El PSOE valora no llamar a los fiscales tras los reproches de García Ortiz y de Bolaños

Los reproches casi al unísono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la decisión de citar a tres fiscales a la comisión del caso Koldo han causado un efecto casi inmediato en el PSOE. Los socialistas van a estudiar ahora si procede o no la citación.

García Ortiz ha enviado una carta de protesta al Congreso después de que hayan pedido la comparecencia del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la comisión parlamentaria que pretende investigar los contratos que se adjudicaron durante la pandemia del covid-19. En la misiva, el fiscal general pide a su presidente, el diputado socialista Alejandro Soler, que lo reconsidere porque podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal.

"La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones", advierten desde la Fiscalía. "Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos".

A su posición se ha sumado esta misma mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que directamente ha rectificado la decisión del PSOE en nombre del Gobierno: "No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales", ha advertido durante un acto celebrado en Valencia.

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La comisión aprobó este martes la lista de los 134 comparecientes con los votos del PSOE y sus socios. Además de Luzón, también figuran otros dos fiscales: la jefa de la Fiscalía Europea, Laura Codruța Kövesi, y el encargado de esta misma Fiscalía que ha asumido el caso Koldo, Ignacio de Lucas.

Luzón dirigió hace más de un año la investigación sobre el contrato público de compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según concluyó en junio de 2022, este caso no presentaba "indicios de la comisión de infracciones penales" y, por tanto, las denuncias del PSOE, Más Madrid y Podemos debían de ser archivadas.

Después de estos dos pronunciamientos de García Ortiz y Bolaños, el grupo socialista se ha manifestado a favor de "estudiar" estas peticiones de comparecencia. Se hará una consulta a los letrados de la Mesa de la comisión para responder formalmente al escrito del fiscal general y para atender su consideración de que citar a Luzón puede interferir en las investigaciones en curso.

El correctivo hecho por el ministro de Justicia y por García Ortiz ha dejado poco margen de maniobra. Desde el grupo parlamentario, aclaran que su propósito era llamarlos a declarar para ofrecer una "visión general" y no para ser interpelados sobre asuntos en curso. Para que explicaran, subrayan, de qué manera hacen frente a la corrupción sin entrar en "casos concretos".

Los nombres de los fiscales no iban en la lista inicial del PSOE, pero, como su mayoría es muy exigua, se han visto obligados a pactar con Sumar

Los nombres de los fiscales no iban en la lista inicial del PSOE, pero, como su mayoría es muy exigua, se han visto obligados a pactar los nombres de los comparecientes con el resto de grupos parlamentarios que sujetan al Ejecutivo de coalición. Su inclusión final se realizó sin que mediaran consultas con el Gobierno, lo que explica la reacción en contra de Bolaños. El ministro tiene el encargo de Pedro Sánchez de restablecer la interlocución con el estamento judicial, una tarea muy complicada tras la concesión de la amnistía.

Elaborar la lista final tampoco ha sido fácil para el PSOE, que ha evitado citar a Alberto Núñez Feijóo y a familiares de dirigentes políticos, después de que el PP tampoco haya llamado en el Senado, en la comisión impulsada con el mismo objeto, al presidente y a su mujer, Begoña Gómez. Con esa premisa inicial, se optó por hacer otras concesiones a sus socios.

A la espera de las comisiones del lawfare

El pasado diciembre, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para renovar el cargo de fiscal general, García Ortiz ya manifestó su rechazo a esta clase de iniciativas. "El ordenamiento jurídico impide la citación de jueces y fiscales en una comisión parlamentaria", advirtió ante los diputados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ese mismo mes una dura declaración en la que cuestionaba la legalidad de las llamadas comisiones parlamentarias del lawfare, pactadas con Junts y ERC en las negociaciones para la investidura y que los independentistas pretenden aprovechar para justificar la existencia de una supuesta guerra sucia contra ellos. El acuerdo del CGPJ salió adelante por unanimidad y también descartó que los magistrados tengan obligación de comparecer.

Ambas declaraciones se centraron en las llamadas comisiones del lawfare que el Gobierno ha pactado con el independentismo, pero, a falta de que arranquen, los socialistas han dado el paso de citar a tres fiscales con el pretexto de arrojar luz sobre los contratos de material sanitario. A la espera de conocer la decisión final, el independentismo podría contar con un importante precedente.