Sánchez va más allá del relator con la consulta para sacar la investidura con ERC

En febrero pasado, el Gobierno del PSOE se plantó ante el independentismo con el documento de Pedralbes como límite, una propuesta para tratar el problema de Cataluña en la comisión bilateral ya existente Gobierno-Govern y que incluía un relator a cambio de aprobar los Presupuestos. "Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación, debemos haberlo dicho 100 veces, pero lo volvemos a repetir: nunca", proclamó Carmen Calvo al dar por rotas las negociaciones porque el independentismo insistía en introducirlo. Entonces, la figura del relator levantó críticas internas en el PSOE. Menos de un año después, el PSOE ha pactado con ERC una nueva mesa de gobiernos y una consulta en Cataluña. Aunque ya no hay relator, el acuerdo va en algunos puntos más allá del que rompió el diálogo entonces.

El 8 de febrero de 2019, después de una semana que puso al PSOE al límite con críticas de barones, diputados díscolos y referentes como Felipe González o Alfonso Guerra, Carmen Calvo salió a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar por rota la negociación con el independentismo. "Alcanzamos el acuerdo sobre una declaración sobre conceptos bien importantes y básicos, cómo podíamos ordenar este diálogo en el marco de la ley, para poder dar respuestas políticas y democráticas, en el marco de nuestra Constitución, a la situación de Cataluña. Lo hicimos con responsabilidad, lo hicimos como hay que hacer en un Estado de derecho las cosas: cumpliendo las normas pero utilizando la política para lo que la política sirve, para encontrar soluciones. Diálogo y ley".

Antes de salir en público, Calvo mandó un wasap a la cúpula del Gobierno catalán diciendo que no había más tiempo y que era eso o nada. No hubo respuesta y la operación 'diálogo por Presupuestos' estaba muerta. "El documento que ustedes tienen es el único documento sobre el que este Gobierno se pronuncia, propone y quiere un marco de trabajo; pero no ha sido aceptado por el campo independentista. Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación, debemos haberlo dicho 100 veces, pero lo volvemos a repetir: nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de derecho que somos y de la democracia que somos". "El campo independentista tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estrictos de las posibilidades legales y del intento democrático, político, constante, de este Gobierno".

El documento de Pedralbes reconocía "la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña" que se debía abordar con "un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana". Para ello, optaba por potenciar "los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica", concepto que soslayaba la mención a la Constitución.

El acuerdo que no llegó a fructificar incluía el diálogo dentro de la comisión bilateral ya existente Estado-Generalitat y una mesa de partidos. "La propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas". No había alusión a ninguna consulta en Cataluña.

Once meses y dos elecciones generales después, el documento acordado entre PSOE y ERC para desbloquear la investidura va más allá de lo acordado entonces. En febrero, el Gobierno reconocía que en Cataluña había un conflicto y ahora lo define como "conflicto político" que "solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo". La cita a superar la fase judicial no aparecía entonces.

La negociación ya no será en la comisión bilateral existente sino en una "mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos" que "se coordinará" con la comisión Gobierno-Govern recogida en el Estatut. Para el resultado, establece que "las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político". El pacto para la investidura prevé una consulta y abre la puerta a las modificaciones legales necesarias para realizarla. Ahora ya no alude a la "seguridad jurídica" sino que menciona que esa mesa "actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático".

En febrero, el PSOE estuvo al límite. Barones, referentes y hasta diputados críticos pidieron a Sánchez que frenase la negociación. El entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, tuiteó esos días: "Ni la Constitución española, ni los tratados de la Unión Europea, ni el Derecho Internacional amparan la secesión de Cataluña. Pretender negociar un supuesto derecho a la autodeterminación como contrapartida a la aprobación de los Presupuestos es un absurdo categórico". Hoy está en Bruselas.

"No necesitamos relatores, me preocupa la degradación institucional", afirmó Felipe González. En los pasillos del Congreso, Soraya Rodríguez y José María Barreda criticaron abiertamente en la prensa la figura del relator. Hoy, ella está de eurodiputada de Ciudadanos y él no repitió en las listas. Los barones han apoyado el acuerdo.

Tras el 10-N, el PSOE decidió que no podía ir a unos terceros comicios. La primera repetición electoral la pagó Albert Rivera, pero si hubiera una segunda, el riesgo sería para Sánchez. En las encuestas, los electores, además, piden mayoritariamente un Gobierno y no ir a terceras elecciones. Javier Lambán, probablemente el barón más crítico con el independentismo, explicó en Twitter que no va a entrar a criticar a Sánchez. "Todo lo que tenía que decir sobre los pactos ya lo he dicho. No voy a añadir más ruido al ya existente. Por España, por Aragón y por el PSOE, deseo fervientemente que el inminente Gobierno de Sánchez nos aporte tranquilidad y estabilidad social y política".

Los intentos de Inés Arrimadas, que hizo una ronda de llamadas a los barones que podían ser críticos, sirvieron como pegamento en las filas socialistas. Guillermo Fernández Vara ni cogió el teléfono a la portavoz parlamentaria de Ciudadanos. Tras el relator, la derecha convocó la manifestación de Colón, en la que Rivera se fotografió junto a Vox. Sánchez lo aprovechó, adelantó los comicios y ganó las elecciones de abril con 123 diputados. Repitió en noviembre con 120 escaños y un discurso duro en el que prometió convertir en delito la convocatoria de un referéndum ilegal. En medio, los barones revalidaron sus mandatos con relativa facilidad.