana de Alcalá de Guadíara para inaugurar el parque solar fotovoltaico instalado por la multinacional Amazon para abastecer a su nuevo gran centro logístico.