Barones del PP amenazan con un frente judicial si Sánchez no convoca la Conferencia de Presidentes

El PP no pretende quedarse de brazos cruzados después de que el Gobierno y el PSOE hayan activado una ofensiva en los tribunales contra las regiones gobernadas por los populares. Varios presidentes autonómicos amenazan con abrir fuego e impulsar un frente judicial contra Pedro Sánchez como respuesta, valiéndose del poder territorial que atesoran los populares después del éxito de las autonómicas del pasado 28 de mayo.

Es Juanma Moreno quien se ha puesto al frente de esta estrategia con una vieja reivindicación del andaluz, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. El pasado lunes, en un acto en Sevilla, el presidente de la Junta se lo recordó a Sánchez en vivo y en directo, ya que ambos compartieron atril en la inauguración de unas obras del metro en la capital andaluza. Pero ahora quiere dar un paso más allá.

Juanma Moreno había reclamado ya la celebración de esta reunión, que lleva meses de retraso. Pero ahora el PP tiene la norma a su favor, ya que la convocatoria puede activarse si lo solicitan diez presidentes autonómicos y el PP cuenta con 11 desde el pasado 28-M, pero también gracias a las victorias de Moreno, Alfonso Fernández-Mañueco y Alfonso Rueda, que ganaron sus elecciones en 2021, 2022 y 2024. De momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos y ha optado por saltarse la norma de convocar al menos dos Conferencias de Presidentes al año.

El barón andaluz ha elevado la voz y se ha puesto al frente de una ofensiva que respaldan todos los barones del PP y que cuenta con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo. El pasado viernes, durante un acto en Cádiz, el líder andaluz avanzó que tiene intención de tomar medidas "judiciales o administrativas" para forzar la reunión de dirigentes territoriales, que también cuenta con el apoyo del socialista Emiliano García-Page.

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Tras el anuncio, el presidente andaluz envió a la Moncloa un requerimiento formal con la firma de 14 presidentes autonómicos, incluyendo los de Ceuta y Melilla, para que active el foro de forma "inmediata". "Si no lo hace", advierte, "no tendremos otra alternativa que buscar fórmulas de carácter jurídico y administrativo". La nueva ofensiva contra Sánchez, liderada en este caso por el presidente de la Junta, se coordinó en el retiro que Feijóo organizó junto a sus barones a principios de marzo en Córdoba, según fuentes presentes en el cónclave.

En realidad, la batalla empezó hace más de un año, cuando Moreno reclamó en una carta a Sánchez el encuentro. Después le ha remitido una nueva misiva, pero ahora cuenta con el aval del resto de jefes autonómicos del PP. De hecho, otros presidentes autonómicos, como el aragonés Jorge Azcón o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, ya había agitado la opción de acudir a los tribunales si la Moncloa sigue ignorando su petición y bloquea la convocatoria. El PP está dispuesto a exprimir su poder territorial y usar la Conferencia de Presidentes como ariete contra Sánchez en mitad del ciclo electoral.

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No es la primera vez que los barones del PP amenazan con abrir la vía judicial para tratar de cercar a Sánchez. Un ejemplo es la intención de los presidentes populares (y de García-Page) de emprender acciones jurídicas ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía si detectan desigualdad entre regiones, una vez la norma esté publicada en el BOE. La ley que sirvió al PSOE para blindar la investidura de Pedro Sánchez está atascada en el trámite del Senado, por lo que todavía faltan varios pasos para su entrada en vigor. Pero varios territorios del PP ya han activado sendos procedimientos internos para interponer el recurso llegado el momento.

Hace apenas un mes, Alberto Núñez Feijóo reunió en Córdoba a la plana mayor del partido y fue ahí donde el Gobierno andaluz desveló que ya estaba estudiando el posible recurso. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, explicó que había hecho una consulta al gabinete jurídico porque ya existían "condiciones más que suficientes" para explorar la vía judicial, con la vista puesta en el Tribunal Constitucional. Y es ahí donde tienen pensado acudir si en los pactos que el PSOE y el Gobierno cierran con los independentistas catalanes hay un agravio comparativo, sobre todo en asuntos relacionados con la financiación autonómica.

No sería la primera ofensiva puesta en marcha desde las comunidades del PP contra el Gobierno. Y no siempre tienen que ver con las cesiones que miran hacia Cataluña. Tanto Moreno como Isabel Díaz Ayuso fueron la punta de lanza del frente —fallido— contra el Ministerio de Hacienda cuando aprobó el impuesto a las grandes fortunas.

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Las tesis del andaluz y la madrileña partían de dos argumentos, la invasión de competencias por el impuesto al Patrimonio, cedido a las regiones y bonificado en Madrid y Andalucía. Pero también la técnica utilizada por el departamento de María Jesús Montero para aprobar este impuesto, que lo sacó adelante como una enmienda a la ley de creación de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. El Constitucional dio la razón al Gobierno central y en Hacienda celebraron la "victoria política" de imponer su criterio sobre el de Ayuso y Moreno, los barones más beligerantes en los tribunales con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ahonda siempre que tiene ocasión la brecha con Sánchez, y anunció a principios de año un recurso contra el Gobierno por invasión competencial en la licitación de un servicio estatal de captación y formación de familias para la acogida de menores tutelados, que el TC sí admitió a trámite. No es el único ejemplo. También llevó ante el Supremo el Plan Hidrológico del Tajo o la ley de vivienda del Ejecutivo. La Conferencia de Presidentes se atisba ahora como el nuevo gran frente entre Sánchez y el poder territorial del PP.