El Gobierno cree que Junts y ERC no volarán la legislatura para exprimir las mesas de diálogo

El cordón umbilical que une a Pedro Sánchez con Junts y ERC se mantendrá, al margen de lo que suceda en las elecciones catalanas. El Gobierno no tiene una bola de cristal ni peca especialmente de optimista. Pero el sentido práctico, productivista, que impera en la Moncloa, se aplica también a los incentivos de los independentistas. Justo por ello creen que ninguna de las dos formaciones dará la espantada y su mayoría parlamentaria sobrevivirá a los posibles pactos poselectorales en Cataluña.

Junts y ERC pueden estar tentados de abandonar a Sánchez a su suerte si el próximo 12 de mayo se quedan fuera de la Generalitat, pero en el Ejecutivo manejan varios argumentos para defender que no sucederá. No es que les importe la gobernabilidad del país, como los dos partidos se esfuerzan en reseñar, es que en estos momentos su acción política se fundamenta en la negociación con el Estado.

Primero fue acabar con la judicialización del conflicto catalán, un capítulo que con la aprobación de la amnistía se puede dar por cerrado. Y ahora necesitan vender que mantienen una interlocución con el Gobierno, destinada a conseguir sus objetivos políticos, entre ellos, fundamentalmente, un hipotético referéndum.

Por ello, para dar sus votos a la investidura de Sánchez impusieron la creación de varias meses de diálogo, con mediadores internacionales. Junts tiene la suya, que se reúne fuera de España, para que pueda acudir Carles Puigdemont. Y el mismo formato secreto y con relator tiene ERC. En el caso de los republicanos esta ya fue su apuesta en la pasada legislatura. Los posconvergentes han plagiado ahora el modelo.

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El independentismo, tras el fracaso de la vía unilateral, se nutre ahora de esa expectativa de un futuro acuerdo, tejido en las mesas de diálogo. Y en el Gobierno piensan que romper con el PSOE es liquidar de golpe ese sueño. Fuentes independentistas contrarrestan esta tesis con la idea de que si el 12-M se estrella ERC o lo hace Junts, la lectura que se hará en el mundo separatista es que les ha pasado factura su respaldo a Sánchez y existirían razones para desvincularse.

Pero en el Ejecutivo se agarran a que sin la construcción de un horizonte de autodeterminación se quedan sin discurso. Y también a que está pendiente la aplicación de la amnistía, para concluir que el Gobierno sobrevivirá a la bola de partido que son las elecciones catalanas.

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Distintas fuentes esgrimen estas motivaciones, a pesar de las advertencias vertidas por Puigdemont en una entrevista en ElNacional.cat, en la que aludía a que se repita lo que sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ganó Xavier Trias (Junts) pero acabó gobernando Jaume Collboni, gracias a los comunes y el PP.

"Si Illa hace un Collboni ya sabe cuáles son las consecuencias", aseguró. "Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos", añadió.

Desde ERC, con una campaña muy centrada en desgastar al candidato de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se lanzan amenazas parecidas. En la política nacional se ha instalado la sensación de que si el PSC necesita el apoyo de una de estas dos formaciones, Junts o ERC, la que quede fuera de la ecuación dejará de apoyar a Sánchez y la legislatura quedaría herida de muerte.

Opinión

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, negaba ayer esta posibilidad, en un desayuno de Europa Press. "Yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así", defendió, con el argumento de que no cree que exista un "escenario alternativo mejor".

Pero, como contó este diario, incluso el PNV ha debatido sobre ese "futuro incierto" en el Euzkadi Buru Batzar (EBB), el órgano supremo de decisión del partido, y se ha manejado la opción de un adelanto de las generales a este otoño. El PSOE huye de este escenario como de la pólvora y repite cada día que puede que hay Gobierno para rato, además con un periodo de paz -sin elecciones de por medio- hasta las andaluzas de 2026.

Además de que para los independentistas se esfumaría su horizonte de negociación con el Estado, en el Ejecutivo se apunta a la ligazón que provoca la aplicación de la amnistía. No sólo su aprobación definitiva, prevista para finales de mayo, sino su ejecución final. La propia ley da a los tribunales dos meses de plazo para aplicarla, pero en el caso del Supremo, de quien depende resolver sobre el perdón de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, no habrá una decisión exprés.

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El Alto Tribunal presentará previsiblemente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, lo que deja en suspenso el procedimiento mientras se resuelve. El dictamen puede tardar dos años. Y después el Supremo acudirá después al Tribunal Constitucional y la resolución podría demorarse otro año.

Aunque el Ejecutivo ya ha hecho todo lo posible con la concesión de la amnistía y los cambios exigidos por Puigdemont, en medio de este largo proceso, Junts y ERC tienen más fácil introducir nuevas modificaciones si gobierna Sánchez a si lo hace la derecha. Y eso también se maneja en el Gobierno. La dependencia, quieren creer los socialistas, es mutua.